El servicio público

Entre todo lo que requiere un gobierno para funcionar bien, el elemento más crítico son los funcionarios de carrera: las personas de quienes depende el funcionamiento del aparato estatal. Cuando se habla de capacidad del Estado, se habla de ellas. Por supuesto que un ministro o una ministra con una visión clara de los problemas de su ramo y de algunas soluciones potenciales puede hacer una diferencia. Pero su capacidad para implementar cualquier política o programa depende de la calidad de los funcionarios de carrera de su equipo y de las otras entidades del Estado con las que su equipo debe interactuar.

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Más aún, son los funcionarios de carrera quienes tendrían a mano el conocimiento práctico que a veces puede contener o reorientar una mala idea de un ministro de turno o ayudar a viabilizar una buena. Al final los ministros, como todo funcionario de libre nombramiento y remoción, son aves de paso. En teoría tienen a cargo impulsar en su sector de actividad el plan del gobierno del que hacen parte. Unos pocos llegan a gobernar teniendo conocimiento previo de los problemas que deben enfrentar, pero la mayoría llega a aprender de cero y algunos salen rápidamente, sin haber aprendido nada. Luego son exministros y eso los dignifica, aunque hayan pasado por el sector público sin pena ni gloria, o en su paso hayan dañado cosas. Pero ese es otro asunto.

El gabinete ministerial y los equipos que llegan con cada nuevo gobierno también son parte de la capacidad estatal y mientras mejor se conformen, con personas conocedoras de los temas en que van a trabajar y voluntad de servicio, los países estarán mejor. Pero lo que realmente puede hacer la diferencia en el mediano y el largo plazo es la construcción de un aparato estatal apoyado en funcionarios de carrera, que opere casi en piloto automático, sin que su desempeño básico dependa de ningún equipo de turno. No es un reto menor en países como el nuestro.

Hay áreas en que el buen funcionamiento del Estado depende de grandes reformas de los marcos normativos. Pero en muchos casos los marcos normativos no son el mayor problema. Sí lo es, en cambio, la manera en que se materializa el Estado: su presencia insuficiente en algunos lugares, la dificultad para atraer y reclutar las personas más capaces para trabajar en el servicio público, los retos de entrenar bien y mantener actualizados a los funcionarios que cumplen funciones especializadas y de impulsar la innovación en el aparato estatal. No se han hecho hasta ahora las inversiones necesarias para poner a andar bien la función pública. Los gobiernos compensan la carencia de capacidad con plantas paralelas de contratistas, convirtiendo al Estado en un empleador mediocre y un monstruo amorfo y disfuncional.

Por eso es tan doloroso cuando se destruye capacidad en las entidades que han logrado ser resguardos de tecnocracia seria y responsable. Esos funcionarios de carrera que llevan algunas de las instituciones del Estado sobre sus hombros también existen. No se habla tanto de ellos porque suelen ser invisibles. Pero son responsables de lo que funciona.

Hacia adelante, podría comenzarse priorizando estratégicamente algunas áreas de la función estatal para invertir en ellas –revisar las plantas de personal, no para incorporar a los actuales contratistas, sino para que realmente tengan la capacidad de responder a la tarea que se les encomienda; invertir en entrenamiento y equipos; establecer mecanismos claros de evaluación y ascenso–. Yo concentraría el esfuerzo inicial en fortalecer las entidades que son críticas para enfrentar el crimen organizado. Me parece que este es el mal que tiene a la región agarrada por el cuello.