Reconocimientos y devolución de medalla en audiencia por 'falsos positivos' en Casanare

En la investigación de la JEP aparecen 21 militares, un agente del extinto DAS y dos civiles.

El general (r) Henry William Torres Escalante es uno de los más altos oficiales en reconocer los 'falsos positivos' en la JEP. Foto: Archivo EL TIEMPO / EFE

18.09.2023 09:41 Actualizado: 19.09.2023 07:23

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Hombres de la Brigada 16 del Ejército se aliaron con un agente del extinto DAS y dos civiles para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008.

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Más de una década después, los exmilitares vinculados a graves delitos, entre ellos el general (r) Henry William Torres Escalante, aceptaron su responsabilidad en el homicidio de 296 personas y en una audiencia pública en Yopal, pidieron perdón a los familiares de las víctimas.

A los procesados la JEP les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.

Según la investigación de la JEP, en su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, en el subcaso Casanare se acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa; es por ello que por primera vez la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.

Magistrado Óscar Parra, relatos del caso. Foto:JEP

Durante la audiencia, que comenzó este 18 de septiembre, intervino Johanna Torres, familiar de dos personas asesinadas en marzo de 2007 y presentadas como bajas en cómbate por integrantes de la brigada 16 del Ejército.

Tras el crimen de sus familiares la mujer fue víctima de persecución y amenaza lo que la obligó a su desplazamiento.

"Nos quitaron la niñez, nos obligaron a crecer sin el amor de nuestros padres y nos obligaron a salir a la calle a trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares. Acá estamos las víctimas no para mendigarles la verdad, sino para exigirles la verdad", dijo la víctima de la violencia.

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Y cuestionó a uno de los exmilitares presentes en la audiencia al señalar que inicialmente dio una versión sobre la muerte de sus familiares y luego cambió la declaración.

Pidió a la JEP que se investiguen los movimientos financieros del general Torres Escalante y del teniente en retiro Marco Fabián García Céspedes para establecer si el cambio de versión del uniformado está relacionada a pagos hechos por el oficial.

Afirmó que un integrante del B-2 del Ejército de apellido Sarmiento Valbuena está relacionado con el crimen de sus familiares y no ha sido procesado por la justicia. Dijo que esa persona se encuentra en Estados Unidos sin responder por sus crímenes.

"Sigo teniendo el dolor en el pecho de no saber que pasó con mis familiares", finalizó la víctima que insistió en la necesidad que se sepa toda la verdad de lo sucedido.

Luego intervino Lucy Yadira Ochoa, hija de Fermín Ochoa, desaparecido por integrantes del Ejército y quien también insistió en que algunos de los militares involucrados siguen sin decir la verdad.

"Me quitaron la oportunidad de crecer con un padre, yo tenía 13 años cuando lo asesinaron. ¿Quién entregó a mi papá?, ¿Porqué lo hizo?", señaló la mujer tras recordar que su abuela murió "pensando que su hijo era un informante, pero eso no era cierto, mi papá no era ningún informante, yo vengo a que me digan la verdad".

General Henry William Torres Escalante ante la JEP. Foto:JEP

La magistrada Catalina Diaz, se dirigió entonces a los exmilitares presentes en la sala y señaló que para recibir la pena alternativa tenían que decir toda la verdad de sus delitos, con todos sus detalles.

"Queremos reiterar que la Constitución que nos rige exige la verdad completa, detallada y exhaustiva. ¿Porqué se asesinó a estas personas?. Queremos saber todo de esos asesinatos", advirtió.

El primero de los procesados en intervenir fue el sargento segundo

Faiber Alberto Amaya Ruíz. "Con vergüenza, dolor y tristeza vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en delitos entre julio de 2005 y abril de 2007", dijo el exmilitar.

Igualmente señaló que fue comandante de una escuadra y luego trasladado a una unidad especial de la Brigada 16 en donde participó en operaciones en las que se presentaron civiles como integrantes de grupos ilegales muertos en cómbate.

Entre las víctimas, dijo el procesado, fue retenido un menor de edad que acababa de salir del colegio y que luego fue asesinado.

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"Luego de presentar estos asesinatos en lugar de ser investigado y sancionado, fui premiado con un curso en Estados Unidos durante tres meses" , indicó el exmilitar tras señalar que cuando terminó el curso fue trasladado al Gaula Militar en donde parte de sus funciones era dar apariencia de legalidad a operaciones en las que asesinaban a campesinos.

"Mi rol criminal criminal había cambiando, mi nuevo rol era de dar viso de legalidad a todas las operaciones ilegítimas del Gaula (Casanare) suscribiendo actas de operaciones, haciendo acusaciones falsas para presentar las muertes en combate", reconoció el exmilitar.

Y añadió que quiere reconocer su responsabilidad en los delitos cometidos y en el daño ocasionado a sus familiares y seres queridos.

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"Hubo hijos que crecieron sin sus padres porqué alguien que se creía Dios terminó con el palpitar del corazón de sus padres, ese corazón que sólo tenía amor y cariño por sus hijos", dijo Amaya Ruiz tras señalar: "qué difícil es hoy es estar frente a ustedes reconociendo lo que hicimos".

