JEP rastrea los pasos de grupo ‘élite’ de las Farc que secuestró a diputados del Valle

Una parte de la violencia que se ha recrudecido en los últimos meses en Cauca, incluso en medio de acercamientos de paz con disidencias de las Farc, ha girado alrededor de enfrentamientos por el control del cañón de Micay, en el occidente de Cauca, entre El Tambo, Argelia y López de Micay.

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Hasta pocos días antes de las elecciones de este 29 de octubre hubo dudas de si se podrían hacer las votaciones en un corregimiento de Argelia, pues las disidencias no permitían la entrada de la Fuerza Pública; y en general, el ingreso en las últimas semanas de las Fuerzas Militares al cañón ha sido respondido con violencia: el 12 de agosto fueron acribillados tres policías en zona rural de Morales, el 13 de agosto explotó un carro bomba contra la subestación de policía del corregimiento Timba, en Buenos Aires, causando la muerte de un subintendente, y el 20 de septiembre otra bomba en el mismo punto mató a dos civiles.

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¿Qué hay detrás de la violencia por el control de este punto geográfico? El 20 de septiembre, el presidente Gustavo Petro lo resumió en su cuenta de X al decir que en este sitio se produce el 70 por ciento de la hoja de coca en Cauca, pero además, este ha sido por décadas uno de los epicentros del conflicto en Colombia, disputado por las Farc, los paramilitares y, ahora, las disidencias.

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El conflicto allí no ha parado, pero el capítulo sobre cómo las Farc usaron los secuestros para sostener el control territorial está siendo abordado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el 7 de noviembre comenzará la discusión del auto con el que se imputará a más de 10 exguerrilleros que integraron el Comando Conjunto de Occidente (CCO), quienes habrían estado detrás de al menos 61 secuestros por los cuales hay acreditadas 135 víctimas (directas e indirectas), entre ellas las de un caso que marcó al país: el secuestro de 12 diputados de la Asamblea de Valle del Cauca, el 11 de abril de 2002, y el posterior asesinato en cautiverio de 11 de ellos.

A través de testimonios, informes y otros documentos, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP está reconstruyendo los pasos del CCO, creado en 1993 y que agrupaba a los frentes 6, 8, 29 y 30, el frente urbano ‘Manuel Cepeda Vargas’, con el que se buscó controlar Cali, y algunas columnas móviles, y que llegó a ser una importante apuesta de la guerrilla sobre el macizo colombiano, pasando por Cauca, Valle y Nariño.

“Poco a poco, a través del nacimiento de nuevas columnas y compañías, las Farc dieron forma a una poderosa estructura en el departamento del Valle, especialmente en su parte central (Buga-Tuluá) y en la zona sur (Pradera-Florida). Se trataba de una guerrilla triunfalista, con pretensiones de control total de la región. Buscaba pasar de las zonas de alta montaña en la cordillera Central y las zonas de selva a posicionarse en la cordillera Occidental. Desde allí se abría un amplio corredor que permitía el control del Pacífico”, expone el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en el libro El caso de la Asamblea del Valle. Tragedia y reconciliación.

En suma, para finales de los 90 y comienzos de los 2000, las Farc estaban “ebrias de poder y ricas por el dinero del narcotráfico” como las describe el exdiputado Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro de los diputados.

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Esa guerrilla en expansión comenzó a implementar secuestros con fines económicos entre los 70 y los 80, y los crímenes aumentaron en la década de los 90, recoge el libro del CNMH, que registra que en 1999 el Valle del Cauca llegó a registrar 267 personas secuestradas, y aunque en los años siguientes estas cifras bajaron, el fenómeno no se detuvo.

Entretanto, el Gobierno colombiano, encabezado en ese momento por Andrés Pastrana, intentaba un proceso de paz con las Farc en lo que se conoció como el proceso del Caguán, pero estos diálogos se rompieron en febrero de 2002 y, en respuesta, las Farc comenzaron una arremetida que incluyó, entre otros episodios, el secuestro de los diputados.

En esta zona del macizo colombiano y del cañón del Micay, que hoy en día siguen en disputa y en las que la población civil ha pagado el precio, se concentran los secuestros por los que la JEP imputará a exguerrilleros. Uno de los casos más conocidos es el de los diputados, y su único sobreviviente conversó con EL TIEMPO sobre lo que vivieron en cautiverio y las expectativas que tienen las víctimas frente al proceso que lleva la JEP.

El 11 abril del 2002, un comando de las Farc disfrazado de militares ingresó a la Asamblea de Valle del Cauca gritando que había una amenaza de bomba, sacó a los 12 diputados y los subió a un vehículo que salió por carretera fuera de Cali; luego comenzaron las largas marchas, pues a los políticos la guerrilla los movió por la selva a pie.

