'Yo no sabía que trabajar era un delito': vendedora ambulante

El episodio registrado en Bogotá en el que Stiven Claros denunció que un policía le impuso un comparendo de más de 883.000 pesos por comprar una empanada en la calle se convirtió en una de las noticias más comentadas de la semana.

El caso motivó innumerables críticas en las redes sociales, donde muchos ciudadanos expresaron su rechazo al hecho de que una persona pudiera recibir semejante sanción –superior a un salario mínimo– por un hecho tan simple y cotidiano como comer en la calle.

Sin embargo, fuentes de la Policía explicaron a EL TIEMPO que el comparendo impuesto a Claros se dio en el marco de una diligencia judicial de recuperación del espacio público en la calle 93 con carrera 49 C, barrio La Castellana, donde los vecinos, mediante tutela, exigieron la recuperación de un área ocupada por vendedores ambulantes.

La Policía señaló que esa mañana Claros y tres personas más llegaron al lugar y se les advirtió que no podían adquirir ningún producto. “Ellos hicieron caso omiso a la solicitud y en una actitud desafiante hicieron la compra, por lo que se impuso el comparendo”, dijo una fuente de la Institución. La sanción se impuso por “promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público”, artículo 140 del Código de Policía.

Y la multa pudo ser mayor, pues los uniformados también habrían podido sancionar al joven de 22 años por “incumplir, desacatar, desconocer o impedir” una orden de la autoridad, artículo 35 del mismo Código.

El asunto será revisado por el inspector de policía de Barrios Unidos, quien deberá citar a los implicados –Stiven Claros, María Fernanda López, Fredy Gonzalo Becerra, José Luis Méndez y Herlin Rubí Solís, la dueña del puesto de comidas– para que hagan descargos verbales.

Solís, de 54 años de edad y nacida en Buenos Aires (Cauca), le dijo a EL TIEMPO que llegó a Bogotá hace 31 años buscando una opción de vida. “Trabajé muchos años en casas y ahorré. Con ese dinerito me compré unas neveras y monté mi propio negocio de empanadas”, contó. 

Aseguró que hace 10 años trabaja por el sector de La Castellana y que inicialmente llevaba sus productos oficina por oficina, “pero desde hace un año largo me he venido enfermando de las piernas y por eso me ubiqué en esa esquina, donde vendo mis empanadas, dulces y tinto”. 

La mujer dijo que sabía del malestar de algunas personas en el sector por su venta ambulante, pero, agregó: “Nunca me imaginé que me fueran a sacar con la Policía. Yo no sabía que trabajar era un delito”.

Sobre el comentado incidente dijo que las personas que compraron sus empanadas “lo hicieron porque me conocen hace mucho tiempo y fueron solidarios”. Aunque, añadió, “también comprendo a los policías, pues estaban cumpliendo con su deber”.

Finalmente, comentó que en la Alcaldía la van a asesorar para sacar los permisos que necesita para vender sus empanadas, que son su único sustento

El episodio ha dado paso a toda clase de reflexiones. Desde si el Código de Policía puede llevarse al punto de multar a alguien por comprar una empanada, hasta el viejo y profundo debate que hay entre la defensa del espacio público y el derecho al trabajo, que suele surgir en estos casos.

Maximiliano Aramburo, profesor de derecho civil de la universidad Eafit, dijo que, en general “ningún particular, por el solo hecho de estar transitando o comprando cosas en espacio público, está abusando del mismo”. Aunque agregó que es normal que esta sanción, al no ser muy común, sea vista como arbitraria. “Lo cual no implica –agregó– que las personas puedan tomar esto como pretexto para hacer lo que quieran” y desconocer la autoridad y las normas existentes para prevenir los abusos del espacio público.

Mario Juvinao, profesor de Gestión Urbana de la Universidad Externado manifestó a EL TIEMPO que la Policía actuó de acuerdo a la “norma desarrollada en el código, que explícitamente advierte de las sanciones” para este tipo de casos, en el cual la falta no fue comprar una empanada sino promover la ocupación del espacio público.

Sin embargo, Paulo Ospitia, abogado penalista, opinó que “hay métodos menos lesivos con los que se puede concientizar a la sociedad de que se debe respetar el espacio público”. Y agregó que el Estado también debe proteger el derecho al trabajo y brindar a los vendedores ambulantes un espacio adecuado para ejercer sus actividades.

En todo caso, queda claro que el Código de Policía, creado para mejorar la convivencia, requiere que se haga una mayor pedagogía sobre el mismo entre la ciudadanía y entre quienes lo aplican.

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