La amenaza de las disidencias que tiene a los pueblos indígenas nómadas del Casanare al borde de la extinción

Los pueblos indígenas nómadas Maiben masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero, Tsiripus y Yaruros, con características que los hacen únicos en el mundo, se encuentran al borde de la extinción. Sus tradiciones ancestrales como recolectores y cazadores, que son la base de su sustento, están siendo severamente restringidas por las disidencias de las extintas Farc, en particular por el bloque ‘José María Córdoba’ del Comando Conjunto de Oriente. Esta estructura armada ha invadido su territorio y ejercido prácticas de control que han contribuido a la drástica reducción de la población, poniendo en riesgo la riqueza étnica y cultural del país.

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Según la Alerta Temprana No. 20/24 de la Defensoría del Pueblo, en los municipios de Hato de Corozal y Paz de Ariporo, en Casanare, 10 pueblos indígenas organizados en 15 comunidades ubicadas en la extensa llanura se encuentran ante un riesgo inminente, no solo de graves violaciones a los derechos humanos, también de amenaza a su identidad debido al ingreso de las disidencias.

Los diez pueblos indígenas que habitan el resguardo Caño Mochuelo, entre ellos los seis nómadas y cuatro sedentarios (sikuani, piapoco, sáliba y amorua), que gozan de especial protección constitucional, han visto drásticamente reducida su población y se encuentran al borde de la extinción. Las cifras más preocupantes corresponden a los pueblos nómadas. El pueblo Wamonae está compuesto por cerca de 1.000 personas; el Maiben Masiware por aproximadamente 500, y los pueblos Tsiripus, Yaruro y Yamalero (mayaleros) tienen menos de 150 integrantes.

Desde finales del 2023, la Defensoría tuvo conocimiento de la incursión de las facciones disidentes en el territorio indígena. El frente José María Córdoba se había replegado inicialmente en el norte del departamento de Casanare, ocupando los territorios que antes estaban dominados por las extintas Farc, y fueron estableciendo campamentos en los resguardos indígenas, cuya ubicación estratégica facilita la creación de corredores para el tráfico de droga y material de guerra.

Así mismo, se advierte en la Alerta, los pueblos indígenas son utilizados como escudos humanos en la disputa que tiene casada las disidencias con el Eln. Al ejercer control sobre estas comunidades, logran neutralizar su presencia y obstaculizar el abastecimiento de los frentes ‘elenos’ hacia el territorio casanareño que colinda con Arauca.

Hay dos situaciones especialmente graves producto de la presencia guerrillera en los resguardos, sobre todo Caño Mochuelo, que alberga a los pueblos nómadas. La primera, los mecanismos de control sobre la población indígena. “Están obligando a las autoridades tradicionales a tomar medidas sobre determinados comportamientos de la población o, de lo contrario, los someten a la justicia que la organización insurgente tiene establecida (con penas que contemplan el fusilamiento)".

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Este sometimiento pone a las comunidades en medio de la disputa disidencias - Eln, exponiendo a su población a masacres y homicidios selectivos producto de la estigmatización y perfilamiento como “apoyo” al bando enemigo. Así mismo, por la amenaza de combates entre ambos grupos armados ilegales y con el Ejército, que pueden dejar bajo el fuego cruzado a los pueblos indígenas.

“Actualmente, este proceso expansivo del frente 28 hacia el resguardo indígena conlleva altos riesgos de enfrentamiento con el Eln, organización armada ilegal con la que se mantiene en guerra en el departamento de Arauca y que, al parecer, sigue cuidadosamente la expansión del Comando Conjunto de Oriente, ubicándose frente al resguardo en territorio Araucano. Asimismo, existen posibilidades de confrontación armada con las Fuerzas Militares acantonadas tanto en el departamento de Arauca como en el departamento de Casanare”, advierte la Defensoría.

La segunda situación de gravedad es la amenaza a la seguridad alimentaria y a las tradiciones culturales de los pueblos, producto del control ejercido por las disidencias. Este riesgo surge de la restricción de sus actividades tradicionales de caza, recolección y pesca, que son la base de su sustento. “Esta dinámica ha sido impuesta por las organizaciones armadas, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad de sus combatientes y de regular presuntos conflictos interétnicos entre las poblaciones campesinas que habitan las veredas aledañas al Resguardo y los pueblos indígenas de cultura nómada”, se lee en la alerta temprana

La amenaza a su sustento, aún sin guerra, ha estado latente por las condiciones del territorio. Si bien el resguardo está compuesto por más de 96 mil hectáreas, tan solo es productivo menos del 30 %, el resto de tierras corresponde a las consideradas áreas mal drenadas, es decir tierras que permanecen inundadas durante aproximadamente siete meses al año, lo que amenaza la seguridad alimentaria de las comunidades.

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Por eso es que la Defensoría hace especial énfasis en las nuevas restricciones a sus prácticas culturales que pueden reducir aún más su capacidad de autosostenimiento y apalancar su extinción.

Actualmente, se encuentra en marcha un Plan Integral de Reparación Colectiva en la comunidad, liderado por la Unidad para las Víctimas, como medida de contingencia para mitigar los daños que amenazan su preservación cultural. Sin embargo, ante la nueva amenaza de la acción armada, la Defensoría hizo un llamado al Estado colombiano para que, a través de sus instituciones, logre una ‘intervención urgente en el territorio’, de manera articulada y diferencial, considerando las particularidades de los pueblos de tradición nómada.

“Les corresponde la implementación de medidas de prevención orientadas a la seguridad alimentaria, la atención humanitaria, el acompañamiento, así como a la neutralización de las pretensiones de los actores armados ilegales”, indicó el Ministerio Público.

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Redacción Justicia