Las desapariciones forzadas en el estallido social: otra polémica del informe de la ONU

A la polémica cifra de 20,000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, presentada por la ONU y desmentida por las autoridades colombianas, se suman otras puntas igualmente controvertidas que entran en conflicto con los resultados de las investigaciones locales. Una de estas está relacionada con las desapariciones en el marco del estallido social, situación que la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y otras entidades desecharon porque nunca se pudo comprobar.

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"Hemos recibido información y documentación de organizaciones de la sociedad civil sobre las desapariciones ocurridas en el contexto del estallido social del año 2021", aseguró Juan Pablo Albán, miembro de la delegación.

En el marco de las protestas, en abril de 2021, se anotaron 627 reportes de personas no localizadas. Para esclarecer los hechos, el 4 de mayo de ese año se conformó una mesa interinstitucional conformada por la Fiscalía, la Defensoría, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Policía Nacional para activar los mecanismos de búsqueda urgente.

Meses después, las autoridades anunciaron que "las labores investigativas realizadas con debida diligencia y de acuerdo con los estándares internacionales permitieron identificar 132 casos duplicados y ubicar a 300 ciudadanos, quienes fueron ados y entrevistados, y aseguraron que no estuvieron en situación de riesgo o peligro inminente". 

Hasta la fecha no existen Mecanismos de Búsqueda Urgente activos por posibles desapariciones durante las mencionadas manifestaciones.

Incluso, se descartaron señalamientos como el del de los cementerios del Sur y Serafín, Sergio Vanegas, quien declaró que los hornos crematorios habrían sido utilizados para desaparecer a centenares de manifestantes. Una vez más, las investigaciones comprobaron que era falso.

Naciones Unidas hace una salvedad al tema. Incluye en su registro de víctimas de este delito a las personas que fueron ilegalmente retenidas. "El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas adoptó una declaración en la que determinamos que no existe tal cosa como desapariciones de corta duración. Una desaparición es una desaparición, independientemente de su duración", agregó el delegado.

A la par, insisten en que cotejarán la información de diferentes organizaciones sociales que alegan la desaparición prolongada de personas de las que se perdió el rastro durante el estallido social y que no han sido encontradas. En el informe oficial, presentado ante la Asamblea General, "se hará una referencia más detallada".

ONGs como Indepaz, presentaron en agosto de 2021 un listado de 300 personas que habían sufrido algún tipo de desaparición, nombres sobre los que la mesa interinstitucional aclararon la mayoría de los casos.

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EL TIEMPO habló con Leonardo González, director de Indepaz, quien aseguró que el registro estaba compuesto por manifestantes que no fueron llevados a centros de detención, CAIs o URIs, sino que fueron detenidos en casas y lugares que no forman parte de la jurisdicción oficial, aunque aparecieran a los pocos días u horas. Lo que Naciones Unidas también catalogó como desapariciones forzadas.

Frente a los que presuntamente siguen sin ser localizados desde esa fecha, indicó que no tiene información y que habría que hacer de nuevo un barrido con las autoridades.

González se unió a la lluvia de críticas contra el Comité de Naciones Unidas por la cifra desmentida de los supuestos 20,000 cuerpos no identificados en el hangar de El Dorado.

"Esto mina la confianza que pueden tener en las instituciones defensoras de derechos humanos que han hecho denuncias constantes sobre este fenómeno. Esperamos que se pueda resolver", enfatizó.

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia