Comisión de Acusación puede terminar presa

Que no crean los honorables representantes a la Cámara de la Comisión de Acusación que son todopoderosos. Pese a los delirios de vanidad que suelen afectar a los políticos, bien vale la pena recordarles que Todopoderoso no hay sino uno y que todo lo demás son momentos de egos desbordados que al final la vida termina cobrando y poniendo en su sitio. Los congresistas han creído que la figura de la inviolabilidad de los parlamentarios es ilimitada y que, amparados en ella, pueden hacer y deshacer hasta el punto de evadir la responsabilidad constitucional y la exigencia ciudadana de ejercer la justicia sobre el gobernante cuando este haya incurrido en conductas delictivas y antisociales o en indignidad.

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Se equivocan de cabo a rabo en la lectura de la inviolabilidad, se los digo yo, que fui quien presentó la tutela de la inviolabilidad parlamentaria que dio lugar a la sentencia histórica de la Corte Constitucional, con ponencia del recordado magistrado Carlos Gaviria Díaz.

No han entendido los actuales parlamentarios que la inviolabilidad está dada para proteger la libertad política del congresista a la hora de la toma de decisiones sobre la acusación en la Cámara o la destitución en el Senado, de ninguna manera, y esto deben entenderlo, la inviolabilidad está para conculcarle a la sociedad el derecho de un proceso de justicia al gobernante cuando este incurra en conductas delictivas o de indignidad.

Más claro aún: la inviolabilidad está dada para que el congresista vote por la condena o destitución del presidente en total libertad política, pero de ninguna manera para que los congresistas incumplan con su deber en adelantar un proceso cuando debe adelantarse.

Este mes, una decisión del Consejo de Estado marcó un nuevo hito sobre estos aspectos. Al conceder la tutela interpuesta por un grupo ciudadano, estableció que efectivamente la Comisión de Acusación está obligada a respetar el debido proceso en el caso que se adelanta contra el Presidente de la República por violación de topes. A buen entendedor, pocas palabras. De lo dicho por el Consejo de Estado se deriva que los de la Comisión de Acusación ejerciendo como funcionarios judiciales están obligados a seguir unos procedimientos propios de jueces, establecidos por las leyes. Lo mismo que decir que ni el proceso contra Petro ni los procesos judiciales contra ninguno de los funcionarios bajo su competencia pueden manejarlos como les dé la gana. Lo mismo que decir que los de la Comisión de Acusación no pueden aplicar metodologías como la gobernabilidad o alianzas de partidos o cuotas burocráticas. Y mucho menos, lo mismo que decir que no pueden someter su función de jueces a las prácticas de corrupción que imperan en el Congreso de la República.

Todo esto para decir que los de la Comisión de Acusación, cuando ejercen como funcionarios judiciales, que son sus funciones, tienen las mismas responsabilidades que los jueces. Es decir que pueden prevaricar. De lo cual se debe deducir que deben ser responsables por sus actuaciones. Lo mismo que decir que tienen que responder ante la Justicia por las acciones u omisiones cometidas en sus funciones.

Hasta ahora la Comisión de Acusación no ha cumplido con su deber constitucional; por el contrario, se ha dedicado a obstruir, engavetar, mentir y enredar la investigación por violación de topes contra Gustavo Petro. Lo sabe el país, lo saben los medios, lo saben sus propios compañeros del Congreso, lo saben los jueces y magistrados, lo sabe todo el mundo, y cuando eso ocurre, las cosas nunca quedan así. Los únicos que creen que nadie los ve son ellos.

Los de la Comisión de Acusación, muy probablemente, pasarán como unos de los idiotas útiles o de los corruptos útiles más connotados de la historia. Por proteger a Petro en sus conductas cada vez más conocidas por todo el país a cambio de quién sabe qué, podrán terminar ellos en la cárcel pagando la impunidad que le conceden a Petro y que la sociedad exigirá cobrarles.