"Yo recibí $45 millones de parte de mi Gr. Torres Escalante, para q cambiara mis versiones sobre falsos positivos en la justicia ordinaria": confesión del Teniente(r) del ejército Fabian García Céspedes en la @JEP_Colombia al reconocer su responsabilidad en 296 falsos positivos pic.twitter.com/QSjrxFIrFq
— mapiaguilars (@mapias15) September 19, 2023

El teniente Marcos Fabián García Céspedes, como comandante de uno de los grupos cuestionados, es señalado de ordenar y ejecutar la muerte de civiles inocentes para incrementar los resultados de las unidades militares a las que pertenecía.

"Jamás voy a estar en paz conmino porque he fallado en versiones en las que he dicho versiones que no son verdad. Era un hombre joven y sin experiencia pero eso no justifica mis malas acciones", dijo el procesado y añadió que fue instrumentalizado por sus superiores para crear una sensación de falsa seguridad en la comunidad y fue premiado por esas acciones criminales.

Dijo que en el pasado recibió presiones y dinero de sus superiores para no delatarlos ante la justicia.

El magistrado Óscar Parra dijo en la audiencia que es muy grave el reconocimiento que hizo el exmilitar de que mintió en algunas diligencias y que eso tendría consecuencias en el marco de las investigaciones.

Y añadió que la JEP va a valorar e indagar los cambios en las versiones que han dado los procesados para tomar decisiones de fondo.

Ante una pregunta de los magistrados el teniente reconoció que estando preso en la base militar de Tolemaida recibió 45 millones de pesos de parte del general Torres Escalante para cambiar una versión de los hechos. Los hechos se dieron en la justicia ordinaria.

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Dos de las víctimas presentes en la audiencia pidieron la palabra e insistieron que el exmilitar sigue mintiendo en sus versiones y que está intentando proteger a sus superiores.

Luego se dio la palabra a otro uniformado. "Hoy vengo con el corazón en la mano y vergüenza ante ustedes", dijo Edwin Leonardo Toro Ramírez, teniente retirado, quien fue comandante del grupo Delta 5 y miembro del Gaula Casanare.

Toro expresó cómo sentía que defraudó a la región casanareña.

Devolución de medalla

Rivera reconoció que entre noviembre de 2006 y noviembre de 2007 se convirtió en criminal. "Aporté a la desaparición forzada de personas inocentes y posteriormente a su asesinato, no cumpliendo las funciones que debía cumplir como jefe de inteligencia", dijo. pic.twitter.com/SP8Tu9Z4rX
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 19, 2023

En horas de la tarde otro de los comparecientes que habló fue Jaime Alberto Rivera Mahecha, quien fue jefe de la unidad de inteligencia en el Gaula Casanare.

Rivera reconoció que sus acciones en esta unidad produjeron el asesinato de 59 personas, y dijo que entre noviembre de 2006 y noviembre de 2007.

"En ese periodo me convertí en criminal. Aporté a la desaparición forzada de personas inocentes, precisamente no cumpliendo las funciones que debía cumplir como jefe de unidad de inteligencia. De esa manera aporté a que todo este macabro entramado criminal continuara desde el momento en que llegué a esa brigada", sostuvo.

Jaime Alberto Rivera Mahecha, exjefe de la unidad de inteligencia en el Gaula Casanare, devolvió una medalla que obtuvo en el Ejército por hechos que fueron 'falsos positivos' en Casanare. Foto:JEP

Tras su reconocimiento, Rivera dijo que quería devolver la medalla de condecoración que recibió del Gaula como premio por los resultados operacionales.

"Esas felicitaciones no pueden hacer parte de mi hoja de vida porque fueron obtenidas de manera engañosa, mentirosa y criminal", dijo.

Al respecto, Fernando Rodríguez, abogado de víctimas, dijo que las víctimas reciben este acto con sorpresa, pero de buena forma, pues entienden que los comparecientes están "empezando a comprender y a buscar una manera de reparación simbólica a las víctimas".

El mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre 2006 y 2007, reconoció su responsabilidad por 'falsos positivos' en audiencia de la JEP en Casanare. Foto: 18/09/2023 Foto:JEP

En la audiencia del lunes también habló el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien fue comandante del Gaula Casanare entre 2006 y 2007.

Soto Bracamonte relató cómo las presiones por resultados eran constantes desde su llegada al Gaula Casanare y la Brigada XVI.

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Así mismo, señaló que el general Torres Escalante le mostraba un tablero acrílico que llevaba el conteo de bajas y sentía que debía "dar la talla".

Así mismo, el mayor en retiro contó cómo poco a poco le conformaron un grupo de oficiales y suboficiales que calificó como "expertos para dar bajas, es decir, expertos para matar (...). Fue cuando el Gaula empezó a dar bastantes bajas, presentar muertos".

De otra parte, él contó que había presiones constantes por parte del comandante del Ejército, que para entonces era el general Mario Montoya, quien presionaba a los comandantes diciendo: "¿Es que en Barranco Minas no hay guerrilla? Coloque el batallón en línea, dispare y vaya recoja".

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