En dos años, cifra de desplazados casi se triplicó y llegó a 176.500, dice la ONU

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) en Colombia entregó su más reciente balance sobre la situación de desplazamientos y confinamientos entre enero y noviembre de 2024. La información fue revelada el pasado 31 de diciembre y el informe destaca “la continuidad de las emergencias masivas desencadenadas por hechos de conflicto y eventos asociados a la variabilidad climática”.

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Para el organismo, los anteriores factores han generando afectaciones “significativas”, impactando el bienestar y las condiciones de vida de más de 935.000 personas entre enero y noviembre de 2024, de acuerdo con el monitoreo y reportes de los Equipos Locales de Coordinación y Equipos Humanitarios Locales. “Estas afectaciones se concentran principalmente en las regiones del Pacífico, Noroccidente y el Caribe, donde las comunidades enfrentan una creciente vulnerabilidad debido a la interacción de estos factores”, señaló la Ocha en su informe.

Así las cosas, se tiene que durante este periodo, más de 313.600 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento. De estas, 176.500 corresponden a aquellos que han tenido que irse de sus regiones –un promedio de 22 cada hora–, lo que supone más del doble tanto de la cifra del mismo lapso del 2023, cuando el organismo reportó 77.800, como de la del cierre de ese año (81.000). Asimismo, al revisar el número de personas desplazadas en los primeros once meses de 2022, cuando hubo 62.400, se observa que en los dos últimos años casi se triplicó el dato.

De otro lado, el organismo reporta que “cerca de 137.100 personas enfrentaron confinamiento, lo que agrava las condiciones de vida y bienestar”. Este indicador se incrementó en 35,2 por ciento en un año, toda vez que en el mismo periodo de 2023 se registraron 101.400 personas confinadas. En ese lapso de 2022 el dato se ubicó sobre los 86.450.

Cabe destacar que el incremento de estas afectaciones humanitarias contra la población civil se dan en medio de las conversaciones que el Gobierno mantiene con diferentes grupos armados ilegales con los que la istración del presidente Gustavo Petro busca consolidar su política de ‘paz total’.

Dentro de las causas del desplazamiento masivo se tiene que el 31 por ciento se dio por enfrentamientos entre grupos armados. A esto le sigue un 16 por ciento por combates, el 16 por ciento fue ocasionado por amenazas, el 4 por ciento por hostigamientos, el 5 por ciento por homicidio intencional en persona protegida y el 27 por ciento se dio por otros factores.

Al poner la lupa en los grupos vulnerados por desplazamiento, confinamiento o eventos climáticos, la Ocha revela que tres de cada diez (el 30 por ciento de los afectados) corresponden a población afrocolombiana, seguido de la indígena (27,5 por ciento). Frente a estos datos, la organización destaca que, según el análisis de los socios humanitarios, instituciones del Estado y el Ministerio Público, “se percibe un alto subregistro ante la falta de denuncia de estos hechos en algunos territorios ya sea por el temor a las represalias de los grupos armados o por las amenazas de estos”.

Ahora bien, los reportes que maneja la Ocha dan cuenta de 214 emergencias humanitarias masivas en 48 municipios de 17 departamentos, “muchas de ellas revictimizando a comunidades por la recurrencia, desbordando las capacidades de autoridades locales, e incluso en ocasiones se han configurado situaciones de doble afectación en al menos 16.400 personas por sufrir simultáneamente más de dos hechos victimizantes”.

Los municipios donde se ha concentrado el mayor número de afectados son: Argelia, Timbiquí, Toribío, Suárez (Cauca); Olaya Herrera, Magüí, Policarpa (Nariño); Bajo y Alto Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Bojayá, Sipí (Chocó); El Bagre (Antioquia); Solano (Caquetá); Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán (Putumayo); Tame y Arauquita (Arauca), y Buenaventura (Valle del Cauca). Las estadísticas también muestran que en noviembre hubo seis emergencias por desplazamientos y confinamientos, afectando a cerca de 6.000 personas en municipios como Arauquita (Arauca), Olaya Herrera (Nariño), Valdivia y Anorí (Antioquia) y Puerto Guzmán (Putumayo). “Estos eventos destacan la necesidad de medidas de protección y prevención, particularmente en comunidades recurrentemente afectadas”, indican.

