¿Por qué un coronel (r) estaría a punto de ser condenado a más de 20 años de cárcel por la JEP? Claves del juicio contra Publio Mejía

Por 72 muertes de personas presentadas como bajas en combate, en la jurisdicción del Batallón de La Popa, en César, el coronel retirado (r) Publio Hernán Mejía se convirtió en el primer compareciente en transitar por la ruta adversarial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), contemplada para quienes no aceptan su responsabilidad frente a los crímenes que les imputan. 

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Con la sesión que arranca este 28 de octubre, se completan tres citas en el estrado, en las que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es la fiscalía de la JEP, ha presentado los testigos y las pruebas que soportan la participación del militar en las desapariciones, torturas y homicidios selectivos -delitos ubicados en el patrón criminal de 'los falsos positivos'- ocurridos en zonas rurales de Pueblo Bello, Bosconia, Valledupar, La Paz y San Diego, entre 2002 y 2005. A su vez, la defensa del coronel (r) ha utilizado todos los recursos jurídicos, entre ellos el contrainterrogatorio, para probar la inocencia del acusado. 

Ante la magistrada Reinere Jaramillo y los magistrados Raúl Sánchez y Gustavo Salazar, han pasado hasta el momento siete de los 82 testigos llamados por la UIA para exponer al detalle cómo se llevaron a cabo las ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa, en las cuales, según han versionado, fueron ordenadas por el coronel Mejía, cuando se desempeñaba como comandante del escuadrón. 

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Los testimonios han sido crudos. "Yo di la orden (...) Ahí asesinamos a esa persona y fingí un combate", aseguró el militar (r) Carlos Andrés Lora Cabrales. "Una de las señales que identificaba para saber que era un falso combate era, por ejemplo, la rigidez de los cuerpos, lo que indicaba que llevaban horas muertos", dijo, por su parte, el sargento (r) Efraín Andrade Perea, testigo clave del caso. 

Cinco de los que han rendido su testimonio juramentado fueron subalternos del coronel (r) Mejía y contaron cómo cuando llevaron a cabo su servicio en el batallón, ubicado en Valledupar, empezaron a recibir directrices extrañas desde la llegada de su superior. Entre estas, encuentros con paramilitares como alias "38", "39" y "El Paisa" para cuadrar "entregas de positivos" que luego eran dejados en los lugares donde simulaban combates. 

La primera sesión de este juicio adversarial se desarrolló en Valledupar, lugar de ocurrencia de los hechos, los pasados 18, 18 y 20 de septiembre. Allí, el fiscal Samuel Serrano presentó cinco testigos, los militares (r) el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez, el capitán (r) Nelson Llanos y el sargento primero (r) Manuel Valentín Padilla. En la segunda sesión, llevada a cabo el 17 y 18 de octubre en la sede de la JEP, en Bogotá, fueron escuchados el sargento primero (r) Efraín Andrade y el teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales.

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En esta tercera sesión, que se adelantará durante tres días, 28, 29 y 30 de octubre, la UIA seguirá corroborando la responsabilidad del coronel (r) Mejía en los 72 'falsos positivos' y, si es hallado culpable, esta fiscalía pedirá la pena máxima contemplada por la jurisdicción para los comparecientes que han negado su participación en los crímenes, que es de 20 años. 

Las probabilidades que reciba esta sanción son altas. Según el director de la UIA,  Giovanni Álvarez Santoyo, los fiscales "tienen evidencias serias" para encontrar culpable al coronel (r) de "diseñar un plan criminal que consistió en asesinar a personas de la población civil" y presentarlas como legítimas para engrosar las cifras del batallón que comandaba.

Aún faltan otras tres sesiones más, la cuarta tendrá lugar los días 12, 13, 14 de noviembre; la quinta, los días 25, 26 y 27 de noviembre; y la sexta, el 3, 4 y 5 de diciembre de este año. Finalmente, se espera que durante el primer trimestre de 2025 concluya el juicio y que se emita la sentencia. 

Durante las sesiones adelantadas las víctimas y sus representantes han desempeñado un rol protagónico en el estrado. Aunque en las salas de juicio no están presentes con sus reivindicaciones simbólicas, como carteles, velas y flores, para garantizar la parcialidad de la diligencia, desde la magistratura aseguran que "sus demandas de verdad han sido escuchadas".

Sus apoderados han podido interrogar a los testigos con preguntas complementarias y las mismas víctimas han hecho seguimiento de las audiencias, tanto en la sala principal como en salas espejo. 

Una de ellas es Ángela Beltrán, hermana de Edgar Beltrán, un falso positivo del Batallón La Popa. "Mi hermano era un hombre tranquilo, una buena persona que se dedicó al arte y encontró la muerte en quienes debieron de cuidarlo, pero terminaron asesinándolo. Porque fue el ejército quien lo mató. Espero de este juicio saber la verdad, que se aclaren tantas dudas que los familiares tenemos y poder dignificar su memoria y limpiar su nombre", dijo.

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"No me siento muy conforme con lo que está pasando con los comparecientes. Estuve en tres espacios con ellos, pero en todos dijeron cosas diferentes. La verdad se está dilatando y hay una incertidumbre en las víctimas sobre si se aclararán o no los hechos", expresó, por su parte Franklin Flores Hernández, hermano de Albeiro, joven de 21 años, víctima de ejecución extrajudicial en 2003.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia