Como mencionaron los profesores Lank y Neubauer “el gobierno corporativo es el proceso por el cual se hace que las empresas sean sensibles a los derechos y deseos de los interesados en ellas”. En ese sentido, se ha venido insistiendo en la importancia de generar relaciones sostenibles con los diferentes grupos de interés.
En una investigación desarrollada por la Superintendencia de Sociedades denominada ‘Empresas colombianas perdurables’, al analizar 561 sociedades con una antigüedad mayor a cincuenta años, se concluyó que entre las estrategias más significativas implementadas por estas organizaciones se encuentra el fortalecimiento de las relaciones con los accionistas mayoritarios, minoritarios, es, empleados, proveedores, acreedores, clientes, supervisores y comunidad. El buen gobierno de las empresas implica un trabajo constante por generar y preservar la confianza con los diversos grupos con los cuales interactúan.
Las personas deben ser el fin último de la actividad económica, dentro de las cuales las empresas tienen un gran protagonismo. Así, aunque es un elemento esencial de las sociedades la posibilidad de obtener y repartir utilidades entre los socios, ese ánimo de lucro debe considerar ese relacionamiento adecuado con todas las personas que resultan fundamentales en el proceso de generación de riqueza.
Adicionalmente, se identifica que hay una retribución del esfuerzo empresarial en sus indicadores financieros al implementar estrategias a favor de los grupos de interés, tal como se pudo demostrar en el Informe de ‘Buenas Prácticas Empresariales del año 2021’, realizado por la Superintendencia de Sociedades, cuyos resultados prevén que “las acciones de responsabilidad social originan rentabilidad adicional en 0.31 % medido por el ROA [rentabilidad sobre activos] y en 0.89 % medido por el ROE [rentabilidad sobre patrimonio]” y que “las empresas que presentan reportes de responsabilidad social son 3 % más rentables en ROA y 6.7 % en ROE frente a las empresas que no difunden este tipo de reportes”.
Aun cuando por medio de la Ley 1901 de 2018 se creó la interesante opción de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), cuyo número ha venido aumentando significativamente ― hasta el 3 de agosto de 2023 estaban registradas 2512―, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad social es tarea de todas las empresas, no solo de las que acojan esta categoría especial. En realidad, ese enfoque a lo social debe ser un compromiso de todas las organizaciones, desde el inicio del negocio y con una proyección a largo plazo.
Para las BIC se han creado incentivos llamativos, tales como líneas de crédito preferenciales con Bancoldex, tarifas especiales para registro de marcas y otros signos distintivos, beneficios tributarios en el tratamiento de las utilidades repartidas a través de acciones a los trabajadores, criterios de desempate en procesos licitatorios para Pymes. No obstante, las que no se acojan a ese modelo, también tienen importantes responsabilidades en esa materia y, por supuesto, mayores probabilidades de ser más rentables y sostenibles.
En ese marco se habla de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), que permiten a las empresas evaluar riesgos y oportunidades en estos aspectos para implementar acciones que les permitan ganar valor reputacional, generar más confianza entre sus clientes y obtener a capital preferencial.
BILLY ESCOBAR
Superintendente de sociedades