El país que soñó Pablo Escobar

Hace solo unos años los derechos humanos en América Latina tuvieron un enorme logro: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos contra Perú, manifestó que las autoamnistías, es decir, aquellas otorgadas frente a funcionarios del Estado o de grupos paramilitares, estaban totalmente prohibidas, lo cual no solamente incluye la amnistía expresa, sino la velada a través de otros mecanismos como los tratamientos especiales.

23 años después, el Gobierno de Colombia está utilizando el mecanismo de la gestoría de paz para otorgar una autoamnistía velada a 18 de los criminales más peligrosos de nuestra historia, ante el silencio cómplice de quienes antes defendieron la proscripción de ese mecanismo.

El nombramiento como gestores de paz de los alias Macaco, Don Berna, Taladro, HH, Jorge 40, Julián Bolívar, el Águila, Pirata, Juancho Prada, Guillermo Torres, el Alemán, Diego Vecino, Martín Llanos, el Viejo, Botalón, Cuco Vanoy, el Patrón y Salvatore Mancuso, sin ninguna justificación, es otro insulto a las víctimas y a la justicia que quedará en la historia. Todos ellos han estado privados de la libertad por más de 14 años, por lo cual no tienen relación con las actuales estructuras del ‘clan del Golfo’, ni pueden dar apoyo alguno a los procesos de la ‘paz total’.

Esta decisión solo es aplicable a quienes han desconocido los derechos de las víctimas en sus procesos de Justicia y Paz, como Salvatore Mancuso, pues quienes han cumplido sus compromisos ya están en libertad. La propia Corte Suprema de Justicia en una decisión valiente, emitida esta semana, negó la libertad de Salvatore Mancuso diciendo literalmente que esa decisión “no consulta con los derechos de sus víctimas, los cuales, según se vio, sustentan la naturaleza especial de las medidas aseguramiento”.

No se trata de cualquier tipo de delincuentes. A Salvatore Mancuso se le atribuye haber cometido en apenas 6 años: 12.315 muertes violentas, 2.050 desapariciones forzadas, 13.951 desplazamientos forzados y 880 crímenes sexuales. El resto tiene un prontuario similar ejecutado con una crueldad nunca antes vista en el conflicto armado en Colombia.

Buscar darles la libertad a los 18 cabecillas de las autodefensas más crueles no tiene ninguna relación con la ya totalmente fracasada ‘paz total’. Seamos sinceros con el país, además de que los diálogos están empantanados, la ‘paz total’ requiere una reforma constitucional que ya no se alcanzará a debatir en este gobierno, pues necesita de 2 legislaturas para ser aprobada.

La finalidad tampoco puede ser alcanzar la verdad sobre sus crímenes, pues todos han tenido la oportunidad de tener la libertad revelando hechos en Justicia y Paz, y quienes no lo hayan hecho deben ser excluidos de inmediato de ese sistema.

Además, en los procesos de Justicia y Paz ya se han hecho hace años las correspondientes compulsas de copias para que sus revelaciones sobre nexos con políticos, empresarios y ganaderos se investiguen, por lo cual ya no pueden aportar más de lo que han dicho, y le corresponderá a la Fiscalía avanzar en esos procesos.

Ante esta evidente situación solo queda una pregunta: ¿cuál es el verdadero objetivo de dar esta vergonzosa autoamnistía sin ningún condicionamiento a 18 de los principales criminales de la historia de Colombia? Esa pregunta debería responderla el Gobierno, pero ante la falta de explicaciones realistas muchos pueden decir que su objetivo es cumplir con el Pacto de La Picota y empezar con estos ‘líderes’ en la calle a preparar las elecciones del 2026.

Pablo Escobar con el falso discurso de ayudar a los pobres acabó un país, proceso que estamos reviviendo por una corrupción moral que deforma los valores humanos y sociales. Por eso los terroristas son héroes y los empresarios son perseguidos y asfixiados por el Gobierno.

LUIS FELIPE HENAO

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