En este espacio he reportado el inexorable incremento de fatalidades viales año a año a nivel nacional. Es grato indicar que 2024 marca un quiebre positivo. Desde 2017, con excepción de la pandemia, no veíamos una reducción como la que muestran las cifras a julio de 2024. Se observa una reducción de 4,57 % en el número de fallecidos frente a 2023.
Eso es positivo, aunque estemos lejos de indicadores comparables con los países de mejor desempeño en seguridad vial. Registramos 21,5 muertes viales por día, equivalentes a una tasa de 15,2 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras Noruega reporta 2,1 y otros 6 países de la Ocde, menos de 3: Suecia (2,2), Islandia (2,4), Japón, Dinamarca y el Reino Unido (2,6), y Suiza (2,8).
El resultado de 7 meses de 2024 se debe ponderar, pero al mismo tiempo llamar la atención de la dura tarea que tenemos por delante. De eso es bien consciente la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro. En un foro académico la semana pasada en Ibagué (Congreso Colombiano de Transporte y Tránsito), ella indicó: “Si tuviera una sola tarea a la cual dedicar todo mi esfuerzo, sería la seguridad vial”. Es una declaración de liderazgo muy valiente, considerando que no es una tarea exclusiva de la cartera de transporte sino de varias entidades nacionales y territoriales y de empresas e individuos.
El reto sigue siendo muy complejo. El crecimiento de motos ha cambiado de manera sustancial las oportunidades de , trabajo y calidad de más de 7 millones de familias. Pero ha hecho crecer las cifras de siniestralidad vial: 71 % de las personas fallecidas en siete meses de 2024 tienen que ver con motos. Y son principalmente personas jóvenes; hombres de entre 20 y 35 años son las principales víctimas de la violencia vial.
Los retrocesos en Boyacá, Putumayo, Santander, Antioquia, Arauca y Quindío, y en Medellín, Bucaramanga, Cali, Valledupar y Bogotá, son preocupantes, pero reversibles.
Las principales acciones para mitigar la tragedia están en mejor licenciamiento de conductores (examen práctico y licencia con restricciones para novatos), vehículos más seguros (carros con control electrónico de estabilidad ESC, motos con frenos antibloqueo ABS) y campañas y control de comportamientos riesgosos, especialmente exceso de velocidad y uso de elementos de protección (casco certificado bien abrochado).
Hay acciones que pasan por el Congreso que ojalá cuenten con el decidido apoyo del Ejecutivo, como la licencia por puntos o la obligatoriedad de sillas infantiles para menores de 12 años. Otras son del resorte de Mintransporte y sus entidades adscritas, especialmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como de los departamentos, distritos y municipios.
Un programa que podría ayudar mucho en corto plazo es la instalación de cámaras para control de exceso de velocidad. El Gobierno Nacional puede liderar su instalación, no solo esperar a que los gobiernos territoriales presenten propuestas. Vale la pena recordar, de todas formas, que todos los conductores estamos obligados a cumplir límites haya o no haya cámaras, y que estas deben estar correctamente señalizadas y calibradas.
Un saludo de felicitación a las autoridades de departamentos donde se han dado reducciones notables: Cundinamarca, Tolima, Huila y Norte de Santander, entre otros.
También a capitales como Pasto, Montería, Riohacha y Villavicencio.
Y un llamado a reforzar sus acciones, especialmente de control y de infraestructura segura. Solo campañas son insuficientes. Los retrocesos en Boyacá, Putumayo, Santander, Antioquia, Arauca y Quindío, y en Medellín, Bucaramanga, Cali, Valledupar y Bogotá, son preocupantes, pero reversibles con liderazgo de gobernadores y alcaldes y apoyo nacional.