La ONU advirtió sobre las deudas de Colombia en protección de los pueblos indígenas

 Luego de una agenda de 10 días, en los que visitó varios departamentos y se reunió con diversas autoridades, Francisco Calí Tzay, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, entregó un informe preliminar sobre su visita a Colombia en el cual, si bien destacó la atención, actitud abierta y reconocimiento de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas, también encontró que el país enfrenta amplios desafíos.

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Por ejemplo, entre las buenas prácticas el relator destacó la inclusión de un capítulo étnico en el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc, así como el reconocimiento del territorio indígena como víctima del conflicto, también resaltó el hecho de que la Comisión de la Verdad compiló varias violaciones en medio del conflicto armado cometidas contra los pueblos étnicos, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas; e indicó que Colombia ha impulsado la representación de los indígenas en la vida política y pública al más alto nivel.

No obstante ese reconocimiento de buenas prácticas, dijo que no se han logrado avances significativos en resolver problemas estructurales.

“La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante. Aún no se ha saldado la deuda histórica de reconocer efectivamente el derecho a la libre determinación, autonomía, a la tierra, territorio y recursos de los pueblos indígenas, así como a la participación política y a la consulta para otorgar o negar el consentimiento previo, libre e informado”, se lee en el informe.

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Indicando que se trata de problemas históricos y estructurales que no son atribuibles solo a las acciones del gobierno actual, Calí Tzay expuso que no obstante la legislación y jurisprudencia avanzada en protección de los pueblos indígenas, hay una poca efectividad del Estado, especialmente a nivel local, que impide la materialización de la protección, a lo cual se suma la presencia de grupos armados ilegales y “agentes económicos que operan al margen del respeto de los derechos humanos”.

Sobre el conflicto, el informe preliminar refiere que pese a la firma del acuerdo de paz en 2016, algunas comunidades señalaron que la guerra en sus territorios nunca paró y que hoy viven un conflicto con otras características y con “partes beligerantes” que se han multiplicado. 

En consecuencia, se cuestionó la continuidad del reclutamiento de menores, de la instalación de artefactos explosivos, así como los asesinatos selectivos dirigidos contra líderes, lideresas y autoridades indígenas.

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Así mismo, el relator sostuvo que le refirieron que en las nuevas negociaciones de paz que el Gobierno está impulsando con grupos armados, los indígenas, cuando han logrado participar, no han sido tratados como partes iguales y añadió: “Una de mis mayores preocupaciones es la posible utilización de territorios indígenas como pieza de negociación con grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.

Otra grave preocupación que expuso el informe es el riesgo de extinción físico y cultural de 71 pueblos indígenas, por lo que se indicó que es imperioso adoptar medidas. También se llamó la atención sobre la importancia del reconocimiento y protección de los derechos territoriales de estos pueblos para establecer condiciones sostenibles de paz y asegurar la supervivencia de las comunidades.

Frente a estos desafíos, el relator Calí Tzay indicó que el Gobierno actual, del presidente Gustavo Petro, “tiene una oportunidad significativa para abordarlos con la implementación de nuevas políticas de seguridad humana, de drogas y de paz total, (...) la construcción de una paz total, reconciliadora y restauradora debe basarse en la protección efectiva y real de los derechos de los pueblos indígenas”. Y en el informe se añade que los pueblos indígenas tienen propuestas concretas y fundamentales para replantear la sociedad colombiana, pero su voz ha sido silenciada durante mucho tiempo.

Finalmente, el documento incluye algunas recomendaciones al Estado, como promover diálogos directos con los pueblos indígenas, independientes de los diálogos con los grupos armados ilegales, para la construcción de la paz duradera; cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y otros tribunales en materia de derechos indígenas, adoptar medidas para reconocer las entidades territoriales indígenas y fortalecer su autonomía. 

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Así mismo se sugiere adoptar las medidas necesarias para asegurar la coordinación de los sistemas jurídicos indígenas y la justicia ordinaria, así como para descongestionar los procedimientos de reconocimiento formal de territorios.

Por último se recomienda garantizar que la implementación de medidas de fiscalización de drogas se realice conforme al respeto a los derechos, necesidades y características culturales de estos pueblos étnicos.