Primicia: por primera vez, exmilitares buscan a desaparecidos de 'falsos positivos' en sanción anticipada de la JEP

Por primera vez en la historia del conflicto, exmilitares responsables de los llamados 'falsos positivos' participan en intervenciones forenses para buscar a los desaparecidos de este crimen. Esta labor hace parte de las sanciones anticipadas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un ejercicio previo a las sentencias que están por emitirse.

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EL TIEMPO conoció en primicia el auto que ordena la participación de tres antiguos oficiales —quienes pidieron no revelar sus nombres por razones de seguridad— en la prospección que se realiza junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Monumento 14 del cementerio central de la capital del Huila. Este camposanto es uno de los más de 10.000 puntos de interés forense regados a lo largo y ancho del país. Solo en este lugar existen "156 bóvedas de tamaño estándar, algunas de las cuales habrían sido utilizadas para enterrar a personas no identificadas", señala la JEP.

Las exhumaciones se realizan entre el 22 y el 27 de abril. Es la primera vez que los exmilitares —quienes desde la creación de la JEP han aportado información sobre posibles sitios de inhumaciones clandestinas— participan materialmente en una intervención forense.

Estos mismos militares, que el 8, 9 y 10 de agosto del año pasado ya reconocieron cara a cara ante 174 víctimas su responsabilidad en estos crímenes, colaboran ahora como parte de los trabajos, obras y actividades con contenido restaurativo (TOAR) anticipados. Se trata de proyectos que deberán cumplir como parte de las sanciones propias a las que serán sentenciados para resolver su situación jurídica.

El subcaso Huila está en manos del despacho del magistrado Alejandro Ramelli, actual presidente de la JEP y uno de los corelatores del caso 03, que investiga el patrón criminal de los 'falsos positivos'. Gracias a los hallazgos, se imputó a 36 comparecientes de la Fuerza Pública, adscritos a la Novena Brigada del Ejército y sus unidades tácticas, a quienes se atribuyen 200 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate, de los cuales 32 corresponden a víctimas de desaparición. También se les señala de ocho tentativas de homicidio.

Una vez cumplida la fase de verdad, los comparecientes deben resarcir el daño. Para ello, se diseñó una estrategia de acercamiento a las víctimas y de formulación de proyectos de sanción propia. De allí surgió la iniciativa de incluir a los responsables en intervenciones forenses en cementerios del departamento, incluido el Central de Neiva, donde la Unidad de Búsqueda adelanta labores.

La idea tomó forma el pasado 19 de marzo de 2025, durante una reunión entre la Unidad de Búsqueda, la Subdirección de Justicia Restaurativa de la JEP y el despacho del magistrado Ramelli, en la que se concretó la participación de los exmilitares.

"En ese espacio, la UBPD informó que entre el 22 y el 27 de abril de 2025 se realizará una jornada de intervención en el Cementerio Central de Neiva, en la que participarán tres comparecientes del subcaso Huila del Caso 03. Esta actividad se enmarca en la iniciativa que lidera la Sala para el cumplimiento de las sanciones propias por parte de los máximos responsables y de los partícipes determinantes sin rol de liderazgo", se lee en el oficio.

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Los familiares de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales también le dieron visto bueno al proyecto. Según la Jurisdicción, "consideraron que esta participación es una forma correcta de aportar a la verdad, al esclarecimiento de los hechos y, en alguna medida, de reparar el dolor de aquellas familias que esperan encontrar a sus seres queridos desaparecidos". 

Las intervenciones restaurativas adelantadas en este cementerio serán evaluadas para replicarlas en los cementerios de Pitalito y Garzón, donde también se presume la inhumación de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto.

Actualmente están en marcha varios proyectos de sanción anticipada que han involucrado a comparecientes tanto de la Fuerza Pública como de las extintas Farc, con el objetivo de construir memoria y reparar a las víctimas en algunas de las regiones más golpeadas por la guerra.

Estos trabajos, que funcionan como un experimento de lo que serán las sanciones propias que la JEP empezará a emitir, no solo representan una muestra de 'buena voluntad', sino que también constituyen un adelanto de la pena, que será descontado una vez se profiera la sentencia.

Redacción Justicia