Recomendaciones del Atlantic Council para cooperación antinarcóticos EE. UU.-Colombia

Estados Unidos y Colombia deben alinear sus estrategias antidroga para poder asumir los desafíos actuales y sacar provecho, en lo posible, de un cambiante panorama mundial en la lucha contra los estupefacientes. A grandes rasgos, esa es una de las principales conclusiones de un nuevo reporte que publica este jueves el centro de pensamiento Atlantic Council y que fue escrito por ex funcionarios de ambos países y otras personalidades con amplia experiencia en la relación bilateral.

El reporte, obtenido por EL TIEMPO, será presentado a las 10 de la mañana durante un evento en el que participan, entre otros, los ex embajadores Kevin Whitaker, Michael McKinley, Carolina Barco y el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

El documento incluye una serie de recomendaciones para darle un nuevo enfoque a una alianza que lleva ya más de tres décadas y cuya importancia, dicen, es vital para los intereses de ambos países.

El análisis del Atlantic Council parte de dos realidades. Por un lado, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia con un nuevo enfoque para combatir el problema de los cultivos ilícitos y que finalmente materializó a través de una estrategia presentada el pasado 7 de septiembre en la que hace énfasis en el desarrollo rural y la interdicción.

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Por otro, el aparente cambio de prioridades en Washington donde el fentanilo se ha convertido en la principal preocupación.

Dos circunstancias a las que suma la explosión de los cultivos ilícitos en el país que causa alarma entre las autoridades estadounidenses, debido al deterioro de la seguridad que se ha traducido en el fortalecimiento de organizaciones criminales y un enrarecido clima político en Washington donde un sector del partido republicano desconfía de Petro y de sus objetivos en la materia.

A pesar de los desafíos, los expertos creen que existen áreas donde ambos países pueden trabajar al igual que oportunidades, quizá únicas, que emanan del actual mercado de la cocaína.

Según el Council, la tendencia actual de caída de los precios de la hoja de coca y la cocaína en Colombia presenta un incentivo natural para que los cultivadores busquen alternativas diferentes a los cultivos ilícitos.

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Eso, sostienen, podría elevar la tasa de éxito de los programas de sustitución de cultivos, pero siempre y cuando vaya acompañado con una estrategia integral de seguridad para las zonas afectadas.

El reporte afirma que el plan de Petro para llevar desarrollo y seguridad a las regiones costaría por lo menos 21.000 millones de dólares a lo largo de una década. Lo cual implicaría un enorme esfuerzo fiscal para el país al igual que la participación de la comunidad internacional. Por eso, sugiere crear un fondo de donantes encabezado por el Banco Mundial para que recoja y canalice los recursos.

“Estados Unidos y Colombia tienen una trayectoria de 30 años de colaboración en este tema. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer… Esta cooperación requerirá de un delicado equilibrio entre la reducción del cultivo de coca a gran escala y la construcción de las capacidades de los servicios de seguridad para desbaratar las redes delictivas organizadas, así como para invertir en zonas rurales y comunidades más afectadas por el fenómeno”, dice el reporte.

El informe también indica que, pese a que el fentanilo es su principal prioridad, EE. UU. no debe olvidar que los carteles de la droga están interconectados ni el deterioro en seguridad regional que puede causar un comercio de coca sin freno en Suramérica y que ya está buscando otros mercados en Asia y África.

Estas son algunas de las recomendaciones incluidas en el reporte.

“La nueva estrategia antidrogas de Colombia conlleva un costo estimado de más 21.000 millones de dólares durante la próxima década. Para asegurar el apoyo internacional e incentivar a los donantes para que contribuyan al éxito a largo plazo de los cultivos sustitución y programas de desarrollo alternativo, proponemos el establecimiento de un fondo fiduciario dirigido por una institución financiera internacional reconocida”, señala el texto.

Dado que el Banco Mundial tiene un historial demostrado de movilizar recursos de manera eficiente a través de fondos fiduciarios, puede ser lo más adecuado para aprovechar su amplio poder de convocatoria tanto en el escenario internacional como dentro de cada país.

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Bajo la ley colombiana cualquier persona arrestada en altamar tiene que ser presentada ante las autoridades judiciales en un plazo de 48 horas.

En la práctica, esto quiere decir que las patrullas marítimas deben dejar su zona de operación para devolver a los detenidos causando una suspensión temporal de la vigilancia. EE. UU. puede apoyar a Colombia ofreciendo equipos y capacitación para incorporar tecnología que permita procesar por video a los arrestados sin necesidad de retornar al puerto.

Estados Unidos y Colombia deben acordar criterios precisos para definir qué se considera una plantación industrial de coca y que por lo tanto podrá ser erradicada manualmente. Así mismo, al sustituir los cultivos ilícitos por productos agrícolas a escala industrial se debe considerar antes el tipo de cultivo industrial más adecuados para la zona, la presencia de un mercado externo para ese producto y el cumplimiento de normas sanitarias y fitosanitarias (MSF) en el exterior para que estos pueden tener un garantizado a otros mercados.

Priorizar intercambio de inteligencia en tiempo real sobre el tráfico de drogas que incluya rutas y lavado de dinero al igual que promover tecnologías avanzadas para vigilancia, interdicción y análisis de datos.

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El Atlantic le sugiere a EE. UU. acompañar al gobierno colombiano en el proceso de una eventual reestructuración de la deuda para asignar los fondos ahorrados a iniciativas centradas en la preservación de los bosques, el uso sostenible de la tierra, y desarrollo comunitario.

“Para lograrlo, ambos países pueden comenzar por colaborar en un marco detallado que describa objetivos de conservación específicos y objetivos de reforestación para luego decidir sobre la asignación de los fondos de deuda ahorrados hacia una combinación de proyectos, particularmente en zonas con cultivos de coca. Estados Unidos podría convertirse en un actor clave a la hora de monitorear y verificar que los fondos comprometidos se estén utilizando de manera efectiva”, dice el reporte.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68