Aprueban Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025

Con una votación unánime, el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) aprobó este lunes el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, una guía de lo que será la respuesta del Estado para la prevención y reacción del delito y sus consecuencias para ese periodo.

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Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia, los 17 del CSPC aprobaron el nuevo documento, con unos ajustes propuestos por los integrantes del Consejo. 

El último borrador conocido por este medio del Plan Nacional de Política Criminal contemplaba cinco grandes componentes: prevención de la criminalidad, definición legislativa de los delitos y las penas, procesos de investigación y judicialización criminal, proceso de ejecución y cumplimiento de la sanción penal y resocialización.

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Pero el plan que fue aprobado, luego de un proceso de dos años, incluye siete líneas con acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros.

Según el Ministerio de Justicia, "todos los lineamientos, acciones, productos y actividades contenidos en el Plan atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales".

En ese sentido, el plan también cuenta con "un enfoque territorial, diferencial, restaurativo, focalizado en contra del crimen organizado para la transición a la paz, y restaurativo, que además propenda por el fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de la confianza en las instituciones públicas".

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Las siete prioridades del plan serán: la prevención del delito y reducción del homicidio; la prevención de violencias basadas en género; la disrupción del crimen organizado; la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales; la humanización del sistema carcelario; la modernización de la acción estatal para combatir el crimen; y la lucha contra la captura del Estado y la corrupción.

En el primer asunto, la prevención del delito y la reducción del homicidio, el plan busca desarrollar una estrategia nacional de prevención, fortalecer los Grupos Especiales de Investigación Itinerantes para el conocimiento de casos de masacres y crímenes de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de desmovilizados. Igualmente, incluye destacar jueces especializados para esos crímenes.

En el segundo ítem, sobre la prevención de la violencia de género, la idea es fortalecer la articulación institucional, priorizar la persecución del delito de violencia intrafamiliar y asociados y violencia basada en género, y diseñar estrategias de enfoque litigioso e investigativo para visibilizar el feminicidio.

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Para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, el plan propone el “fortalecimiento de sistemas de información para disrupción de la acción criminal” de esas organizaciones en los territorios. Además, se propone generar nuevos modelos de presencia institucional para la investigación en las regiones e impulsar “ajustes normativos y procesales para el procesamiento de delitos cometidos por organizaciones criminales en estrategia de macro-casos en la justicia ordinaria”.

En cuanto a la crisis carcelaria, el Plan contempla promover el uso prioritario y razonable de las penas y medidas alternativas a la privación de la libertad; garantizar condiciones dignas para el cumplimiento de la pena, y generar acciones de resocialización que mitiguen la reincidencia criminal.

Sobre la prevención del delito de jóvenes y adolescentes, el documento habla de crear lineamientos y estrategias intersectoriales para prevenir la vinculación de adolescentes y jóvenes a fenómenos delincuenciales con enfoque territorial. Además, “estrategias para prevenir la reiteración criminal (y) para combatir el reclutamiento ilícito”.

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Igualmente, el documento habla de la “modernización de la acción estatal para combatir el crimen”. Según el Consejo de Política Criminal la idea es implementar una estrategia territorial para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y judicialización; así como una más para la renovación tecnológica y analizar “posibles actualización legislativas que brinden mejores herramientas para la investigación y judicialización de delitos de alto impacto”.

Y sobre la lucha contra la captura del Estado y la corrupción, el documento habla de generar campañas de sensibilización, capacitaciones y herramientas para “promover la cultura de la legalidad”. Igualmente, se propone “impactar las rentas provenientes de la corrupción” y consolidar redes de cooperación internacional.

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