Israel ignora la orden de la Corte Internacional de Justicia de detener ofensiva en Rafah y mantiene ofensiva

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Esa es la lapidaria orden emitida este viernes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, cuyas decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. 

Así, se aumenta de manera exponencial la presión internacional sobre Israel para un alto el fuego en la Franja palestina si se cuenta el reciente pedido de detención emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (I) contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa por una eventual responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el anuncio de España, Noruega e Irlanda de que el próximo 28 de mayo reconocerán a Palestina como Estado.

No obstante, Israel está decidido a proseguir con sus ataques en una Franja de Gaza que, en las últimas 24 horas, ha llegado ya a 35.857 muertos tras sumar otras 57 víctimas, pese al fallo de este viernes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le exige detener "inmediatamente" su ofensiva en Rafah, al sur del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, también difundió que ya son al menos 80.293 el número de personas que han resultado heridas por una guerra cuyo fin sigue sin llegar tras 231 días.

Las autoridades palestinas insisten en que las cifras son superiores, puesto que estiman que hay al menos 8.000 personas desaparecidas bajo los escombros.

La agencia palestina Wafa reportó la muerte de al menos cinco civiles por un bombardeo israelí en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave.

El Ejército israelí, por su parte, aseguró en un comunicado haber matado a "decenas" de combatientes en las últimas 24 horas, así como haber destruido puestos de lanzamiento y túneles en Yabalia. 

El tribunal de la ONU, presidido por el magistrado Nawaf Salam, quien leyó la decisión alcanzada por 13 votos a favor y dos en contra del total de 15 jueces, pidió, además, la “liberación inmediata e incondicional” de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino Hamás en el ataque del 7 de octubre en suelo israelí y retenidos en Gaza.

Pero el alto tribunal no tiene los medios físicos para hacer cumplir sus decisiones y, en consecuencia, el Gobierno israelí intensificó su ofensiva sobre el enclave palestino y rechazó el pedido: “Nuestro ejército no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares en la zona de Rafah que generen condiciones de vida que puedan causar la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente”.

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En esa misma nota, las autoridades tildaron de “falsas, repugnantes e indignantes” las acusaciones de Sudáfrica –país que demandó a Israel a finales de enero ante el tribunal de La Haya– de que estén cometiendo un genocidio. Israel insiste en que está haciendo uso de su “derecho a defender su territorio y a los ciudadanos” tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, respetando el derecho internacional humanitario.

Sobre el terreno, el ejército israelí arreció sus ataques en varias zonas de la urbe fronteriza con Egipto, la cual había convertido en el último refugio de los gazatíes que escaparon de las otras partes de la Franja bombardeadas. 

“Aviones de ocupación israelíes lanzaron un violento bombardeo contra varias zonas de la ciudad de Rafah. El bombardeo tuvo como objetivo las calles y viviendas de ciudadanos en el centro del campamento de Shaboura en Rafah, provocando víctimas entre los ciudadanos”, informó la agencia palestina de noticias Wafa. 

Por su parte, Hamás, cuya cúpula también fue objeto del pedido de detención hecho por la Fiscalía de la I, elogió el fallo de la corte, pero estimó que Israel debería cesar su ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafah.

El líder palestino, Mahmud Abás, señaló que esta “importante decisión” del tribunal de La Haya demuestra que Israel “está quedando aislado” de la esfera internacional, a excepción de “los aliados que le brindan apoyo e impunidad”.

Ya en enero, también tras una denuncia de Sudáfrica, este tribunal ordenó a Israel que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para evitar actos de genocidio y permitiera la entrada de ayuda humanitaria, pero sin exigir un alto el fuego como demandaba Pretoria.

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En su fallo, la CIJ también le ordena a Israel garantizar el de misiones de expertos para investigar denuncias de genocidio.

La CIJ expresó que “los valores fundamentales” y los “derechos” de los palestinos que la Convención “busca proteger” son de “tal naturaleza que el perjuicio a ellos es capaz de causar un daño irreparable”, y consideró que hay “urgencia” y “riesgo real e inminente” de que ocurra tal perjuicio, lo que obliga al tribunal a “emitir medidas cautelares”.

Asimismo, ordena “mantener abiertos” los puntos de cruce terrestre, en particular el de Rafah, para “la provisión sin obstáculos y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria urgentemente necesarios” entre la población palestina de Gaza.

Israel tendrá que presentar en el plazo de un mes un informe con las medidas puestas en marcha para cumplir con las órdenes anunciadas este viernes por el tribunal. No obstante, autorizó la reanudación de las negociaciones sobre una nueva tregua –que implicarían la liberación de los rehenes en Gaza–, estancadas desde hace semanas.

La pregunta que muchos se hacen es por qué Sudáfrica se ha apersonado de la causa palestina ante los tribunales internacionales, y la respuesta se remonta a la época del apartheid, ominoso régimen de segregación que sufrió este país de 1948 a 1991.

Allí se recuerda que Nelson Mandela, el gran líder de ese país que sufrió años de prisión por luchar contra ese régimen, solía decir que la lucha del pueblo palestino lo había inspirado en los momentos más difíciles de su misión. Lo que ha hecho que el país tenga ya una larga historia de solidaridad con los palestinos y la lucha por su autodeterminación.

Justamente el embajador sudafricano en los Países Bajos, Vusimuzi Madonsela, donde tiene sede la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo explicaba así ante la corte: “Israel aplica en los territorios palestinos una forma ‘más extrema’ del apartheid de la que sufrió Sudáfrica antes de 1994". 

“Como sudafricanos percibimos, vemos, escuchamos y sentimos en lo más profundo las políticas y prácticas discriminatorias inhumanas del régimen israelí como una forma aún más extrema del apartheid institucionalizado contra las personas negras de mi país”.

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El Gobierno sudafricano ha iniciado su defensa de los palestinos apelando a la Convención contra el Genocidio, que fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente como reacción a las atrocidades cometidas contra el pueblo judío durante el Holocausto.

El pasado 29 de diciembre, el gobierno de Pretoria elevó la causa ante la Corte Internacional de Justicia y los gobiernos de Egipto, Turquía y Colombia se sumaron formalmente a la demanda legal.

El Estado de Israel es signatario de dicha convención contra el genocidio, a diferencia del Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional (I).

El Gobierno de Sudáfrica celebró la decisión y la calificó de pionera. “Es la primera en la que se hace una mención explícita para que Israel detenga su acción militar en cualquier zona de Gaza”, dijo en un video difundido en redes sociales el director general del Departamento (ministerio) sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación (Dirco, por su sigla en inglés), Zane Dangor.

“Aunque el tribunal no puede utilizar legalmente el término alto el fuego (...), esto es llamar de facto a un alto el fuego”, añadió Dangor.

Los expertos consideran que este es un caso sin precedentes porque es la primera vez que el Estado de Israel es juzgado bajo la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas, ya que genocidio es la acusación legal internacional más grave que se puede hacer contra un Estado.

El tratado de la convención otorga a la Corte Internacional de Justicia la autoridad para fallar en casos que pueden ser presentados por partes no directamente afectadas por el presunto genocidio en cuestión. Como es el caso de Sudáfrica y los demás demandantes.

*Con AFP y EFE