Las fallas que encontró la Contraloría en el sistema de salud indígena

Durante una visita a Mitú, capital de Vaupés, la Contraloría dio a conocer los resultados de un estudio sectorial del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (Sispi) que encontró que este, en el cual es atendido cerca del 67,3 por ciento de la población indígena de Colombia, no opera adecuadamente.

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Una de las muestras de ello, dijo el vicencontralor en funciones de contralor general Carlos Mario Zuluaga es que Vaupés, cuya población en más del 80 por ciento es indígena, tiene la segunda tasa más alta de suicidios en Colombia.

Pese a esas cifras, la Contraloría señaló que Vaupés no fue por el Sispi para comenzar a implementar el lineamiento para el cuidado de la salud mental y las armonías espirituales de los pueblos indígenas.

“Se incumplieron todos los objetivos del Sispi durante los gobiernos desde el 2010 y los recursos asignados por el Ministerio de Salud en cada territorio fueron entregados sin criterios técnicos, no hubo controles sobre el número o el valor de los giros a varios modelos, ni un plan de inversiones de estos modelos a mediano plazo”, indicó Zuluaga.

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El órgano de control añadió que si bien el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas incluyeron como meta de los últimos tres Planes Nacionales de Desarrollo (2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022) la creación y puesta en marcha de un sistema de salud propio, la evaluación evidenció situaciones como que solo unos pocos modelos de salud han recibido una inversión sostenida, y de ellos, solo un modelo se encuentra en fase 3 de implementación.

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La Contraloría también cuestionó que no existen criterios y mecanismos efectivos y objetivos para verificar los resultados del Sispi y de los modelos en materia de logros en salud, articulación, coordinación y complementación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud; desarrollo y fortalecimiento de la sabiduría ancestral y las prácticas propias en salud.

“Se invirtieron pocos recursos en un modelo que debe tener un enfoque diferencial y los recursos de salud, además de insuficientes, no generaron un impacto real”, añadió el contralor (e) Zuluaga en rueda de prensa.

La evaluación de la Contraloría señala que reiteradamente se incumplieron las medas del Sispi incluidas en los últimos tres planes de desarrollo, y se dice que aunque este sistema propio fue creado con un decreto ley en 2014, a la fecha carece de una regulación que permita su operación.

La Contraloría indicó que entre 2010 y2022 el Gobierno Nacional asignó $20.193 millones (en precios constantes de 2022), de los cuales solo se ejecutaron el 47 por ciento; adicionalmente, el Ministerio de Salud, esos mismos años, giró recursos por valor de $50.043 millones (en precios constantes de 2022) a Gobernaciones y organizaciones indígenas.

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Con todo esto la Contraloría dijo que identificó que “el Ministerio de Salud no lleva una clara identificación de modelos financiados, la población beneficiada, los recursos asignados por modelo y la continuidad de resultados”, y además se estableció que los recursos girados se concentran en cinco modelos de salud: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC recibió el 48 %, seguido del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU (10%), Emberá Chami y Katio Caldas (8%), Wayuu (3%) y Pastos en Nariño (2%). El resto de los modelos (72) acumulan el 28% de los recursos asignados.

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