El asesinato de periodistas no cesa y es un crimen contra el conjunto de la sociedad

El acoso, la detención, la tortura y el eventual asesinato en 2006 de Anna Politkovskaya, una periodista de investigación rusa que expuso la corrupción del Gobierno, los horrores de la segunda guerra chechena y el régimen cada vez más autocrático del presidente Vladímir Putin, es el tema de la película Words of War, del director James Strong. Este tributo a la valentía de Politkovskaya se dio a conocer en Estados Unidos en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), un día destinado a conmemorar un pilar de la democracia. Pero, para mí, la fecha se ha convertido cada vez más en un día de luto en lugar de celebración, porque lo que le sucedió a Politkovskaya se está convirtiendo en la norma.

Mi organización, el Comité para la Protección de los Periodistas (J, por su sigla en inglés), concluyó que 2024 fue el año más mortífero para la profesión desde que el J comenzó a recopilar datos en 1992: al menos 124 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados, dos tercios de ellos palestinos. Además, 361 periodistas estaban encarcelados, una cifra casi récord que refleja los crecientes esfuerzos por criminalizar el periodismo y a los periodistas no solo en las autocracias, sino en las supuestas democracias, o aquellas que –hasta hace muy poco– gozaban de una prensa relativamente libre.

En Hong Kong, el empresario de medios británicos Jimmy Lai, de 77 años, languidece en prisión por cargos de seguridad nacional. Lai, fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, ha estado recluido en régimen de aislamiento durante los últimos cuatro años y, si es declarado culpable, es casi seguro que morirá tras las rejas. Sus abogados han sido hostigados, intimidados y amenazados con sanciones y tácticas utilizadas contra otros defensores que representan a más periodistas y líderes de medios detenidos injustamente, como el editor y periodista guatemalteco José Rubén Zamora.

Este tipo de intimidación se vuelve desenfrenada cuando los crímenes contra periodistas quedan impunes. Por ejemplo, Israel es responsable de un número récord de asesinatos de periodistas, pero un informe publicado por el J en mayo de 2023 concluyó que, en el transcurso de 22 años, nadie había rendido cuentas. La comunidad internacional tampoco ha respondido a las demandas de rendición de cuentas en la guerra de Israel en Gaza, donde se ha negado el a los medios de comunicación extranjeros.

Esto es importante porque los periodistas de todo el mundo desempeñan un papel esencial en la investigación de las irregularidades oficiales, la información sobre los efectos adversos de la guerra y la devastación ambiental, y la identificación de los riesgos para la salud, el bienestar y la libertad de las personas. Politkovskaya, por su parte, llamó la atención sobre los abusos de los derechos humanos que se estaban cometiendo en Chechenia, incluida la desaparición y tortura de civiles, y las mentiras del Kremlin sobre la guerra.

Ella es solo una de los muchos periodistas cuyo oficio les costó la vida. Daphne Caruana Galizia, que expuso implacablemente la corrupción gubernamental en Malta, fue asesinada con un coche bomba en 2017. Martínez Zogo, que reveló las denuncias de corrupción pública en Camerún, fue brutalmente torturado y asesinado en 2023. Dom Phillips, un periodista independiente británico que informó sobre los efectos devastadores del tráfico ilegal de drogas, la minería y la tala en las comunidades indígenas de Brasil, fue asesinado a tiros durante un viaje periodístico en 2022 por el Amazonas. Y a principios de este año, el cuerpo mutilado de Mukesh Chandrakar fue encontrado flotando en una fosa séptica poco después de que publicara una investigación sobre la corrupción relacionada con un importante proyecto de carretera en el centro de la India.

Todo el mundo debería preocuparse por estas horribles muertes, porque existe una relación directa entre el tipo de corrupción expuesta por Caruana Galizia, Zogo, Phillips y Chandrakar y el gasto público para la ciudadanía. En otras palabras, sin periodistas dispuestos a hacer rendir cuentas a los que están en el poder, permaneceremos ignorantes de las innumerables formas en las que los gobiernos, las empresas y los carteles están abusando del sistema, robándose los recursos públicos y dejándonos en una situación peor. Eso es tan cierto a nivel local, donde se toman decisiones sobre temas como la educación pública, el cuidado de los ancianos y la inversión en infraestructura, como a nivel nacional e internacional.

Cuando los que están en el poder comiencen a restringir la prensa, debemos hacer sonar la alarma. A principios de mayo, el J publicó un informe sobre la libertad de prensa en Estados Unidos durante los primeros 100 días del segundo mandato del presidente Donald Trump. Los hallazgos son preocupantes. La Casa Blanca prohibió a The Associated Press asistir a eventos oficiales por negarse a referirse al golfo de México –el nombre internacionalmente reconocido del cuerpo de agua– como el golfo de América.

