La mala hora de la Policía

El martes 27 de diciembre, en el aeropuerto de Santa Marta un grupo de personas organizadas en cadena humana resolvió, a la fuerza, impedir el de viajeros a la zona de abordaje. “Si nosotros no viajamos, no viaja nadie” fue la consigna.

Mi hija Clemencia se atrevió a traspasar la barrera y fue objeto de toda suerte de improperios y agresiones físicas; su novio, Julián, corrió peor suerte. Lo tiraron al piso, lo cogieron a patadas y sufrió lesiones de consideración. ¿No había nadie allí para imponer el orden y controlar estos desmanes? Claro que sí. Dos agentes de policía que no solo se negaron a intervenir, sino que, en señal de rendición, levantaron los brazos, seguramente para no ser luego sancionados por atentar contra el derecho sagrado a la protesta, que en nuestro país ya no conoce límite alguno.

Yo me pregunto qué instrucciones del mando están recibiendo los agentes de policía para actuar de esta manera. ¿A qué sanciones se exponen por cumplir con su deber? ¿Cómo hemos podido llegar a la completa indefensión ciudadana?

Un mes antes, en la tarde del 28 de noviembre, a pocos pasos de mi residencia, escuché voces que pedían auxilio. El personal asignado a mi seguridad acudió al llamado. Una señora embarazada estaba siendo agredida por dos sujetos con un cuchillo. Robaron su celular y emprendieron la fuga. Los agentes capturaron a uno de los delincuentes, a quien le encontraron el cuchillo y el teléfono. Empieza a gritar que era colombiano. El otro también es detenido dos cuadras adelante. La víctima los reconoció plenamente, por lo que fueron trasladados a la URI de Usaquén para proceder a la judicialización (noticia criminal 0148), asignado al fiscal 312. Ese mismo día se realiza la audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento ante el juzgado 64 penal municipal.

Terminada la audiencia se declara legal la captura, pero de inmediato la juez niega a la Fiscalía la detención preventiva intramural. Las razones expuestas por la juez son que los capturados no son oriundos de la capital, trabajan como ayudantes en construcción y no son un peligro para la sociedad. Se van, con la obligación de presentarse cuando algún día la fiscalía lo solicite. Este caso, que me correspondió conocer, es muy ilustrativo de lo que está ocurriendo a diario en la ciudad y el país y que también termina explicando la actitud de la policía frente al delito.

En varias notas he reclamado acciones para hacer frente a esta situación: ‘Alerta Bogotá’, ‘Una cuidad atemorizada’, ‘Sitiados por el hampa’, ‘Ciudad Gótica’, siempre reclamando lo mismo. Y es que nada parece dar resultados. Ni las recompensas, ni la incorporación de 3.000 policías en los últimos dos años.

Si el problema de fondo es la impunidad, lo que necesitamos de verdad es que el Congreso legisle y que la Corte Constitucional consulte la realidad de lo que está sucediendo y ajuste su jurisprudencia, en particular sobre la reincidencia.

Pero mientras todo esto ocurre, circula un borrador de proyecto de reforma de la justicia propuesto por el ministro y denominado ‘Menos cárcel’, que contiene, entre otras perlas, la eliminación del criterio de peligrosidad a la hora de definir la detención preventiva, el aumento de los casos en que puede concederse la detención domiciliaria y la eliminación de cualquier criterio sobre la reincidencia a la hora de valorar la conducta y peligrosidad del capturado.

El proyecto contempla, además, prisión domiciliaria para numerosos tipos penales y garantiza que quienes sean detenidos puedan quedar en libertad mientras se adelantan los juicios, desconociendo que si el Inpec no controla a quienes están en los centros de reclusión, mucho menos puede hacerles seguimiento a quienes se favorecen de esas medidas, como lo ha reconocido el propio director.

Recuerdo que el primer anuncio del ministro al asumir el cargo fue que no se construiría en el país ni una sola cárcel. Lo está cumpliendo. Pero este proyecto de descongestión carcelaria, que solo busca liberar a como dé lugar a los delincuentes, sin importar qué tan peligrosos sean, equivale a una nueva modalidad de amnistía y a una invitación para que sigan actuando a sus anchas, con la seguridad de que no recibirán ninguna sanción.

GERMÁN VARGAS LLERAS

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