El drama humanitario del confinamiento como arma de guerra: van 114 hechos en lo corrido de 2024

Aún estando bajo el agua, los habitantes del Chocó de las riberas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón no han podido salir de sus territorios, ni recibir ayudas. A la emergencia climática por la temporada de lluvias que produjo inundaciones en el 87 % del departamento, se sumó el paro armado del Eln, decretado de forma indefinida desde el pasado 09 de noviembre. 

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Hoy permanecen confinadas y con el agua al cuello más de 85 comunidades afrodescendientes del litoral Pacífico. Algunos intentaron huir antes que entrara en vigencia esta amenaza violenta de la guerrilla, pero según contó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba -quien ha clamado el cese de hostilidades- fueron devueltos por el grupo armado. 

Es un drama recurrente. Esta situación tuvo el agravante que coincidió con la crisis invernal, pero en lo corrido del año solo el Eln ha decretado tres paros en Chocó. No ha sido tampoco el único autor, aunque sí el que más utiliza esta estrategia criminal (38 casos). Las disidencias de la 'segunda Marquetalia' (30) y las de 'Iván Mordisco' (28), en menor proporción, también han perpetrado este tipo de amenazas. Así como las autodefensas gaitanistas, que en el 2022 decretaron un 'plan pistola' en contra de la fuerza pública. 

Todos los actores tienen en común el uso de la población civil como escudo humano. Las cifras de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que sigue los hechos victimizantes del conflicto postacuerdo, exponen que desde la firma de la paz se han presentado 784 casos de confinamiento. Este año van 114. 

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"Su propósito es ejercer un control social en las comunidades. Estos grupos armados utilizan a la gente como escudo humano. Los confinan para que cuando llegue la fuerza pública, no puedan dispararles. Se están escondiendo en la población civil. En muchos. Utilizan a las personas dependiendo de la táctica militar", dijo el director de Indepaz, Leonardo González. 

La Unidad de Víctimas ha acreditado este año a 26.158 personas afectadas por esta táctica de guerra. En 2023, fueron 47.013, siendo los chocoanos los principales perjudicados (44 %), con un saldo de 20.720 habitantes confinados. Las regiones que le siguen son Nariño, con 9.563; Cauca, con 4.000; Valle del Cauca, con 3.304; y Arauca, con 2.864.

Pero no solo los paros armados acuartelan a la población en sus territorios. El Comité Internacional de la Cruz Roja hizo una radiografía de este drama humanitario y encontró que las comunidades, sobre todo campesinas y étnicas de las zonas rurales con una alta presencia de las organizaciones ilegales, se repliegan ante la amenaza de combates por disputa territorial o presencia de explosivos como las minas antipersonal.

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"Estas situaciones generan zozobra, miedo e incertidumbre, y dificulta el a recursos y servicios esenciales como alimentos, agua educación y atención médica", indica el organismo multilateral. Un panorama que ante una situación de emergencia climática, como la que está atravesando el Chocó, termina vulnerando aún más los derechos fundamentales de quienes quedan cercados por este accionar criminal. 

Para los investigadores del conflicto, la estrategia del confinamiento va de la mano con la del desplazamiento forzado. Cuando las comunidades quedan en medio del fuego cruzado tienen estos dos caminos. Irse o resistir. 

"Hay casos en los que los combates se producen para que las comunidades de la zona se vayan y puedan usar la tierra para fines ilícitos", indica el director de Indepaz. Sin embargo, en regiones como la selva chocoana, donde los pueblos afrodescendientes tienen una relación de identidad con el territorio y donde las condiciones de pobreza son tales que les impide rehacer su vida en otros lugares, prefieren quedarse. 

De hecho, según cifras de la UARIV, el Valle del Cauca es el departamento con más víctimas de este crimen, con 24.478 personas desplazadas. Chocó es el octavo, con 7.598. 

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"En Chocó hay un enfrentamiento entre las autodefensas gaitanistas y el Eln y, como no pueden irse (por las condiciones sociales que afrontan) quedan confinados. Los que están acuartelados están resistiendo a las dinámicas que quieren imponer los grupos armados, pero por esta razón son víctimas de homicidios selectivos, secuestros, amenazas y desapariciones forzadas", agregó González.

Por estas condiciones geográficas y de violencia que terminan poniendo a la comunidad entre la espada y la pared, varias voces se han sumado para pedir el levantamiento del paro armado del Eln, que además sucede en un momento clave en el que su delegado ante el Gobierno, Antonio García, está buscando tender puentes para instalar nuevamente la mesa de diálogo. 

"Los organismos de socorro requieren movilizarse en la zona para verificar los daños y el paro armado impide que las comunidades reciban este apoyo. ¿Cuál es la coherencia entre estos actos y la búsqueda de la paz y el carácter político que pregona el Eln?", cuestionó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Precisamente, por esta incongruencia el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, consideró como absurda la amenaza criminal del Eln. “Eso de condenar a la gente y más en una situación de tragedia como la que están pasando es inisible”.

Además, dijo que no sabe qué es lo que pide el Eln con ese paro, e insistió en que le parece “bastante absurdo que en medio de unas conversaciones donde se está restableciendo la mesa y en una situación de tragedia, ellos planteen esta acción armada”.

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia