JEP destapó las historias detrás de 349 ‘falsos positivos’ en Dabeiba y Casanare

En menos de una semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo dos avances significativos en el macrocaso 03, que examina las responsabilidades de máximos comandantes por las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en todo el país: anunció la imputación por crímenes de lesa humanidad y de guerra en el subcaso Casanare a 22 militares por 303 crímenes, y a otros 10 en el subcaso Dabeiba (Antioquia) por 46 víctimas más.

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Tal y como ya pasó con los subcasos de Norte de Santander y de la costa Caribe, la investigación, que implicó la contrastación de múltiples informes de la Fiscalía y de organizaciones civiles, encontró en estos dos casos patrones en el accionar de las tropas que, bajo presiones constantes y con el ánimo de presentar ‘bajas’, asesinaron a civiles que nada tenían que ver con el conflicto armado.

Los uniformados no solo idearon las ejecuciones, sino que cada paso que se necesitaba para poder perpetrarlos estaba planeado, desde el uso de inteligencia para señalar personas, la utilización de reclutadores para engañar a otros, la selección de víctimas, incluidos niños, niñas y adolescentes, hasta el encubrimiento con el papeleo oficial de las supuestas misiones, el traslado de cuerpos, la participación de agentes del DAS o de paramilitares.

Y las víctimas fueron personas señaladas de ser milicianos, así como campesinos, habitantes de calle, desempleados, personas vulnerables, desarraigadas, en situación de discapacidad, adultos mayores, entre otros.

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Edison Alexánder Lezcano Hurtado era un joven campesino de 23 años que acababa de llegar a la casa de sus suegros luego de una jornada de arrancar yuca en el campo cuando, según el expediente, fue retenido ilegalmente y asesinado el 18 de mayo de 2002 en la vereda Alto Bonito de Dabeiba, por la compañía Bravo del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos, adscrito a la brigada 27.

El crimen, según el auto de 300 páginas de la JEP, empezó a fraguarse seis días antes por esa unidad, que lideraba el mayor Edie Pinzón Turcios, y que se trasladó desde Mutatá a Dabeiba para cumplir con una supuesta orden de operaciones para ubicar guerrilleros. El contexto del crimen, agregó la JEP, no fue otro sino cumplir con una orden implícita dada por el mayor Pinzón a un teniente, quien hizo pasar a Lezcano como guerrillero cuando, incluso, él alcanzó a decirles que no lo era.

El 13 de agosto de 2006, Fredy Alexánder Sanabria llevaba un día de rumba con sus vecinos en la vereda El Triunfo de Aguazul, Casanare, porque estaban celebrando un cumpleaños. Sobre las 9:30 de la mañana salió, ebrio, a llevarle comida y bebida a otro vecino cuando fue interceptado por militares del grupo especial Delta 4, adscrito al Batallón de contraguerrillas 23, que supuestamente iban tras integrante del Eln.

Un guía lo acusó de ser guerrillero y este lo negó y, según las versiones en la JEP, el comandante Zamir Casallas dio la orden a José Nicolás Siabayo de ejecutarlo, a pesar de que desde las casas los vecinos gritaban que no lo hicieran. “Lo vistieron, le quitaron la ropita que llevaba y le pusieron armas y lo subieron a un helicóptero como un perro atado de pies y manos”, dijo un testigo.

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A pesar de la forma como se dieron los hechos, los documentos oficiales elaborados por el grupo Delta y el DAS dijeron que Fredy había muerto en un “enfrentamiento”. La orden de operaciones la firmó el entonces coronel Henry William Torres Escalante, hoy general en retiro, quien es el oficial de rango más alto en las dos imputaciones anunciadas por la JEP esta semana.

En el caso de Casanare, la JEP abordó el periodo entre 2005 y 2008; y para el caso de Dabeiba, el periodo 2002-2006. En ambos casos se encontraron patrones comunes, aunque con diferencias. En el caso de Antioquia se halló uno sobre homicidio de desmovilizados y de personas señaladas de ser milicianos, que partió de un prejuicio y que tuvo apoyo paramilitar en la zona del Urabá. Otro patrón fue el asesinato de civiles llevados bajo engaños por reclutadores para presentar resultados y demostrar control territorial.

Y uno más, centrado en la desaparición forzada de las víctimas que fueron inhumadas como ‘N. N.’ en cementerios de Dabeiba e Ituango para encubrir los crímenes y evitar su identificación. Este caso es de especial relevancia porque, como anunció la JEP, a este cementerio se llegó por las versiones de los militares comparecientes, y los crímenes estaban en la total impunidad.

