Presidente Petro declara situación de desastre nacional: Chocó, doblemente afectado por paro armado e inundaciones

En medio de la temporada de lluvias que hasta el momento ha dejado a más de 46.000 familias damnificadas en todo el país, el presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre nacional. Chocó, la Alta Guajira y Bogotá serán los destinatarios de este decreto, que le permitirá al Gobierno trasladar recursos de otras carteras para atender las emergencias en los territorios. 

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“Por lo que acontece en estos días, se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos impredecibles e inusuales, que aumentan la vulnerabilidad en los territorios”, dijo el mandatario.

Según el jefe de Estado, el invierno se extenderá durante todo el mes de diciembre y aparecerán nuevos puntos críticos, como Santander.

Bogotá fue incluida en la declaratoria por la escasez de agua, que tiene a los hogares capitalinos con un racionamiento de 24 horas cada nueve días. En la Alta Guajira, las inundaciones han dejado un saldo de más de 10.000 familias afectadas –cifra de la UNGRD–, pero el punto más crítico es Chocó.

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El lugar donde más llueve en el mundo sufre una nueva emergencia climática que ya deja a más de 30.000 familias damnificadas, en 22 municipios del departamento, a causa de la creciente de los ríos San Juan y Nuquí. En simultáneo, el Eln adelanta el tercer paro armado del año en esta región, el cual tiene a cerca de 45.000 personas confinadas.

No es un evento nuevo. En cada temporada invernal, la región del litoral Pacífico sufre afectaciones por predisposiciones geográficas históricamente desatendidas. “El Estado colombiano ha sido sistemáticamente, a lo largo de siglos, incapaz de desarrollar las capacidades para que los colombianos que viven ahí vivan con dignidad”, dijo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.

La entidad declaró que el 80 % del departamento se encuentra en alerta máxima por el riesgo de las inundaciones. Algunos de los pueblos afectados son El Litoral del San Juan, Medio y Bajo Baudó, Istmina, Medio San Juan y Lloró.

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Según la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, es la emergencia de mayores proporciones que han tenido que enfrentar. “La afectación ha llegado a 22 de nuestros 31 municipios. Ha impactado todas nuestras cuencas fluviales y nuestro litoral, ha dejado sin nada a miles de familias, ha arrasado con los cultivos que garantizan la seguridad alimentaria”, dijo la mandataria.

Por esta crítica situación pidió la implementación “urgente” de medidas de articulación para asistir a las personas afectadas. “La única manera de enfrentar la dimensión de esta emergencia es con la acción conjunta del sistema y la declaratoria efectiva del desastre nacional”, agregó. Precisamente, esta fue la respuesta que recibió del Gobierno.

Carrillo aseguró que el martes llegarán al departamento más de 10.000 cajas de ayuda humanitaria, pero, en sintonía con el llamado de la gobernadora, solicitó a Hacienda acelerar la adición presupuestal que estima sea de más de 700.000 millones de pesos, que permitan cubrir la emergencia en la magnitud de sus proporciones, en lo que resta del año.

Otras regiones que no fueron incluidas en el decreto también afrontan tragedias climáticas. El Ideam declaró en alerta roja a 15 departamentos, entre estos Santander. De hecho, el pasado domingo, en San Vicente de Chucurí, se presentó una creciente en la quebrada Las Cruces que se cobró la vida de una mujer.

Ante este panorama, el Gobierno se está moviendo por otros frentes, entre estos el de la cooperación internacional.

“En respuesta a la emergencia causada por las intensas lluvias que afectan a Colombia y específicamente al departamento del Chocó, hemos convocado al Equipo Humanitario País (EHP). Coordinamos esfuerzos internacionales en alianza con autoridades locales para una respuesta efectiva y solidaria”, manifestó el canciller Luis Gilberto Murillo.

En medio de la inclemencia climática, el Eln adelanta desde el pasado 9 de noviembre un paro armado en el Chocó. El tercero del año en este departamento.

Con esta acción criminal se adueñan del control fluvial sobre los ríos San Juan, Sipí y Cajón, que rodean cinco poblaciones, e imponen su dominio terrestre, una amenaza que tiene a más de 45.000 personas confinadas.

Este anuncio se da cuando el comando central de esta guerrilla, en cabeza de su jefe de negociación, Antonio García, busca volver a instalar la mesa de diálogo con el Gobierno, en Venezuela, para encontrar soluciones pacíficas al conflicto.

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Los reportes preliminares alertan de que por temor a represalias de los guerrilleros, los comerciantes han cerrado establecimientos y ya se empieza a sentir la escasez de medicamentos y alimentos, situación agravada además por la condición climática. De hecho, los organismos de socorro y ayuda humanitaria temen que puedan ser blanco de los subversivos.

Córdoba también se pronunció frente a esta situación y denunció que las comunidades –muchas de ellas indígenas y afro– son utilizadas como escudos humanos en medio de la guerra territorial entre la guerrilla y los hombres del ‘clan del Golfo’.

Debido a que este paro armado recrudece la crisis climática que está atravesando el departamento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le exigió al Eln revocarlo, pues, según las alertas tempranas, perjudica a unas 85 comunidades afrodescendientes y puede torpedear la entrega de ayudas humanitarias.

“Es el tercer confinamiento forzoso del año que afecta a 45.000 personas; 7.500 de ellas están afectadas por inundaciones en sus comunidades. Los organismos de socorro requieren movilizarse en la zona para verificar los daños y el paro armado impide que las comunidades reciban este apoyo”, indicó Marín, quien además dijo que la Defensoría reforzará el acompañamiento en este territorio. Y cuestionó: “¿Cuál es la coherencia entre estos actos y la búsqueda de la paz y el carácter político que pregona el Eln?”.

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Precisamente, por esta incongruencia, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, consideró como absurda la amenaza criminal del Eln. “Eso de condenar a la gente y más en una situación de tragedia como la que están pasando es inisible”.

Además, dijo que no sabe qué es lo que pide el Eln con ese paro, e insistió en que le parece “bastante absurdo que en medio de unas conversaciones donde se está restableciendo la mesa y en una situación de tragedia, ellos planteen esta acción armada”.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia