La JEP imputa a cuatro generales y 35 exmilitares por 'falsos positivos' en Antioquia

Por primera vez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó actos de tortura, además de las desapariciones y homicidios presentados como bajas en combate, conocidos como 'falsos positivos', a 35 exmilitares responsables de estos crímenes de guerra. También acusó por estos hechos a cuatro generales en retiro, entre ellos Óscar Enrique González Peña, excomandante de la IV Brigada del Ejército, ubicada en Antioquia.

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“A-6 (…) cuándo va a hacer una baja mi mayor. Un mayor de infantería y no ha hecho una bajita. Si usted no lo hace yo lo meto allá donde esté el enemigo, póngase las pilas mi mayor”, le dijo el excomandante González Peña a la tropa en un programa radial del 14 de diciembre de 2006.

Como este, una decena de testimonios en los que altos mandos militares incentivaban una 'política de conteo de cuerpos', forman parte de los folios de la investigación del caso 03, que ha esclarecido y detallado el patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública para engrosar los resultados operacionales.

Una de las unidades militares con mayor número de estos casos fue el Batallón de Infantería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez' (Bajes), que pertenece a la jurisdicción de la Cuarta Brigada. El general (r) Mario Montoya, uno de los oficiales más destacados de los gobiernos de Uribe y Santos, fue uno de sus comandantes. Actualmente, es acusado de más de un centenar de 'falsos positivos' y, por no aceptar su responsabilidad en estos crímenes, está ad portas de ir a juicio y enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Esta nueva imputación, que la JEP expide bajo el nombre de 'Auto de determinación de hechos y conductas', es la séptima de este macrocaso. Los nuevos llamados a itir su culpabilidad y encarar a las víctimas a cambio de no ir a prisión y recibir sanciones restaurativas son los generales Óscar E. González, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodríguez y Juan Carlos Piza, así como 35 oficiales y suboficiales, quienes pasaron por los batallones 'Jorge Eduardo Sánchez', 'General Pedro Nel Ospina', 'Coronel Atanasio Girardot', 'General Pedro Justo Berrio', la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 y el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral.

En estas unidades, adscritas al subcaso Antioquia, la JEP identificó, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, al menos 270 hechos de 'falsos positivos' con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Asimismo, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas.

"Al menos 187 fueron asesinadas bajo la modalidad de retención tras un señalamiento arbitrario y 146 lo fueron por engaño. En otros 17 casos, se trató de combatientes que se entregaron a las tropas del Ejército con la intención de acogerse a los programas oficiales de desmovilización y reinserción. Finalmente, al menos 10 víctimas fueron asesinadas en la modalidad oportunista", determinó la Sala de Reconocimiento.

El delito de tortura es nuevo en la imputación contra exmilitares y se encontró en al menos 22 casos, especialmente en campesinos del oriente antioqueño, quienes fueron perfilados falsamente como guerrilleros o milicianos. "Ellos fueron torturados para que entregaran información, material de guerra o a otros de la guerrilla que supuestamente escondían", determinó el tribunal.

"Como me dijo un soldado: 'no se lo podemos entregar porque es que nosotros tenemos que dar resultados. Para él era un resultado, para mí era todo en la vida. Mi amigo, mi compañero, en las buenas y en las malas. El padre de mis hijos, el amor de mi vida. Y sé que no lo reviviré con lo que hago, pero sé que al menos el nombre de él quedará limpio", dijo ante la JEP, Marta Isabel Guerra, esposa de Luis Albeiro Avendaño, uno de los inocentes asesinados por el Ejército y presentado como guerrillero. 

La presión por los resultados fue el común denominador en estos crímenes de Estado. Los 'litros de sangre' que exigía el general (r) Mario Montoya a sus tropas, se suman a las "bajitas" del general (r) González Peña y a las órdenes de los comandantes militares de regiones como Antioquia, Casanare, Cesar y Catatumbo. 

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El objetivo, que lo consigna la JEP en este auto, era "sumar la mayor cantidad posible de bajas en combate, privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar". 

De acuerdo con la magistrada relatora del caso, Catalina Díaz, los máximos comandantes pusieron a competir a las unidades militares por el número de bajas, les ofrecieron beneficios, condecoraciones y ascensos por este indicador y amenazaron a quienes no entregaban estos resultados. 

Los cuatro generales en retiro imputados se suman a otros siete, entre ellos Paulino Coronado, Mario Montoya y Henry William Torres Escalante, quien reconoció su responsabilidad por estos hechos y, en un acto de reparación hacia las víctimas, pidió devolver las medallas que recibió cuando estaba al frente de la Brigada XVI. 

"La evidencia judicial demuestra que, con sus órdenes, lineamientos y directrices y sus mensajes cotidianos a las tropas en sus programas de radio, los generales (r) condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando", se lee en el documento. 

En respuesta, los mandos medios adoptaron la "práctica sistemática de asesinar a civiles indefensos" que no pertenecían a ningún grupo armado y, en contravención a las normas del Derecho Internacional Humanitario, la JEP identificó que, para aumentar las bajas, ejecutaban a combatientes que se rendían en combate o eran capturados.

Con el séptimo Auto de determinación de hechos y conductas, está por concluir la fase territorial del caso que investiga los 'falsos positivos'. Según Díaz, falta por determinar las responsabilidades a nivel nacional, un capítulo en el que se apuntaba a la vinculación de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, escenario que fue descartado por la magistratura. "La JEP no tiene competencia para investigar a expresidentes", aseveraron. Sin embargo, sí pueden ser llamados como testigos, una carta que determinarán usar a medida que avance el proceso. 

La Jurisdicción bajó el tono en los señalamientos sobre la 'política de conteo de cuerpos' que se la atribuye a los comandantes militares, y no la asume como una política de Estado.

La magistrada Díaz aseguró incluso que la prevalencia del número de bajas no fue consignada en la política de 'Seguridad Democrática' ni en el 'Plan Patriota' (de Álvaro Uribe), que incluían otros indicadores como las capturas, las desmovilizaciones o incluso métricas intangibles como la ausencia de secuestros o retenes ilegales. "Esto nos marca una dirección frente al tramo faltante de la investigación".

"La política de conteo de cuerpos que encontró probada la Sala de Reconocimiento al interior de la Brigada IV, es una política de facto, es decir que no fue consignada formalmente en una ley, decreto o documento oficial de planeación, sino que fue puesta en marcha por los comandantes militares, de manera muy efectiva, en los teatros de operaciones militares. Esta política no está consignada ni surge del documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50. De hecho, es contraria a lo previsto expresamente en estos documentos oficiales", dice el auto. 

Lo que la magistratura seguirá esclareciendo son las medidas que se tomaron desde el alto Gobierno para frenar este patrón criminal. En Antioquia, por ejemplo, se realizó una reunión con funcionarios en abril de 2006 en la que se puso sobre la mesa las ejecuciones extrajudiciales. De igual forma, se tomaron decisiones sobre el levantamiento de los cuerpos, que eran realizados por las mismas unidades militares, lo que ayudó a encubrir este crimen de guerra. 

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De hecho, a partir de una decisión que tomó el expresidente Álvaro Uribe, en 2008, de desvincular a 27 oficiales por asesinatos y desapariciones forzadas, la JEP destaca que se logró una caída abrupta en las cifras de 'falsos positivos'. 

Redacción Justicia