La cooperación económica internacional cobija diferentes áreas de manera muy desigual. En el caso de la tributación, su desarrollo es insuficiente. Un elemento positivo es el uso amplio de los dos modelos disponibles para evitar la doble tributación, uno de la ONU y otro de la Ocde. El intercambio de información entre autoridades tributarias ha venido mejorando también de manera sustancial.
Sin embargo, no ha habido un acuerdo internacional de cooperación tributaria y la institucionalidad en este campo es insuficiente. La ONU tiene un comité técnico dependiente del Consejo Económico y Social que funciona muy bien, pero la propuesta de convertirlo en un órgano intergubernamental ha fracasado en dos ocasiones. El mandato para hacer un acuerdo mundial lo ha tenido el Marco Inclusivo de la Ocde, a la que el Grupo de los 20 decidió entregarle el mandato de hacer un acuerdo mundial en este campo.
Las negociaciones en la Ocde en torno a la que se denominó la ‘Iniciativa para combatir la erosión de la bases tributarias y traslado de beneficios’ terminó hace dos años, pero sus resultados fueron frustrantes. El llamado pilar uno del acuerdo redefinió las obligaciones tributarias de las multinacionales, para hacerlas más equitativas para los países donde operan, pero solo se aplica a empresas muy grandes y sobre el 25 % del exceso de beneficios sobre un 10 % de margen de utilidades. Por su parte, la tasa mínima de tributación de las empresas que se aprobó bajo el pilar dos del acuerdo fue de solo el 15 %, muy por debajo del promedio latinoamericano del 24 % o del 25 % que propusimos algunos analistas.
Como lo indican los estudios disponibles, los mayores recursos tributarios serán para los países de altos ingresos, donde están las sedes de las principales multinacionales. Los países en desarrollo recibirán muy poco. Esta fue la razón por la cual los países africanos propusieron a fines de 2022 que la ONU abordara el debate de cómo hacer más incluyente y efectiva la cooperación tributaria internacional, una propuesta que fue aprobada por la Asamblea General.
La imperfección del acuerdo de la Ocde, así como las virtudes de tener sistemas regionales que complementen a los mundiales, es la razón por la cual, bajo el liderazgo de Colombia, Brasil y Chile, se firmó esta semana un acuerdo latinoamericano y caribeño para una “tributación incluyente, sostenible y equitativa” que creó una plataforma regional de cooperación tributaria. Este proceso será apoyado por la Cepal y ha contado con consultas con la sociedad civil, el sector privado y la academia.
Este acuerdo debe servir tres objetivos. El primero es coordinar mejor los puntos de vista regionales en las negociaciones internacionales, superando la fuerte división entre los países en las negociaciones de la Ocde. El segundo es permitir un diálogo activo para encontrar cómo los avances en los sistemas tributarios de un país pueden beneficiar a otros. El tercero es encontrar acuerdos regionales en distintos campos.
Estos acuerdos deben estar orientados a evitar la competencia tributaria, a mejorar las reglas para el pago de impuestos a distintos países de las multinacionales, incluidas las nuestras, y a cómo manejar los complejos problemas que ha generado el mundo digital. Estos últimos se refieren en particular a la provisión de servicios desde el exterior, para lo cual es necesario garantizar que paguen el IVA, si son sujetos a este impuesto, y que los gravámenes a las utilidades sobre esos servicios se paguen en el país donde se realiza la venta correspondiente.
Tengo la esperanza de que esta plataforma sirva para apalancar la colaboración entre los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Una tributación más justa, tanto entre ciudadanos como entre países, es esencial para garantizar los recursos públicos que necesitamos para responder a las inmensas demandas económicas, sociales y ambientales que tienen nuestros países.
JOSÉ ANTONIO OCAMPO