Habla el nuevo presidente de la JEP, quien asume su cargo con una propuesta de diálogo intersectorial para limar asperezas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está estrenando presidente y vicepresidente, quienes tomaron posesión en un acto público el pasado 5 de noviembre. En el evento, que contó con la presencia de funcionarios del alto Gobierno, entre ellos el comisionado Otty Patiño, los ministros de Cultura, Juan David Correa, y de Justicia, Ángela María Buitrago, así como de delegados de la comunidad internacional y magistrados de las Cortes, hubo dos ausencias prominentes: la del ex secretariado de las Farc, ahora comparecientes ante este tribunal, y la del expresidente Juan Manuel Santos, artífice de los acuerdos. 

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Durante la ceremonia, el nuevo cuerpo directivo expuso los 70 logros que ha acumulado la JEP durante los más de seis años de camino, sobre todo en lo que tiene que ver con imputaciones y audiencias reconocimiento, un proceso que, de cara a las víctimas, "tiene un alto valor reparador". Pero también planteó los retos que debe encarar en este nuevo periodo, entre estos las peticiones de celeridad en los procesos judiciales para poder conocer la primera sentencia y la sanción correspondiente a los máximos responsables. El nuevo presidente, magistrado Alejandro Ramelli habló con EL TIEMPO sobre estas 'papas calientes' que deberá sortear durante su mandato.

Yo los invité. Al igual que al expresidente Juan Manuel Santos y al doctor Humberto De la Calle, a quienes seguramente se les complicó venir. Pero todos fueron invitados.

Yo creo que hay unas posturas y unas inquietudes por parte y parte, pero la idea es establecer un diálogo con todos los sectores, y por eso los invité a mi posesión.

Hay unas instancias organizadas para ello. Tenemos las mesas técnicas de diálogo, donde podremos discutir todos los reparos. La idea es convocar estos encuentros y mirar punto por punto las reclamaciones que tienen.

Con respecto a las Farc, la solicitud de amnistías, la petición de una Única Resolución de Conclusión (es decir, que se agrupen todas las investigaciones en una), las nulidades presentadas (entre ellas a imputaciones de violencia sexual) y las tensiones por las sentencias. Son varios asuntos, cada uno tiene diferentes contextos jurídicos, algunos de ellos incluso hacen parte de recursos que están ante las diferentes Salas y Secciones, entonces también hay que tener en cuenta que una cosa es mi opinión personal y la otra es lo que se resuelva en cada una de estas instancias.

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Nosotros nos hemos ajustado a las metodologías que desde el primer día diseñamos. Estamos cumpliendo nuestro mandato constitucional de investigar a los máximos responsables por las conductas más graves y representativas. Y esto siempre lo hemos hecho. La estructuración de los macrocasos ha respondido a una estrategia de priorización que desde los primeros días de la jurisdicción está andando. De hecho, hay dos autos donde se explica a fondo esta metodología para transparencia y claridad de todos; por lo que yo creo que no hay mayor discusión. Estamos cumpliendo con nuestro designio.

Sí, esta es una preocupación legítima por parte de la sociedad y las víctimas. En la Sección con Reconocimiento hay cuatros resoluciones que están ya en trámite. El caso de secuestro, el caso de Dabeiba, el caso Costa Caribe y Norte de Santander, del macrocaso 03. Cada uno de estos casos debe surtir unos trámites procesales ante la Sección. Ya dos de ellos han sido convalidados, es decir, que el tribunal consideró que el trabajo hecho por la Salas está ajustado al derecho, con algunos ajustes en la última decisión. 

Bueno, con respecto al secretariado (de las Farc) hay cinco razones. La primera tiene que ver con que es un caso que aborda no solamente 22.000 secuestros, sino también las violencia relacionadas al mismo, que no han sido investigadas por la justicia ordinaria. Estamos hablando de violencia sexual, homicidios, esclavitud y desapariciones forzadas. Una segunda razón es que han participado 3.200 víctimas que han presentado sus observaciones. Hay que analizar todas las solicitudes. Por otra parte, los comparecientes, si bien aceptaron su responsabilidad, han presentado diferentes recursos, tanto reposiciones, apelaciones, nulidades y recusaciones, que están en su derecho de hacerlo, pero que hace que se tarde más en salir la sentencia. Y una última razón tiene que ver con que esta sentencia es mucho más complicada que las de la justicia ordinaria, porque allí solamente se determina si alguien es culpable o inocente, aquí tenemos que construir una sanción propia. Y esa construcción de la sanción propia toma tiempo porque hay que valorar los daños, hay que determinar la propuesta que hacen las víctimas, los comparecientes y la oferta institucional. Aquí hago un llamado al Gobierno, que tiene que cumplir con los artículos 204 y 205 del Plan de Desarrollo, fundamentales para que haya una sentencia. Un artículo tiene que ver con las obligaciones de la oferta institucional de proyectos de justicia restaurativa, y el otro plantea una mesa de articulación que hace meses no se convoca. Todo está entrelazado. Los tiempos de la sentencia también tienen que ver con el cumplimiento del Gobierno.

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Nosotros siempre hemos estado prestos a escuchar a las víctimas y sus observaciones. Ya hemos celebrado varias reuniones y yo personalmente voy a ir a hablar con ellas, en el Casanare. Obviamente la idea es que las víctimas sientan que la jurisdicción les está cumpliendo, entonces por eso iré a escuchar de primera mano cuáles son sus observaciones.

Va bastante bien. Ya el primer caso, que es el del coronel (r) Publio Mejía, está en la práctica de pruebas del juicio oral. Incluso nos hemos demorado mucho menos de lo que tradicionalmente se tarda un proceso en la justicia ordinaria, porque hemos implementado varias técnicas para que el juicio sea mucho más rápido. También esperamos una sentencia por este lado lo más pronto posible.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia