Descentralizar para cerrar brechas; ¿cuáles brechas?

Treinta y ocho años después de iniciado el proceso de descentralización, Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Las geografías de las inequidades se organizan de manera fractal, es decir, en cada escala se reproduce la estructura de concentración y segregación de las oportunidades y los derechos básicos de ciudadanía. El centro andino, por una parte, las regiones fronterizas, por otra. El pentágono de oro de las principales ciudades y departamentos concentran la "modernidad y el desarrollo". En cada departamento se concentra el valor agregado municipal en las áreas metropolitanas: Bogotá concentra el 90 por ciento de Cundinamarca; Barranquilla y Soledad, el 79 por ciento del Atlántico; Medellín y el valle de Aburrá, el 64 por ciento de Antioquia, y Cali con Yumbo, el 53 por ciento del Valle del Cauca. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena contienen los mayores índices de desigualdad.

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En la actualidad, varias propuestas de reforma van desde un retorno a lo acordado en la Asamblea Constituyente de 1991, pasan por reclamar la autonomía local sobre sus propios asuntos y llegan hasta el federalismo. Nos debatimos entre construir un país más equitativo, integrando sus regiones y poblaciones a la dinámica económica y la construcción de instituciones, o abrir más las brechas territoriales, socavar los cimientos del Estado social de derecho y consolidar el "sálvese quien pueda y tenga los medios para ello".

La Misión de Descentralización propuso como objetivo principal de las reformas el cierre de brechas. Para empezar, las de bienestar social. Es inaceptable que después de 38 años y de billones de pesos anuales perseveren y aún aumenten las brechas en el a los servicios de salud, en la mortalidad materno-infantil y en las dotaciones mínimas de los servicios municipales de salud. En educación persisten enormes brechas en infraestructura, calidad, pruebas Saber y años de escolaridad. En agua potable y saneamiento básico, más de la mitad de los municipios carecen de estos servicios con adecuada disponibilidad, calidad y continuidad. Es imperativa una reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) que incremente los recursos necesarios y modifique los criterios de distribución que impiden el cierre de brechas en cada sector.

En segundo lugar, las brechas en capacidades de las entidades territoriales. La mayoría de municipios tienen escasa cantidad y formación de sus burocracias y magros recursos impiden una mínima presencia en toda el área de su jurisdicción, en particular en las zonas rurales. Muy pocos tienen capacidad de ahorro y todo se les va en gastos de funcionamiento, carecen de margen para invertir, no acuden al crédito y sus desempeños institucionales mejoran de manera muy lenta. La reforma del SGP debe garantizar recursos para financiar el fortalecimiento de las capacidades istrativas y fiscales de los municipios, en particular de los más precarios.

En tercer lugar, el cierre de brechas en oportunidades de desarrollo económico. Los departamentos con mayor PIB y aquellos que dependen de las actividades extractivas concentran las mayores desigualdades en su interior. No es la falta de desarrollo en general lo que explica la persistencia de las inequidades, sino las características mismas de nuestro modelo de desarrollo. Es por eso que la reforma es una gran oportunidad para crear un Fondo de Compensación Económica Territorial, el cual financiaría proyectos productivos que enlacen varios municipios, conecten los circuitos económicos entre el campo y la ciudad, y así apoye una ampliación del mercado nacional mediante la activación de sistemas económicos territoriales.