Los 8 ex-Farc imputados por JEP por secuestro de diputados del Valle y otros 59 hechos

Mediante un auto de más de 300 páginas, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRV) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho exguerrilleros de las Farc por 60 hechos de secuestro, que dejaron 80 víctimas directas, cometidos por el antiguo Comando Conjunto de Occidente (CCO) de las Farc, entre esos, el plagio de los 12 diputados de la Asamblea de Valle del Cauca y el asesinato de 11 de ellos.

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Según el auto, los exguerrilleros son responsables de los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, violación sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, tortura, asesinato, desaparición forzada, violación sexual, y otros actos inhumanos que el CCO cometió entre 1993 y 2016.

En cuanto a las víctimas, ante la JEP se acreditaron por este proceso 219, entre familiares y víctimas directas, y se señaló que de las 80 personas secuestradas por el grupo ilegal (62 hombres y 18 mujeres), 35 fueron asesinadas o desaparecidas.

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La imputación fue anunciada este 21 de diciembre en una rueda de prensa con el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, y la magistrada relatora de este caso, Julieta Lemaitre, quien señaló que esta es la tercera imputación en el caso 01 de secuestro, y la segunda regional, y que en esta oportunidad se llamó a reconocer responsabilidad a quienes comandaron el CCO, que operó en el Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y sur del Chocó.

De hecho, la investigación determinó que la mayor parte de los secuestros (47) fueron cometidos en dos áreas: el corredor Cali-Buenaventura, que conecta a la costa pacífica con Valle del Cauca y el sur del Chocó con el suroccidente del país; así como en la subregión cordillera central, que contempla el sur y oriente de Valle del Cauca y el norte de Cauca.

Esto guarda relación con el contexto del CCO, que tenía a su cargo rodear y dominar la ciudad de Cali, controlar las vías de Cali a Pereira, Buenaventura y Pasto. Asimismo, debía controlar los puertos de Buenaventura y Tumaco y las vías terrestres y fluviales que comunican la cordillera Occidental con el litoral pacífico en esta región del país, pues esta es una importante ruta para mover drogas.

En su mayor momento de expansión, entre 2000 y 2002, el comando tuvo un promedio de 1.500 combatientes y un estimado de 800 milicianos, pero por muertes en combate o bombardeo, así como capturas, fue perdiendo a muchos de sus comandantes históricos, incluyendo a alias Alfonso Cano.

De otro lado, la investigación señala que esta fue una de las tres estructuras de las Farc que menos secuestros, pese a ello, se calificó la imputación como de gran relevancia por tres motivos: primero, porque el secuestro masivo de los 12 diputados y el asesinato de 11 de ellos tuvo un enorme impacto para el país; segundo, porque los secuestros financieros se materializaron con la colaboración de bandas criminales y otras guerrillas; y tercero porque el CCO “ejerció control territorial a través de la pivación de la libertad de civiles identificados como enemigos en medio de un agudo conflicto por las rutas de pasta base de coca”.

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Además, sobre las afectaciones, la JEP señaló que el secuestro en sí mismo es una transgresión a la dignidad humana, pero a esto se sumaron malos tratos, condiciones extremas de cautiverio y la inminencia de la muerte.

“Las víctimas fueron sometidas a condiciones inhumanas, se les limitó la capacidad de decidir sobre su propia vida y sufrieron consecuencias que trascienden en los sobrevivientes y las familias”, se lee.

Frente a la motivación de los secuestros, la JEP determinó tres, los que fueron con motivo económico, los que obedecían a control social y territorial, y los cometidos para forzar un intercambio por guerrilleros presos.

De los 60 hechos registrados, las narraciones de las víctimas señalaron que 27 fueron con motivos económicos, 29 por control social y territorial, y dos para forzar un canje, el de los diputados del Valle y el plagio del capitán Guillermo Javier Solórzano. En tres hechos no se determinó la motivación.

La decisión de la JEP cita algunos casos ilustrativos de cada patrón, sobre el secuestro financiero se lee que cada estructura de las Farc debía financiar sus actividades y que el CCO cometió este tipo de hechos hasta noviembre de 2012. En muchas ocasiones la “inteligencia financiera” previa se hizo en alianza con terceros, bandas criminales y otras guerrillas, que cobraban un porcentaje del dinero exigido a las víctimas.

