¡Que se vea la plata!

En el marco de una entrevista con el fiscal general, Francisco Barbosa, aproveché para preguntarle por un tema que me tiene inquieto desde hace varios días. ¿Por qué el Estado es incapaz de monetizar los bienes que le quita a la mafia? ¿Por qué teniendo tantos procesos de extinción de dominio en marcha, la plata de los narcos o de los ‘paras’ no la ven ni sus víctimas ni se pone tampoco al servicio de los más necesitados? ¿Qué se hacen las casas, los lotes, las fincas o los apartamentos que se incautan todos los días en un país en el que hay tanta plata mal habida?

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Barbosa me dio una cifra que es impresionante: en los últimos dos años y medio, la Fiscalía le ha entregado a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) bienes por más de 24 billones de pesos provenientes de estos negocios ilícitos que pasan a esa entidad del Estado para ser istrados y vendidos –algunos de ellos– cuando los jueces concluyen sus procesos y así lo deciden. Lo mismo que se hacía antes con la Dirección Nacional de Estupefacientes, que brilló por sus constantes escándalos de corrupción y terminó con varios de sus funcionarios presos. La cosa no ha cambiado mucho desde entonces hasta hoy. La ineficiencia, cuando no los malos manejos de esos bienes por parte de la SAE, salta a la vista de todos.

Me decía la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que bajo control de la SAE estaba, por ejemplo, la casa en la que intervinieron la Fiscalía y la Policía hace poco y que, supuestamente, funcionaba como un ‘pagadiario’ pero que en realidad escondía crímenes atroces, homicidios y torturas que ejecutaba la temible banda de ‘los Maracuchos’ dentro de ese inmueble en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Otros locales en los que se comercializan celulares robados estuvieron alguna vez bajo el control de la SAE y fueron vendidos sin mayores controles a pillos que terminaron haciendo de las suyas en dichos establecimientos, según relata la alcaldesa López.

En el mejor de los casos, el Estado está supervisando tal cantidad de bienes, cobrando algunos arriendos por su uso o evitando que se echen a perder con el paso del tiempo, pero no le está sacando el jugo que pudiera, por distintas razones.

Por un lado y no obstante los esfuerzos de gobiernos y congresos anteriores, la ley de extinción de dominio sigue generando trabas en la práctica que hacen que estos procesos continúen siendo engorrosos y favorezcan las pretensiones de los pillos de dilatar las decisiones frente a algunos de esos bienes.

La Corte Suprema se queja –¡y con razón!– de la falta de jueces de extinción de dominio, que no dan abasto con tantos expedientes.

Finalmente, está la falta de voluntad política. Pareciera que a los gobiernos les quedara más fácil exprimir a los de siempre, vía reformas tributarias, que ponerse serios y aprovechar las platas que tienen disponibles y no son capaces de destrabar para que puedan ser empleadas en reformas rurales o en inversión social que se pague con cargo a esos bienes.

Para el Fiscal, se necesita crear mecanismos de enajenación temprana que permitan una rápida monetización, idea que comparte el presidente del Congreso y requeriría algunas reformas puntuales que deberían realizarse con suma urgencia.

Varios alcaldes, por otro lado, han propuesto la idea de que algunos de esos bienes sean adjudicados directamente a sus municipios y no paguen el costoso peaje de pasar por la SAE, sino que puedan ser istrados autónomamente por las ciudades y aprovechados para distintos programas sociales. De cualquier forma, necesitamos priorizar como país este tema, de manera que la lucha contra el crimen valga la pena. Nos estamos muriendo de hambre, sentados en una mina de oro. ¡Que se vea la plata!

JOSÉ MANUEL ACEVEDO