Es esencial recuperar la inversión

La recuperación de la inversión debe ser un objetivo central de la política pública del país. Su disminución fue uno de los elementos más problemáticos de la coyuntura económica del año pasado. Excluyendo la variación de inventarios, disminuyó casi un 9 % y mucho más en el último trimestre, cerca de un 16 %.

Debe señalarse, sin embargo, que los niveles de inversión en capital fijo no fueron los más bajos de la historia, como parecen sugerirlo algunos analistas. El nivel, del 17,8 % del PIB, es similar al de la pandemia e inferior en más de cuatro puntos porcentuales al promedio de la década que la precedió, pero muy superior a los niveles de la crisis de 1999 y años subsiguientes (hasta 2005), y mejor que los alcanzados durante la desaceleración de 1990-91.

Además, su comportamiento fue diverso. Por el lado positivo, lo más importante fue el aumento de la inversión extranjera directa, que de hecho alcanzó en dólares el nivel más alto de la historia y se duplicó en el caso de la industria manufacturera. Por el lado negativo, lo más problemático fue la caída de la construcción de obras civiles y del número de viviendas construidas.

Por lo tanto, la política de reactivación, que está en mora de ser lanzada por el Gobierno, debe poner en el centro la recuperación de la inversión. El aumento, aunque modesto, del crecimiento económico en 2024, así como la disminución esperada de las tasas de interés, contribuirán a este propósito.

Dado su colapso, un tema central es la recuperación de las obras civiles. Esto exige garantizar el dinamismo de las concesiones al sector privado, que ha sido fundamental para la mejoría de la red vial del país. Por este motivo se deben evitar a toda costa algunos anuncios y decisiones. En este sentido, la congelación de peajes en 2023 fue un error que todavía no se ha revertido totalmente y tuvo, además, un absurdo costo fiscal. El decreto inicial de liquidación del presupuesto de 2024 fue aún más dramático, ya que no incluyó el detalle de varias inversiones, pero esa decisión fue afortunadamente revertida.

A esto se han agregado recientemente los anuncios sobre posibles cambios en las vigencias futuras, que son compromisos legales del Gobierno, así como la inconveniente terminación de la autopista del Caribe. Sobre el primero de estos temas, una norma que sí debe cumplirse es el artículo 317 del Plan de Desarrollo, que establece que los recursos en fiducias y patrimonios autónomos no ejecutados dentro de los dos años siguientes a la fecha de su traslado deben ser reintegrados a la Tesorería Nacional, siempre que ello no genere un incumplimiento contractual del Gobierno.

La recuperación de los programas de vivienda debe ser otra prioridad, incluyendo el lanzamiento de un programa adicional de vivienda de interés social que incluya a las grandes ciudades, un elemento que ha hecho parte de los programas de reactivación del pasado.

Otro elemento esencial debe ser la plena implementación de la política de reindustrialización aprobada por el Conpes, así como el impulso a las inversiones en energías alternativas, que exige del Gobierno hacer las inversiones adecuadas en la red de transmisión eléctrica. Agregaría sectores que aún no hacen parte de la agenda, entre los que se destaca el impulso a la explotación de cobre, un tema en el que país está inmensamente atrasado en relación con otros países andinos.

La disminución de la tasa de tributación a las empresas del 35 %, adoptada en 2021, puede ser deseable, pero dada la compleja situación fiscal del país habría que asegurar los recursos alternativos, un tema sobre el cual no hay propuestas concretas ni fáciles de diseñar.

Finalmente, es esencial dar señales de confianza al sector privado, que es la fuente más importante de la inversión en el país. Eso incluye el pleno respeto a la división de poderes, un elemento institucional de Colombia que es ampliamente apreciado a nivel internacional.

JOSÉ ANTONIO OCAMPO

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