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP recuperó 49 cuerpos en 29 fosas y una bóveda en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, de los cuales se han entregado 11 a sus familiares. El primero fue el de Lezcano, en febrero de 2020, y el más reciente, el pasado 13 de mayo, cuando se entregó a Germán Flórez Jiménez, desempleado de Medellín, quien estaba desaparecido desde 1982.

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De otro lado, en Casanare se encontró que para desaparecer y asesinar personas la forma de actuar fue “aniquilar” a población estigmatizada y vulnerable o desmovilizados, en el marco de una estrategia de incentivos como permisos, planes vacacionales, cursos de formación y reconocimientos para ascensos.

El magistrado Óscar Parra explicó que cuando llegó el entonces coronel Torres Escalante, aumentaron los ‘falsos positivos’ en la Brigada 16. Y dijo que si bien este reconoció su responsabilidad por omisión, se encontraron elementos para señalarlo como autor mediato de la organización criminal. “Torres retransmitió presiones que se venían generando desde el más alto mando del Ejército, desde la comandancia del general (Mario) Montoya; y desde la Cuarta Brigada”, dijo.

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Según el magistrado, el general Torres promovió competencias entre las diferentes unidades que tenía a cargo por resultados y participó con hechos que llevaron a promover la impunidad. Una de las novedades de las imputaciones que precisamente se usó fue el concepto de “guerra jurídica” para desestimar las denuncias que se estaban presentando, porque “desde el alto mando se les indicaba que ese tipo de denuncias hacían parte de una guerra jurídica de la subversión”.

Precisamente, el magistrado Parra anunció que el próximo año, luego de pasar por los subcasos, la JEP se centrará en las responsabilidades que se hubieran presentado a nivel de Divisiones y de la comandancia del Ejército, por lo que incluso serían llamados a versión nuevamente altos mandos. Por ahora, el general Montoya, quien siempre ha negado participación alguna en los crímenes, fue citado dentro del subcaso Antioquia para septiembre.

Tras la imputación, la JEP citará a una audiencia en la que los militares imputados manifiesten si aceptan su responsabilidad en los hechos.

Se espera que en lo que queda del año se profieran las primeras condenas en el caso 03 de ejecuciones ilegales, especialmente sobre los expedientes del subcaso del Catatumbo.

En el caso 01 sobre secuestro, en el que exjefes de las Farc aceptaron responsabilidad en la práctica sistemática del crimen y los maltratos en el cautiverio, los magistrados ya están evaluando sus manifestaciones.

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En el subcaso de Dabeiba fueron imputados los coroneles en retiro Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada 11), David Herley Guzmán (excomandante del Batallón de Contraguerrillas N.° 26 Arhuacos), Efraín Enrique Prada (excomandante del Batallón de Contraguerrillas N.° 79) y Edie Pinzón (excomandante del batallaron Arhuacos).

Así como los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez y Hermes Mauricio Alvarado; los sargentos en retiro William Andrés Capera, Fidel Iván Ochoa y Jaime Coral Trujillo; y el soldado profesional Levis de Jesús Contreras Salga.

El abogado Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, que lleva la representación de una de las víctimas encontradas en el cementerio Las Mercedes, le dijo a EL TIEMPO que la decisión es un paso para el esclarecimiento de la verdad que reafirma el carácter generalizado de las ejecuciones, y que evidencia la relación que existió entre paramilitares y algunos integrantes del Ejército.

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Arboleda recordó que, sobre estos casos, aunque había asignaciones en la Fiscalía, no había avances. “El tema de responsabilidades es importante porque estos casos no habían sido abordados de manera adecuada por la Fiscalía a pesar de que tenían en su poder los cuerpos”, agregó al tiempo que dijo que ya es hora de que se avance en determinar responsabilidades de altos mandos a nivel de Divisiones y otras autoridades.

“El cementerio de Dabeiba estaba siendo usado como depósito de cuerpos en fosas comunes y demuestra lo escalofriante de las ejecuciones”, agregó.

En el caso de Casanare, la JEP llamó a 22 militares y a tres partícipes no determinantes; entre ellos, un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales, pertenecientes en su mayoría a la Brigada 16, el Gaula Casanare, el batallón de Infantería N.° 44 Ramón Nonato Pérez y a los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, así como al DAS.

En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto, el coronel (r) Germán Alberto León y el coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.

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El abogado Rafael Gaitán, quien representa a más de 25 víctimas de ese caso, reconoció los avances en la investigación: “Después de 17 años de negaciones, de ocultamientos de la verdad, de impunidad, el trabajo que hizo la JEP para el Casanare y las poblaciones de influencia implica que hay una base probatoria importante sobre la que se tiene que edificar hacia arriba (en la cadena de mando) toda la forma de justicia, verdad y reparación en compensación a las víctimas”, dijo.