Las deficiencias en atención y los riesgos que corren poblaciones costeras según reciente informe de la Defensoría

Las comunidades étnicas que habitan zonas costeras del país no han dejado de padecer graves afectaciones que van desde seguridad a atención en salud, según un informe revelado por la Defensoría del Pueblo. En el documento, la entidad volvió a llamar la atención a las autoridades de orden nacional para que tomen cartas en el asunto, pues a los obstáculos para velar por los derechos humanos de los habitantes, se suma el agravante de la disputa territorial entre grupos ilegales.

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Para elaborar el documento llamado 'Sobre derechos étnicoterritoriales de los pueblos étnicos en contextos de maritorio' se constató especialmente cómo está la situación de servicios básicos y seguridad en 16 municipios del Caribe y el Pacífico, donde delegados hablaron con 900 indígenas y afros que dieron cuenta de que persisten las barreras hasta para acceder a la justicia, pues para demandar sus derechos hay limitaciones que "están relacionadas con la conectividad y la no presencia permanente de las oficinas de la Fiscalía", dice el documento.

El defensor del Pueblo, José Luis Balanta, reseñó que las comunidades "vienen afrontando la desprotección de sus derechos fundamentales colectivos, de identidad cultural, autonomía, gobierno propio, además de otros. La ausencia diferenciada del Estado y la imposibilidad de garantizarles sus derechos, como también las dinámicas del conflicto armado, han tenido como consecuencia limitaciones como el al agua".

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Sobre el Pacífico, la histórica vulneración de derechos humanos se conjuga con la minería ilegal y la disputa territorial que sostienen facciones de las disidencias como el 'frente 31' y la 'Segunda Marquetelia'. "La costa Pacífica nariñense atraviesa desde hace cerca de 30 años una crisis humanitaria que implica la afectación a una serie de derechos humanos relacionados con la seguridad y la integridad de sus habitantes, la crisis alimentaria, la identidad cultural y la movilidad, en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno que se extiende sobre sus múltiples fronteras", se lee.

En el documento, la Defensoría también recogió la preocupación que tienen habitantes del Cauca por la construcción de lo que llamó un complejo militar en la isla Gorgona para que sirva de estación guardacosta. En total, en esa región se visitó El Charco, Olaya Herrera, Roberto Payán, Barbacoas, López de Micay, Timbiquí, Guapi, Bahía Solano, Juradó y Nuquí.

En cuanto a Chocó, además de las falencias ya enumeradas, la Defensoría enfatizó que sus habitantes se han visto afectados por el cambio de políticas migratorias de Estados Unidos, y que las autoridades fronterizas de Panamá se exceden en sus controles: "Esta vulneración de derechos humanos va desde el no permitir el ingreso y egreso de las familias que habitan en ambos lados de la frontera".

El otro gran capítulo del informe tiene que ver con la costa Caribe, en la que indígenas, raizales y palenqueros han visto cómo les han violentado y estigmatizado en departamentos como Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia y Atlántico.

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Sobre la estigmatización, indígenas le contaron a delegados que les siguen diciendo guerrilleros o narcotraficantes. "Si nos movemos en el territorio por las trochas somos guerrilleros, y si nos movemos por el mar, somos narcotraficantes, entonces ya no podemos movilizarnos por ningún lado", contó un líder. Y añadieron que tanto autoridades como grupos ilegales les están prohibiendo hablar en su lengua.

"De igual manera, la situación de los derechos humanos en los territorios de mar, está vinculada al racismo estructural, que se refiere a las desigualdades generadas por circunstancias materiales o de facto que han históricamente impedido el a oportunidades para grupos sociales debido a su condición racial", dice una de las conclusiones del informe.

En total son 36 recomendaciones que la Defensoría les hizo a entidades como los ministerios del Interior, Salud, Agricultura y Educación. Asimismo, a la UNP le pidió desarrollar planes para proteger a líderes de las zonas. "Al Congreso avanzar con las medidas legislativas para protocolizar, previo proceso de concertación, el estatuto del pueblo raizal", añaden, llamando la atención también a la Fuerza Pública para que respete los territorios étnicos del país.

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]