En tierra derecha

Entramos en la recta final de nuestra disputa territorial con Nicaragua. Acierta el Gobierno en su decisión de cambiar los representantes de Colombia para esta última etapa del proceso.

A primera vista pareciera una apuesta riesgosa, a estas alturas, cambiar a los abogados defensores. A mí no me lo parece, pues creo que el resultado de la dupla Arrieta-Cepeda no podía ser más lamentable para los intereses del país. Así que cualquier gestión, por limitada que sea, con seguridad será mejor que lo realizado hasta ahora, en donde todo ha fallado tanto en lo jurídico como en lo diplomático y en lo político. En este sentido, no sobra recordar que hemos perdido todo: las excepciones preliminares en 2007 y también los dos fallos de 2012 y 2022.

El nuevo equipo estará conformado por Eduardo Valencia, quien fuera secretario de la Corte Internacional de Justicia por 16 años y elegido en dos ocasiones por Naciones Unidas en la Comisión de Derecho Internacional. Lo acompañará Carolina Olarte, doctora de la Universidad de París, con maestría en derecho internacional, y como coagente Elizabeth Taylor, raizal ampliamente reconocida.

Convengamos en que ya no será mucho lo que pueda hacerse para rectificar el cúmulo de equivocaciones cometidas, pues los últimos alegatos escritos ya fueron presentados y todo el material probatorio entregado. Solo resta una muy inusual audiencia oral que tiene mucha pinta de salir peor que todo lo anterior. Entiendo que en ella se debatirán solo dos aspectos. Nos preguntarán sobre la Convención del Mar de 1982 y responderemos que ese tratado lo firmamos, pero nunca lo ratificamos. Y querrán conocer nuestra opinión sobre la plataforma continental extendida y el derecho consuetudinario.

Nicaragua, en contraste, dirá que ellos sí hacen parte de la Convención del Mar y que esta, como lo señalan varios tratadistas internacionales, sí nos es aplicable así no la hayamos ratificado por ser costumbre internacional y fuente de derecho. No estamos en esta materia muy bien parados que digamos, y pensar que Colombia fue la que motivó esta audiencia que tendrá lugar el 5 de diciembre. Esta será la última oportunidad procesal para debatir nuestras pretensiones. El fallo definitivo sobre esta tercera demanda se conocerá en marzo. Y será, me anticipo, muy amargo para el país, y nosotros celebrando hasta la fecha unos triunfos inexistentes.

El fondo de esta demanda versa sobre si le reconoce a Nicaragua una plataforma continental extendida que iría más allá de las 200 millas de su territorio económico que ya les fue concedido. Si el fallo es en contra de Colombia, perderemos 18.000 km de suelo y subsuelo marino.

Pero, como ya es tarde para enderezar el camino en lo jurídico, solo nos queda tratar de cambiar políticamente la opinión que hasta la fecha la Corte se ha formado de nuestra defensa y argumentación. Esta labor empieza por cumplir cabalmente el fallo de 2012 en el que se insta a celebrar un tratado. Y por supuesto, cumplir el fallo de 2022 y no seguir toreando a la Corte con más declaraciones provocadoras como aquella de insistir en que por encima de los fallos de la Corte de La Haya prima el art. 101 de nuestra Constitución. Con seguridad la Corte apreciaría que dejáramos de desinformar y hacer politiquería interna, prohibir que la Armada deje de desconocer la sentencia y que nos abstengamos de violar el territorio nicaragüense so pretexto de labores de interdicción, protección del medio ambiente o respeto de los derechos de pesca.

Y pensar que todo esto se hubiera podido evitar si desde 1994 Samper hubiera renunciado a esa jurisdicción y si Pastrana, que lo hizo, no hubiera olvidado también renunciar al Pacto de Bogotá, que nos remitía a esa misma jurisdicción, o si Uribe, en 8 años, y Santos en su primer año se hubieran anticipado a hacerlo y no después de conocer el fallo de 2012, ya que en los meses siguientes fuimos notificados de la 2.ª y 3.ª demanda o, como lo recordó el Dr. Ramiro Bejarano, le hubiéramos parado bolas en su momento al Dr. Enrique Gaviria en su tesis del archipiélago de Estado como sí lo hicieron Ecuador en Galápagos y España en las islas Baleares.

Y los 9.500 millones de honorarios invertidos en los doctores Arrieta y Cepeda resultaron ciertos, pese a que ambos lo negaron. Mediante derecho de petición pude confirmarlo.

GERMÁN VARGAS LLERAS

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