General (r) Mauricio Santoyo, en la cuerda floja ante la JEP por no aportar verdad plena

Por no aportar verdad plena, obligación de los comparecientes acogidos a la justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el general (r) Mauricio Santoyo está en la cuerda floja en este tribunal. Los magistrados relatores del subcaso en el que se le investiga solicitaron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas abrir un incidente de incumplimiento en su contra.

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En 2021, la Jurisdicción decidió abrirle la puerta al exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado por una Corte de Virginia (Estados Unidos) por "conspirar para dar apoyo material y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)". En ese país purgó una pena de siete años por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Asimismo, estaba siendo investigado por la justicia ordinaria por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, procesos que se encuentran suspendidos mientras se resuelve su situación jurídica por la vía transicional.

Para este fin, la Fiscalía remitió su expediente a la JEP, en el que se le señala como autor de la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), quienes fueron desaparecidos en hechos ocurridos en diciembre de 2000. Por esa época, Santoyo se desempeñó como subdirector de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, y luego como comandante del Cuerpo de Élite Antiterrorista de Medellín.

Pero pese a estar acogido al régimen de condicionalidad, por el que obtuvo el beneficio de la privación de la libertad en unidad policial, según la magistratura, "el alto oficial ha incumplido reiteradamente sus obligaciones al negarse a esclarecer la dimensión y el alcance de su apoyo a las AUC (...) Además, ha evitado mencionar los actos concretos que llevaron a esa conducta delictiva, limitándose a señalar, de manera reiterada, que se trataba de una estrategia jurídica”.

Por esta conducta, la Jurisdicción ya le había dado un ultimátum en diciembre pasado. Le ordenó entregar por escrito un aporte exhaustivo y detallado que esclareciera el vínculo entre agentes estatales y grupos paramilitares en Medellín durante 2001, cuando era una de las cabezas de la Policía de la ciudad.

Casi dos meses después de este llamado de atención, desatendido por Santoyo, los magistrados Óscar Parra y Gustavo Salazar, relatores del subcaso Antioquia del macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y agentes del Estado en asociación con paramilitares y terceros civiles, solicitaron la apertura de un incidente de incumplimiento.

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Entre las pruebas remitidas en la solicitud, que fue dirigida a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se documenta "que el compareciente no ha brindado información sobre la conformación y operación de estructuras paramilitares como el Bloque ‘Cacique Nutibara’ y el Bloque ‘Metro’, a pesar de que múltiples testimonios en la justicia ordinaria lo vinculan con estas organizaciones. Además, no ha esclarecido su posible relación con bandas criminales como ‘La Terraza’ y ‘La Oficina’ en Envigado (Antioquia), limitándose a negarla, pese a la existencia de pruebas y testimonios que documentan su participación en actividades ilegales, incluido el uso indebido de inteligencia estatal".

Sobre los magistrados Pedro Díaz y Mauricio García recae ahora la decisión de abrir o no el incidente en contra de Santoyo, lo que pondría a tambalear los beneficios que recibió bajo el régimen de condicionalidad e incluso podría llevar a su eventual expulsión.

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Redacción Justicia