Asimismo, la Ocha reporta que de los hechos registrados en noviembre varios habían sido advertidos en alertas tempranas e informes de seguimiento de la Defensoría del Pueblo. “Se destaca la emergencia en Puerto Guzmán, donde más de 2.300 campesinos que habitan en 23 veredas de la Inspección del Gallinazo y dos comunidades indígenas-Cabildo Nasa Juantama y Resguardo Nasa Porvenir La Barrialosa, fueron confinadas debido a enfrentamientos, persistencia de amenazas contra las comunidades y líderes comunitarios, así como la deserción escolar que genera el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes”, resalta el informe. Y se destaca que en Arauquita (Arauca), más de 2.500 personas de 15 veredas también se confinaron y vieron afectadas especialmente su seguridad alimentaria, salud y actividades escolares.

“La persistencia de riesgos por la violencia generalizada y el conflicto que atenta contra la integridad y vida de miles de personas agravan las condiciones de salud, medios de vida, protección, entre otras necesidades básicas insatisfechas que ya presentan, ya sea por las violaciones e impactos que enfrentan, además de la falta de presencia del Estado con inversión social”, asevera Naciones Unidas.

También se resalta que más de 2 millones de personas se vieron afectadas por eventos asociados a la variabilidad climática entre enero y noviembre 2024, más de cinco veces lo reportado el año anterior. “En Chocó y La Guajira, las lluvias de la segunda temporada del año afectaron a más de 422.000 personas, incluyendo daños a viviendas y pérdida de cultivos. Además, las condiciones de seguridad limitadas agravaron el a la ayuda humanitaria en estas regiones, destacándose esfuerzos de respuesta conjunta entre entidades gubernamentales y socios humanitarios”, precisa la Ocha.

Las emergencias desencadenadas dejaron afectación en infraestructura como viviendas y escuelas, y la pérdida de cultivos de pancoger, semovientes y especies de aves menores, lo que puso en riesgo los medios para el sustento diario. “En medio de este escenario, en Chocó se dio una doble afectación debido al paro armado impuesto por grupos armados que limitó al inicio de la emergencia la entrega de ayudas por las condiciones de seguridad; sin embargo, se abrió un corredor humanitario para la entrega de las ayudas”, agrega el informe.

El reclutamiento, vinculación y utilización de menores también fue factor analizado por el organismo, que señaló que estos delitos aumentaron 54 por ciento frente al año anterior, con los departamentos de Cauca, Córdoba y Amazonas entre los más afectados. Esto, enfatizan, “resalta la urgencia de fortalecer medidas de protección y prevención en los territorios más impactados”.

Luis Trejos Rosero, director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte, consideró que las cifras de la ONU reflejan que el país está "frente a un desplazamiento forzado que no es fruto de estrategias de apropiación de tierras, como sucedía con el paramilitarismo de las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia). El desplazamiento que vemos en los últimos años es el resultado del enfrentamiento armado entre grupos ilegales que se disputan el control de los territorios".

Además resaltó que el desplazamiento aumenta en la medida en que el Estado colombiano no tiene la capacidad de garantizar la seguridad a los habitantes del territorio. "Hay que recordar que en muchas subregiones el Estado no tiene el monopolio legítimo sobre las dinámicas de la violencia, sino que le es disputado por organizaciones armadas. En la medida en que el Estado no tenga ese monopolio va a ser difícil que los procesos de desplazamiento forzado desaparezcan en el país". 

Frente a ¿por qué Cauca y el Caribe son los principales epicentros del desplazamiento?, Trejos explicó que el Cauca y el Caribe tienen la particularidad de que son dos escenarios de confrontaciones abiertas entre organizaciones criminales. "Hay que tener en cuenta que en el Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay una guerra entre el ‘clan del Golfo’ y los ‘Conquistadores de la Sierra Nevada’, que ha terminado afectando, especialmente, a comunidades indígenas. Y en el sur de Bolívar también hay otra confrontación abierta entre el ‘clan del Golfo’ en contra del Eln y la estructura de lo que se denomina el ‘Estado Mayor de Bloques’. En la medida en que hay esa confrontación, se produce desplazamiento".

Lo del Cauca, a diferencia de lo que está sucediendo en el Caribe, según el experto, incluye también la participación del ‘clan del Golfo’, que está presionando a una disidencia de las antiguas Farc –la liderada por ‘Iván Mordisco’– a la cual busca sacar de territorios en los cuales esta organización armada está gestionando o adquiriendo finanzas que le permiten continuar con su actividad ilegal. El caso emblemático es el corregimiento de El Plateado, del municipio de Argelia.

Redacción Justicia