El debate por conclusión de la JEP sobre 'falsos positivos' y política de seguridad de Uribe

Los 'falsos positivos' fueron una política de facto y no derivaron de la seguridad democrática. Al margen de las responsabilidades y los hechos, esta es quizás una de las conclusiones más relevantes a la que ha llegado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de su investigación del caso 03, que busca esclarecer los homicidios y desapariciones forzadas presentadas por la Fuerza Pública como bajas en combate.

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La afirmación salta a la vista en la recientemente publicada imputación en contra de 35 exmilitares y cuatro generales por estos crímenes de Estado. La magistratura aseguró que, revisando los indicadores de la política de 'Seguridad democrática' y el 'Plan Patriota', dos insignias del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, las bajas no fueron el único medidor de éxito.

En este sentido, apuntan a las comandancias militares de la época, a los generales y cabezas de batallones como los responsables de las presiones, amenazas e incentivos por el cuerpo caído del enemigo. Esta carga derivó en un patrón criminal en el que 6.402 personas inocentes (el universo provisional de víctimas) fueron asesinadas y presentadas como de los grupos armados ilegales, según la JEP.

Estos crímenes, si bien venían ocurriendo fuera del lente mediático desde antes de los 2000's, tuvieron un pico en el año 2002. Así lo registran las cifras de la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica que tiene bajo su poder la Jurisdicción. La olla podrida terminó por destaparse entre el 2006 y 2008, bajo la istración Uribe, lo que repercutió en el estigma que cargaron contra su Gobierno (Presidencia y Mindefensa) por su presunta responsabilidad. 

Sin embargo, tras más de siete años de investigación y una guerra emprendida desde los sectores uribistas con el alto tribunal por una supuesta parcialidad inclinada hacia el bando militar, la JEP determinó que fue una política de facto, no de Estado.

"En el marco del discurso oficial del presidente de la República sobre el propósito nacional de derrotar al terrorismo, el documento oficial sobre la Política de Defensa y Seguridad Democrática se trazó como objetivo general hacer realidad el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Se trataba de reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley, y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común”, indicó la JEP.

La prevalencia en el número de bajas que desde los altos mandos militares impartían a sus tropas no fue consignada en la política de 'Seguridad democrática' ni en el 'Plan patriota'. De hecho, estas directrices tenían otros indicadores como las capturas, las desmovilizaciones o incluso métricas intangibles como la ausencia de secuestros o retenes ilegales.

No pasaba lo mismo en las guarniciones. "La evidencia judicial demuestra que, con sus órdenes y lineamientos, los comandantes condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando", se lee en la última imputación.

En redes sociales, que ha sido la tribuna de la histórica discusión política Izquierda-Derecha en los últimos años, simpatizantes de la tendencia del expresidente Uribe respaldaron la conclusión. "Los Falsos Positivos no fueron una política de la Seguridad Democrática", trinó en su cuenta de X el partido Centro Democrático. 

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"Se la cayó la narrativa a la izquierda mentirosa. Los falsos positivos no fueron ninguna política de la Seguridad Democrática. La propia JEP, si, la misma justicia transicional les tumbó el cuento barato a quienes se aprovecharon de las víctimas y politizaron su dolor para buscar votos", comentó Claudia Carrasquilla, exfiscal y concejal de Medellín.

Mientras tanto desde la otra orilla Rodrigo Londoño, alias Timochenko en las extintas Farc, arremetió contra la magistrada Catalina Díaz, relatora del caso, tras esta afirmación: "Esa magistrada fue integrante de la delegación del Gobierno en las negociaciones de paz. Es decir, es jueza y parte. Su papel es lavar la cara a Uribe por sus crímenes. La JEP dejó de ser una justicia para la paz hace mucho rato. Ya no respeta ni los derechos de las víctimas".

El camino que falta para concluir la investigación del patrón criminal es la fase nacional. En esta etapa se busca llegar a las más altas esferas del poder de la época para determinar las talanqueras que pusieron para frenar el patrón criminal a medida que se fue revelando.

De hecho, a partir de una decisión que tomó el expresidente Álvaro Uribe, en 2008, de desvincular a 27 oficiales por asesinatos y desapariciones forzadas, la JEP destaca que se logró una caída abrupta en las cifras de 'falsos positivos'. "Estos hallazgos nos marcan una dirección frente al tramo faltante de la investigación", aseguró la magistrada Díaz.

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Redacción Justicia