Entre las víctimas de este tipo de secuestros hubo personas a quienes secuestraban pensando que tenían mucho dinero, pero no era así, también hay registrados cinco casos de víctimas que reportaron hechos de violencia sexual, incluyendo la violación, solo uno de esos casos ha sido reconocido por los comparecientes; y hubo incluso niños y niñas plagiados para exigir dinero a sus padres, de esto hay tres víctimas acreditadas que tenían menos de 18 años cuando fueron plagiadas y los comparecientes reconocieron tres hechos más.

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Uno de los hechos que se relata es el que afectó a Ramón Eduardo Aguilar Orozco y su hijo de 3 años de edad, el padre del niño fue abordado el 2 de mayo de 1991 por del Frente 30 en su lugar de trabajo, ellos se llevaron al menor de edad y lo retuvieron por tres meses para que su papá pagara su rescate.

En cuanto a los secuestros por control social y territorial, se identificaron 30 secuestros de este tipo en el CCO, algunos porque consideraban a las víctimas como “enemigos” o “infiltrados”, un ejemplo fue el secuestro de dos trabajadores de la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica. También hubo secuestros para generar “vacíos de poder” como el del alcalde de Samaniego, Nariño, Manuel Cuéllar; y hubo hechos como “castigos” porque la población no seguía las normas de comportamiento de las Farc.

Frente a los secuestros para forzar un intercambio de guerrilleros se habla del de los diputados, el del coronel Álvaro León Acosta Argotty y el del capitán Guillermo Javier Solórzano.

Del secuestro de los diputados se reseña que los comparecientes han reconocido responsabilidad individual y colectiva por el plagio y por la masacre de 11 de los diputados el 18 de junio de 2007, tras cinco años de cautiverio; solo sobrevivió el exdiputado Sigifredo López. El asesinato ocurrió por órdenes de Héctor Julio Villarraga, alias el Grillo, quien había ordenado a la guardia matarlos si había intento de rescate y ese día los de la guardia los asesinaron creyendo que se acercaba un rescate militar que no fue así.

Los comparecientes reconocieron que ese día llegaron a un punto alto del campamento donde estaban los diputados tres del Frente 29 de las Farc, ellos dudaron de la identidad de la guerrillera del Frente 60 que estaba en custodia de ese punto, era una joven menor de edad para ese momento, y en medio de la tensión y la confusión, los tres guerrilleros del 29 abrieron fuego; como esto ocurrió en la parte alta, abajo, donde estaban los diputados, solo se escucharon los tiros y los que estaban custodiando directamente a los políticos les dispararon asumiendo que estaban ante un intento de rescate. En sus cuerpos, entregados solo hasta septiembre de ese año, se encontraron 95 heridas de balas en total, 66 por ciento de ellas por la espalda.

Édgar López Gómez, alias Pacho Chino, quien coordinó el CCEO entre 1993 y 2011, fue comandante del Frente 29 entre 1999 y 2003, y miembro del Estado Mayor del Bloque Occidental entre 2012 y 2016.

Juan Carlos Ramírez, ‘Sargento Pascuas’, comandante del Frente 6 entre 1993 y 2012.

Héctor Julio Villarraga, ‘Gilberto Arroyave’ o ‘El Grillo’, único comandante del Frente 60 entre 1994 y 2015.

Gustavo Arbeláez Cardona, ‘Santiago Naya’, miembro del Estado Mayor del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas entre 1993 y 2007 y comandante de esa estructura entre 2007 y 2008.

Carlos Mario Cardona León, ‘El Paisa’ o ‘William’, comandante de la Compañía Móvil Alonso Cortés entre 2009 y 2011.

Diego Ardila Merchán, ‘Leonel Páez’, comandante de la Columna Móvil Gabriel Galvis entre 2001 y 2013, y comandante de la Columna Móvil Daniel Aldana en 2015.

Jesucristo Jiménez Cuéllar, ‘Juvenal’, comandante de la Columna Móvil Miller Perdomo entre 1997 y 2015.

Oswaldo Miguel Mendoza, ‘Pacho Quinto’, quien hacía parte de la Miller Perdomo y tuvo una participación esencial en el secuestro de los 12 disputados del Valle.

Tras la notificación de este auto, los ocho comparecientes tienen 30 días hábiles para manifestar por escrito su reconocimiento frente a los hechos. Es de señalar que ellos ya han reconocido en versiones voluntarias 33 de los 80 secuestros imputados.

De otro lado, la Sala de Reconocimiento de Verdad le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que identifique a 27 guerrilleros que integraron el CCO cuya identidad legal o paradero aún se desconoce.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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