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“Eran caminatas interminables, de 22 horas, la menos larga era de 8 horas. Y además de eso estaban las inclemencias del tiempo, la lluvia, el vivir en un plástico”, comentó López.

Las versiones que ha recogido la justicia transicional dan cuenta de que entre mayo de 2002 y 2007 la guerrilla “marchó” con los diputados por los Farallones de Cali, la selva del Pacífico, luego por Buenaventura (Valle del Cauca), así como por Argelia, López de Micay y El Tambo (Cauca), llegando también hasta Leyva, El Charco e Iscuandé (Nariño).

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Además de las jornadas que dejaban agotados a los políticos, López recordó que lo peor, además del hecho de estar secuestrados, fueron los malos tratos que recibían:

“Si uno reclamaba, le ponían una cadena al cuello, como un perro. Uno resiste vivir en esas condiciones infrahumanas durante 7 años por amor a la familia, con el deseo de volver. Estos tipos cometieron tortura, someter a un ser humano a esas condiciones es el peor de los delitos”, manifestó.

En sus investigaciones, la JEP ha encontrado que varias de las personas responsables por estos hechos están muertas, pero de los que quedan vivos hay algunos que ya están bajo la lupa, como Gustavo Arbeláez, alias Santiago Naya, antiguo jefe del frente urbano ‘Manuel Cepeda Vargas’, quien planeó el secuestro. También Héctor Julio Villarraga Cristancho, alias el Grillo, quien fue el comandante del frente 60, que quedó a cargo de la custodia de los diputados y fue quien dio la orden de asesinarlos el 18 de junio de 2007.

Frente a la imputación que prepara la JEP, las víctimas parten con grandes expectativas, pero pocas esperanzas.

Camilo Sanclemente, abogado de cinco de las familias de los diputados secuestrados, aseguró que las víctimas, “más que esperar una imputación, lo que siempre han buscado es la verdad, que hasta la fecha no ha llegado, no se ha cumplido con verdad plena, detallada y exhaustiva”.

De acuerdo con el defensor, si bien comparecientes de las ex-Farc han aceptado en la JEP el asesinato de los políticos, los relatos que han entregado al respecto están llenos de inconsistencias, “el llamado a la JEP es que han pasado muchos años y con el tiempo, cada vez se va borrando más la verdad, necesitamos que la JEP obligue a las personas a cumplir los compromisos de verdad y si no los quieren cumplir, que inicie el proceso de expulsión. El sinsabor es que la verdad quede por fuera, esta gente lo único que ha hecho es ocultar la verdad”, dijo.

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Ese es el mismo sentimiento del exdiputado López, quien, según confirmó su abogado, renunció a su acreditación en la JEP como víctima –lo cual no significa que no haya padecido estos vejámenes– por su decepción con lo que ha hecho la justicia transicional.

“Espero lo que esperamos todas las víctimas: verdad, justicia y reparación. Y ninguna de las tres ha habido hasta ahora pese a todos los años que lleva la JEP en marcha. La justicia que no es oportuna, que no permite conocer la verdad, que no permite reparar a las víctimas, se desdibuja y deja de ser justicia”, sostuvo, al decir que él fue un férreo defensor del acuerdo de paz, pero contó: “Me he venido desencantado, perdiendo la esperanza en la JEP. Las víctimas no hemos sido el centro, el centro han sido los victimarios. No se ha condenado a nadie, no han sido excluidos de la jurisdicción pese a no cumplir con verdad plena, no se ha reparado a nadie. Las víctimas nos sentimos burladas”.

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En la imputación que estaría lista en las próximas semanas, y que incluirá los nombres y cargos por los que deberán responder los exintegrantes del CCO por secuestros, estarán las primeras claves para saber qué tanto se cumplieron o no esas expectativas, pero por ahora, para el sobreviviente de secuestro López es claro que tanto ahora, como hace décadas, no ha habido voluntad para que los civiles no queden en medio de las hostilidades de la guerra.

“El pueblo colombiano fue generoso y les dio el acuerdo de paz, algunos no renunciaron al narcotráfico y por eso tenemos disidencias. Mientras exista esta economía ilegal que financia a estos grupos armados, la sociedad colombiana seguirá sometida porque hoy en día hay disidencias que viven de la economía ilegal, y el Estado no ha encontrado el camino para que esta gente entienda que merecemos vivir en paz”, concluyó sobre la situación actual.

Dentro del caso 01, por secuestros cometidos por la exguerrilla de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado ya a 17 exguerrilleros.

Los primeros siete fueron los últimos integrantes del antiguo secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, cuyo caso ya avanza en la Sección de Reconocimiento del Tribunal de Paz, que emitirá su sentencia en los próximos meses.

Por su lado, en julio pasado, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó a 10 exmandos medios del Comando Conjunto Central (CCC) por hechos ocurridos en el sur de Tolima, en Quindío y en Huila.

María Isabel Ortiz Fonnegra

Redacción Justicia

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