Carta Abierta a German Vargas Lleras

No tenemos una respuesta concreta para el pasado, pero si la responsabilidad misma de que este país, a partir de las decisiones del presente, construya un futuro más justo y en paz.

Coincidimos en la importancia de la implementación del acuerdo de paz y en la urgencia de generar consensos de país entorno a estos casos, pero sus prevenciones con la Jurisdicción Agraria en su última columna, parten más de los miedos infundados de los mismos sectores que mandaron al traste la posibilidad de que su abuelo hiciera reforma agraria hace más de sesenta años.

Los superpoderes de los jueces y del procedimiento a los que hace referencia, parten de la premisa concreta: la enorme brecha de a la justicia y la enorme brecha de a la tierra en este país van de la mano. El campesino victimizado no cuenta con los medios equiparables para asumir un proceso judicial para reclamar sus derechos. Si no existiera dicha desigualdad, su abuelo no hubiera organizado a los campesinos en la Anuc, sino a los latifundistas.

Allí se ha planteado que mediante la autonomía de la justicia sea el Juez, amparado por el estado social de derecho, quien determine las pruebas, los alcances y las condiciones en el trámite de estos procesos. No son los jueces quienes harán la reforma agraria, eso es tarea del ejecutivo, pero si serán quienes garanticen que los conflictos en el campo se resuelvan a través de la justicia y no a través de la imposición del poder y de la violencia.

Ni el presidente Petro, ni nadie en el gobierno nombra jueces, y por el contrario, las medidas cautelares que establece el proyecto están en armonía con lo consagrado en el Código General del Proceso y no existe mejor capacidad de preservar la seguridad jurídica de la tierra que con una jurisdicción agraria, en donde los procesos asociados a la propiedad, tenencia y uso de la tierra no queden rezagados, ni enredados en los archivos y expedientes de la justicia ordinaria.

El argumento de que el proyecto es una amenaza contra la propiedad privada lo hemos escuchado en estos sesenta años de historia en este país, incluso antes de la Ley 135 de 1961 de su abuelo, y siempre se repite como un mantra por ciertos sectores sociales ante cualquier esfuerzo por transformar la concentración de la tierra a un escenario de redistribución, progreso y producción para este país. Lo usaron los amigos de Álvaro Gómez, dejando al presidente Lleras Restrepo plantado en el Comité Nacional Agrario, y se usa hoy para atacar la jurisdicción.

No es con una serie de prejuicios con los que podemos construir los consensos que requiere el país, es la voluntad manifiesta de las propuestas las que nos permite dialogar constructivamente en las transformaciones que requiere Colombia; siempre partiendo de una de las enormes frustraciones de nuestra historia en la que espero que coincidamos plenamente: la verdadera injusticia agraria, como lo menciona usted, es la altísima concentración de la tierra en un país en el que millones de campesinos sin tierra siguen pasando hambre.

*Director ANT