Los congresistas devuelven sus esquemas de seguridad

Siendo consecuentes con sus denuncias y declaraciones públicas, muchos congresistas, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, servidores públicos nacionales y locales, exfuncionarios del Gobierno Nacional y representantes de ONG decidieron pedir que se les elimine o se les reduzcan sus esquemas de seguridad para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) pueda utilizar estos escoltas y vehículos para proteger a los líderes sociales amenazados que hoy los están matando.

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Esto, que parece ficción, podría ser una realidad si estos protegidos de verdad fueran consecuentes con lo que piensan y con lo que dicen, si reconocieran que los riesgos que tienen hoy son mínimos, cuando no inexistentes, que tienen escoltas por el nuevo cargo que tienen o que tenían, pero no porque realmente estén amenazados y en riesgo.

La gran mayoría de los esquemas de seguridad son más “grupos de compañía” que facilitan la vida a los protegidos en términos de movilidad, estatus social, labores de oficina, mensajería y hogar, es decir, labores que no corresponden a las obligaciones de proteger al “personaje”, quien es el que maneja el esquema de seguridad y no al revés, como debería ser.

Es contradictorio que mientras que en el país de los años 80, 90 y comienzos de este siglo los líderes políticos y los ciudadanos en general tenían mayores riesgos en materia de violencia y delincuencia, existían, en ese momento, menos esquemas de seguridad. Fueron las épocas de los magnicidios, los atentados terroristas de los narcos y de las Farc, masacres, secuestros, estaban activos los grupos guerrilleros y paramilitares y la tasa de homicidios superaba los 70 casos por cada 100.000 habitantes. En este momento, cuando hay menos riesgos, hay cerca de 8.000 esquemas de seguridad, muchos protegiendo personajes que no los requieren y que se les asignaron por los cargos que ostentan u ostentaban.

Hoy los riesgos son mínimos y casi inexistentes para la mayoría de personas protegidas por la UNP; ellos lo saben y no son capaces de renunciar a ese ‘privilegio inmerecido’ para entregárselo a los líderes comunales y de DD. HH. que están siendo amenazados y asesinados porque defienden sus comunidades, denuncian y se oponen al accionar criminal del Eln y los demás grupos criminales, que se han dedicado al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el robo de hidrocarburos, la explotación ilegal de los recursos naturales, entre otras rentas ilícitas.

Hay que anotar que, según la Defensoría del Pueblo, en 2020 ocurrieron 182 asesinatos de líderes, un 20 % más que en 2021, cuando hubo 145; en septiembre de 2022, de acuerdo con la misma entidad, se tenían 157 homicidios, es decir, un 8 % más que el año anterior. Entre los tipos de liderazgo, todas las entidades y organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación humanitaria de líderes y defensores coinciden en que los líderes comunales son el grupo en el que se presentan más homicidios, seguido de los líderes indígenas, cívicos y afrodescendientes.

Frente a esta situación, sería muy importante que los protegidos, en un acto solidario, consecuente con los discursos de paz y conscientes con las necesidades de protección de los líderes amenazados, que los están matando, plantearan ellos mismos la eliminación o la reducción de sus esquemas de seguridad. No hay que esperar a que maten más líderes y posar como su defensor, cuando su comportamiento dice lo contrario, que le importa muy poco el problema.

Hay que reconocer que muchos ministros, funcionarios públicos nacionales, congresistas, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, exfuncionarios y muchos ‘ex’ no requieren esquemas de protección, los pueden reducir al máximo o solo requerir el vehículo y el conductor, para que el Estado pueda proteger como corresponde a los líderes que hoy están amenazados de muerte y que los van a seguir asesinando si no se les protege.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