Al mismo tiempo que comienza su tercer año de gobierno, el presidente Petro ha retomado entre sus principales banderas políticas alcanzar un ‘gran acuerdo nacional’ del que ha hablado desde su campaña presidencial. Pero aunque su nombre suene inicialmente noble, son muchas las preguntas sobre sus objetivos, sus caminos y las garantías para quienes decidan no participar.
De manera similar a como ocurre con tantas otras propuestas del presidente Petro, mucho se habla de construir un ‘gran acuerdo nacional’, pero poco se conoce sobre los objetivos concretos de esa iniciativa que promueve el Gobierno. En un principio, la idea de que sectores contrarios lleguen a puntos comunes suena transformadora y reconciliadora. Sin embargo, para llegar a un acuerdo es de elemental importancia que todas las partes estén dispuestas a ceder en sus pretensiones a cambio de construir de manera colectiva un logro duradero. Y es ahí cuando debemos plantearnos como primera pregunta si el presidente Petro está dispuesto a ceder un solo milímetro en su agenda y en su ideología con tal de llegar a acuerdos con sus críticos.
Porque la experiencia de estos dos años nos ofrece los más diversos ejemplos para, al menos, esperar que no sea mucho en lo que el Presidente está dispuesto a ceder. En muchas de las discusiones más importantes sobre reformas como la de la salud y la pensional, poco fueron tenidos en cuenta los llamados de sectores clave como la oposición, la industria y las asociaciones de s. Debemos preguntarnos, entonces, qué garantiza que el proceso hacia un acuerdo nacional no esté caracterizado por la terquedad y el encierro ideológico que han definido a la istración nacional en momentos tan cruciales. Y, sobre todo, debemos pensar si la persona idónea para construir un acuerdo que represente y respete a todos los sectores del país es el mismo líder que tantas veces ha optado por profundizar los odios y las divisiones.
Aunque el Gobierno insista en una borrosa narrativa de amigos y enemigos del cambio, es válido y democrático que los sectores críticos del Gobierno no quieran llegar a un acuerdo sobre las propuestas del presidente Petro.
También tenemos que hacernos la pregunta del tipo de acuerdo que busca el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Petro. ¿Se estará planteando un escenario en el que todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía alcancen puntos intermedios y reconciliadores, o busca que todos los sectores contrarios se acerquen a refrendar las ideas del Gobierno? Hasta ahora, lo poco en lo que se ha avanzado en ese camino refleja más la intención de que sus críticos terminen por suscribir algunos elementos básicos de sus tesis ideológicas. Cada vez está más claro que con llamados como el del acuerdo nacional y la constituyente —ver su ambiguo uso a conveniencia del concepto del “pueblo”—, el presidente Petro busca que sus miradas políticas sean institucionalizadas y aceptadas como verdades únicas por otros sectores.
Y aquí debe decirse con absoluta claridad que aunque el Gobierno insista en una borrosa narrativa de amigos y enemigos del cambio, es válido y democrático que los sectores críticos del Gobierno no quieran llegar a un acuerdo sobre las propuestas del presidente Petro. Precisamente de eso se trata el derecho a ejercer libremente la oposición. Si la apuesta del Presidente es que se construya el ‘gran acuerdo nacional’ alrededor de propuestas tan cuestionables y controvertidas como su regresiva reforma de la salud, la improvisación en el modelo de desarrollo y energía, o de la figura de la ‘paz total’ que tanto ha premiado a quienes le hicieron conejo al acuerdo de paz de 2016, ahora más que nunca se necesitan voces que se opongan a esa vocación de construir unanimidad por parte del Gobierno.
Es momento de recordar que el espíritu de las democracias es precisamente la coexistencia pacífica en medio de las diferencias y el desacuerdo, y que si hay un objetivo incompatible con los valores democráticos, es el deseo de unanimidad. Pero, sobre todo, debemos tener claro que en Colombia ya existe un muy robusto y completo acuerdo nacional con más de tres décadas de continuo funcionamiento: la Constitución del 91. Curiosamente, la misma que el Presidente busca reescribir.