Trump ha seguido presentando demandas infundadas contra los medios de comunicación y ha amenazado con emprender acciones legales contra The New York Times por informar sobre el asunto. Washington ha recortado millones de dólares en fondos federales para los medios de comunicación independientes en todo el mundo y ha cerrado efectivamente Voice of America, una organización de noticias independiente, pero financiada por el Gobierno que transmite informes hacia y sobre países donde la libertad de expresión está severamente restringida.

Durante años, muchas personas se han encogido de hombros cuando personas poderosas menosprecian el trabajo de los periodistas, los encarcelan bajo falsos pretextos o los asesinan sin consecuencias. Muchos creyeron en la narrativa de que se trataba de excepciones o, como muchos han asegurado con suficiencia en Occidente, de que esto no podía suceder aquí.

Lo cierto es que los ataques a la prensa son siempre precursores de nuevas restricciones a la sociedad civil. El asesinato de Politkovskaya se produjo mucho antes de la invasión de Ucrania por parte de Putin, los asesinatos de sus oponentes políticos Boris Nemtsov y Alexei Navalny, y la tortura y asesinato de la periodista ucraniana Viktoria Roshchyna.

Debemos dejar de pensar –y actuar– como si la seguridad de los periodistas fuera una preocupación exclusiva de los medios de comunicación. El asesinato de cada periodista es un ataque a nuestra primera línea de defensa contra los regímenes represivos.

(*) Directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización sin fines de lucro que trabaja en todo el mundo para garantizar que los periodistas puedan informar de manera libre y segura.

Entre el 1.º de enero y el 1.º de diciembre del año pasado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) contabilizó 54 periodistas asesinados en todo el mundo. Aunque la mayoría de las víctimas se reportaron en Palestina (16) y países asiáticos (17), tres naciones latinoamericanas aparecen en la lista de la organización.

Se trata de México, Colombia y Honduras, los países de la región donde es más mortífero ejercer el periodismo. En el primero se contabilizaron cinco periodistas asesinados en 2024, en nuestro territorio dos y en Honduras uno.

A los periodistas no solo los matan. También están en riesgos de ser encarcelados (550 casos en 2024, siendo China el país que más usa esa herramienta), secuestrados (55 casos en 2024, siendo Siria el país donde más se presenta esto) o desaparecidos (para 2024, había 95 periodistas desaparecidos, cuatro de ellos reportados ese año. México es el país con más casos).

Además de México, Colombia y Honduras, Guatemala es otro país de la región donde investigar y denunciar entramados de corrupción pone en riesgo la vida de los periodistas. En el país centroamericano se registra un caso que ha tenido mucho ruido a nivel mundial. 

El periodista José Rubén Zamora, fundador del desaparecido elPeriódico, cumplió más de 800 días encarcelado al ser acusado de lavado de dinero. El año pasado le permitieron el arresto domiciliario mientras se desarrollaba su proceso, pero en marzo un juez ordenó su regreso a prisión. Su defensa y organizaciones como RSF señalan que su caso se trata de un montaje judicial con fines de persecución política por destapar varios casos de corrupción del expresidente Alejandro Giammattei. Zamora ha denunciado tortura durante su estancia en la cárcel.

En lo corrido de 2025, RSF también ha reportado con preocupación el deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos con el regreso de Donald Trump. “La confianza en los medios se está derrumbando, los reporteros sufren una hostilidad creciente y muchos medios locales están desapareciendo, dejando tras de sí extensos ‘desiertos informativos’”, se lee en un artículo de la organización.

Además de EE. UU., RSF señala que en Argentina, Perú y El Salvador la labor periodística está bajo presión por cuenta de estigmatizaciones, acoso judicial, campañas de desinformación, ataques a la prensa independiente y desmantelamiento de medios públicos. 

Mientras tanto, Venezuela, Cuba y Nicaragua son los países con el peor puntaje de la región, según la clasificación de RSF. Sus regímenes han eliminado toda garantía para ejercer el periodismo.

Otro elemento que enfatiza RSF es la situación económica de los medios de comunicación en la región. “Las consecuencias son graves. La presión financiera lleva a algunos medios de comunicación a ponerse al servicio de intereses políticos o comerciales, mientras que otros, por falta de recursos, se contentan con difundir comunicados oficiales. En entornos hostiles, la autocensura se convierte en un reflejo de supervivencia. A medida que el periodismo pierde su función de informar sobre temas de interés general, la propaganda y la desinformación llenan el vacío, poniendo en peligro la estabilidad democrática”, se lee en la clasificación de las Américas de la organización.