Radican queja contra presidente de la JEP por sugerir traslado de casos a justicia ordinaria

Las últimas declaraciones del presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, le han pasado una cara factura. En una entrevista con Blu Radio, señaló que, de agotarse el tiempo de mandato de la Jurisdicción, los casos pendientes serían remitidos a la justicia ordinaria. Una afirmación por la que acaban de radicar una queja disciplinaria ante la Comisión de Acusación de la Cámara y la Procuraduría. 

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El oficio fue interpuesto por el abogado Gustavo Enrique Gallardo, presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, aduciendo que los testimonios del magistrado "constituyen una clara contradicción con lo establecido dentro del acuerdo de paz suscrito con las extintas Farc". 

El argumento se fundamenta en que uno de los beneficios ofrecidos por el Estado a cambio del desarme de la antigua guerrilla fue la creación de un sistema de justicia transicional, acompañado de la imposición de sanciones restaurativas, con el objetivo de garantizar la verdad y la no repetición de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto.

Este compromiso, en el panorama sugerido por Ramelli, se estaría incumpliendo. "Busca poner en riesgo la seguridad jurídica de los más de 9.000 firmantes vinculados a este tribunal, quienes se sometieron bajo la premisa principal de un juzgamiento diferenciado, alejado de los paradigmas de la justicia ordinaria y, especialmente, de la privación de su libertad", se lee en el documento.

El fundamento jurídico de la queja disciplinaria es una supuesta extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Por esta razón, y debido al fuero que cobija al magistrado, el caso fue remitido a la Comisión de Acusación, previo concepto de la Procuraduría.

Si bien en la queja presentada el demandante afirma que "no ha existido hasta el momento retractación alguna por parte del Magistrado, en su calidad de Presidente de la JEP", el tribunal sí dio un parte de tranquilidad.

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"La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de los procesos judiciales para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia", publicó en su cuenta de X.

Aún así, este pronunciamiento no alcanzó a frenar las críticas que llovieron desde diferentes sectores. 

"Se le acabó el tiempo a la JEP, se les acabó. Va a tocar hacer una ley de punto final. ¿Usted cree que es posible pasar a la justicia ordinaria lo que la JEP, por vagos, no hizo?”, cuestionó la senadora María Fernanda Cabal, férrea contradictora de esta Corte. 

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Otras voces más mesuradas, como la de Humberto de la Calle, artífice de los acuerdos, también se sumaron. "La JEP ya se ha demorado demasiado, ya ha proliferado en gastos y costos. Esa expresión de que podría devolver (los expedientes) a la justicia ordinaria y estos señores se van a la cárcel, eso es enormemente grave”.

A nivel de competencias es prácticamente imposible que tal escenario ocurra. Si bien actualmente la Fiscalía está habilitada para seguir investigando mientras se hacen las compulsas de copias a la justicia transicional, ningún juez penal podría condenar a alguien que se acogió al tratado y cometió delitos relacionados con el conflicto antes de 2016.

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SARA VALENTINA QUEVEDO 

Redacción Justicia