Los cuatro interrogantes jurídicos sobre la consulta popular que radicará el Gobierno: hay debate por las preguntas

Las doce preguntas que contendrá la consulta popular del Gobierno, con la que busca avalar en las urnas los principales puntos de su reforma laboral —hundida en la Comisión Séptima del Senado—, fueron presentadas oficialmente. Según anunció el presidente Gustavo Petro, su radicación ante el Congreso se hará el 1.º de mayo, Día del Trabajo, aunque aún hay cabos sueltos sobre temas de fondo y de forma.

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Es la primera vez en la historia moderna del país que un presidente de la República propone, vía consulta popular, sacar adelante iniciativas de carácter legislativo. La última ocasión en que los colombianos fueron convocados para votar por ajustes normativos fue en 2018, cuando el partido Alianza Verde impulsó la consulta anticorrupción, que no alcanzó el umbral. 

Entre las 12 preguntas que fueron dadas a conocer por el ministro del Interior, Armando Benedetti, según voces de algunos expertos, hay algunas que tienen más tono de referendo o de plebiscito, otros mecanismos de participación popular. 

"Hemos caído en error de mezclar temas que son de uno y del otro. Por ejemplo, si una pregunta tiene alcances normativos, es decir, que implica adoptar una norma o cambiarla, esto se debe hacer a través de un referendo. O si por ejemplo es una política pública, como la contratación de un determinado número de personas con discapacidad (2 por cada 100 trabajadores), esta debe tramitarse a través de plebiscito", le dijo a este diario una fuente de la Corte Constitucional, que será la instancia que le hará control al mecanismo.

También hay una discusión política sobre su contenido. Para el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, la consulta no fue convocada para que "el electorado libre escoja entre unas opciones igualmente válidas, sino que lo que propone es una convocatoria para que el electorado respalde aquello que el Gobierno ha impulsado con toda la energía y piensa seguir impulsando, empleando para ello, de manera abusiva, todos los recursos del Estado".

Sin embargo, para el analista político Jairo Libreros, la consulta popular sí es el mecanismo idóneo para discutir iniciativas de política pública para que sean llevadas al Congreso con un respaldo popular. 

“Traer a discusión la consulta popular es un acto político que busca calentar los motores de la calle pensando en las elecciones de 2026”, agregó.

No. De acuerdo con el reglamento de los mecanismos de participación popular, el Senado no puede modificar las preguntas, sino únicamente expedir un concepto favorable, 20 días después de que el presidente presente oficialmente el documento en el Capitolio, fecha que fue fijada para el próximo 1.º de mayo.

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"En la consulta popular de carácter nacional, el texto que se someterá a la decisión del pueblo, acompañado de una justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, será enviado por el Presidente de la República al Senado para que, dentro de los veinte días siguientes, emita concepto favorable. Por decisión de mayoría de sus , el Senado podrá prorrogar este plazo en diez días más", dice la norma. 

“Lo que establece la Ley 134 (de 1994), específicamente, es que será el Senado el que emita un concepto favorable o desfavorable sobre la consulta que se haga. Para esto se someterá a consideración de la plenaria y, como se votan las leyes, tendrá que someterse por las mayorías. La Ley 134 establece que será la mayoría de sus integrantes”, explicó el secretario del Senado, Diego González, a los medios de comunicación.

Efectivamente, la norma estableció mayoría absoluta. Con base en las cuentas del Congreso, y con tres curules en silla vacía —las de Ciro Ramírez, Mario Castaño y Rodolfo Hernández—, el número de votos necesarios para darle luz verde a la iniciativa del Gobierno sería 53.

La votación de la consulta popular nacional se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Senado.

"La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el Congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto", dijo el Presidente vía X.

Para el analista Libreros, el Ejecutivo sí está facultado para expedir los puntos de la consulta vía decreto, pero solo si estos no son aprobados por el Congreso durante la legislatura. Es decir, si la consulta se realiza este año, cumple con el umbral y es aprobada, el Gobierno deberá radicar el proyecto de ley, que tendría que estar listo antes de junio del próximo año. 

Si vencido este plazo no se aprueba por el legislativo, puede expedir los ajustes normativos solo con su firma.

Redacción Justicia