Elecciones territoriales definen la presidencial

Estamos cerca de la celebración de dos debates electorales de naturaleza diferente, tan vinculados por razones políticas que las elecciones territoriales determinarán la suerte y los desarrollos de las presidenciales que darán lugar a dos vueltas.

En las territoriales de octubre elegiremos más de 12.000 concejales, 1.100 alcaldes, 32 gobernadores, menos de 500 diputados y centenares de ediles. En las territoriales de 2019 se inscribieron 117.822 candidatos a esos destinos o cargos. En las de octubre próximo pueden ser 120.000 o más. El número de candidatos a las presidenciales del 26 dependerá básicamente de los resultados que los partidos y aspirantes a la jefatura del Gobierno obtengan en las elecciones territoriales que por múltiples razones políticas se convierten en verdaderas primarias de las presidenciales.

La descentralización que inició el gobierno Betancur y profundizó la Constituyente del 91 tuvo resultados positivos, como lo prueban estudios del Banco Mundial y Planeación Nacional: garantizó inversión nacional en todo el territorio y mejoró la prestación de servicios como la salud y la educación. Se crearon nuevos municipios y departamentos porque se los fortaleció política, fiscal y istrativamente.

Había que corregir las fallas que hubiera tenido el proceso y darle un segundo impulso. Pero la clase política que tiene asiento en el Congreso descubrió que las entidades territoriales son un importante centro de poder burocrático y presupuestal, disponen de cupos indicativos y toman decisiones que pueden servir a partidarios y amigos. Por eso decidió tomárselas y volverlas coto de caza de sus aspiraciones.

Lo anotado explica por qué el Congreso y los partidos no se han ocupado de la descentralización y los últimos gobiernos, para no comprometer las mayorías que los apoyan, también han guardado silencio. Igualmente explica por qué las entidades territoriales cayeron en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, y en la gestión de la mayoría imperan la politiquería, los malos manejos y la corrupción, cuando lo que se requiere son medidas que las recuperen y habiliten para las funciones que deben cumplir.

Creamos nuevos municipios y departamentos desde los puntos de vista político, fiscal y istrativo, pero no cambiamos las reglas de juego para ejercer el poder y controlarlo, principalmente a nivel regional y local, porque las elecciones territoriales se han convertido en primarias de las presidenciales. Lo que se requiere son circunscripciones electorales que por su tamaño y elevados costos de las campañas, a veces financiadas con recursos ilegales, no promuevan la corrupción y otras conductas indebidas.

Así sucede cuando pretendemos elegir senadores en listas de 100 candidatos, cuando deberíamos hacerlo en listas de 10 o 12 aspirantes para cada una de las regiones istrativas y de planeación (Rapes), de las que hacen parte todos los departamentos.

Igual sucede cuando las listas para concejales municipales o distritales tienen 45 o 21 candidatos (Bogotá y ciudades capitales), cuando deberían elegirse por separado para cada una de las comunas o localidades que conforman esas urbes.

Lo mismo pasa cuando la elección de diputados se ordena para listas hasta de 31 candidatos, cuando deberían elegirse separadamente en las provincias que conforman la mayoría de departamentos. Algo parecido puede predicarse a propósito de la elección de representantes a la Cámara.

Son varias las demás decisiones que deberían adoptarse para ponerle pueblo a la descentralización, que hoy no lo tiene, y convertirla en escenario válido de participación ciudadana, pero todo indica que deberemos esperar a que lo hagan los próximos Gobierno y Congreso.

JAIME CASTRO

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