‘Causa desconcierto cómo un jefe de Estado va a autoincriminarse por su propia incapacidad’: presidente de la JEP

¿Qué responden frente a la afirmación del presidente Gustavo Petro de que la JEP no es un tribunal de cierre?
Esa es una afirmación que tiene una enorme ambigüedad adentro. ¿Qué se entiende por un tribunal de cierre? Es aquel que puede definir de manera definitiva la situación jurídica de una persona. Nosotros tenemos la competencia para definir de manera definitiva la situación jurídica de de la Fuerza Pública y de las antiguas Farc, de funcionarios públicos y terceros que nosotros recibamos. Todas esas personas pueden tener la certeza de que la JEP es su tribunal de cierre y estamos haciendo enormes aportes a la verdad. Ahora, otra cuestión distinta a la que se refiere el Presidente es al tribunal de cierre que se imagina, y ese es uno en el que se pueda juzgar a todos los actores del conflicto armado. Ese tribunal de cierre no existe y es muy posible que no vaya a existir, porque lo que hay es una serie de competencias repartidas entre diversas autoridades judiciales, que se ejercen de conjunto.

¿Cuando el presidente Petro hace este tipo de afirmaciones desconoce el trabajo que ustedes han estado haciendo?
Tal vez lo haga sin proponérselo, pero sí queda en el ambiente como que la JEP no estuviera cumpliendo una función de tribunal de cierre para los actores sobre los que tenemos competencia, es una función que se viene ejerciendo de una manera muy estricta y con grandes aportes a la verdad. Ahora bien, los mecanismos para juzgar 60 años de conflicto van superponiendo capas de verdad y de juzgamiento. Entonces cuando alguien dice ‘en Colombia no hay tribunal de cierre’, no solo está desconociendo el trabajo de la JEP, sino también el de la Fiscalía General de la Nación, de los tribunales de Justicia y Paz, y de la Corte Suprema de Justicia, que han contribuido en el cierre de otros sectores y sumado competencias de cierre que van acercando a una comprensión cada vez mayor del conflicto armado.

El Presidente también dijo que va a advertir en la ONU que ‘el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz’, ¿cómo ve esa afirmación?
El Presidente de la República es el jefe del Estado y tiene como función representar al Estado en su conjunto ante las autoridades internacionales. Cuando él o el ministro de Relaciones Exteriores van a una entidad internacional, no están representando al Gobierno o al Legislativo o al Judicial, sino al conjunto del Estado. Eso resulta muy intrigante, y nos lo manifestaron en el Consejo de Seguridad, cuando el anterior canciller (Álvaro Leyva) salió a acusar al Estado colombiano de incumplimiento del acuerdo. El jefe del Estado es el responsable, justamente, de las obligaciones del Estado en el exterior. Ahí es cuando yo digo, y nos lo dijeron las autoridades internacionales, que causa enorme desconcierto cómo un jefe de Estado va a autoincriminarse de su propia incapacidad. Que un jefe de Estado vaya a decir que su Estado mismo no quiere cumplir el acuerdo es un completo contrasentido.
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Esta no es la primera vez que de parte del Gobierno se hacen críticas o desconocimientos de la JEP, ¿cree que es porque están incómodos con el trabajo de ustedes?
Veo dos cosas. Interpreto las legítimas preocupaciones del Presidente por el avance en el cumplimiento de los acuerdos, las dificultades que ha tenido, la cantidad de firmantes asesinados y todas las frustraciones que hay. Está bien que el Gobierno se preocupe porque es uno de los grandes responsables de que eso se cumpla. Pero, por otra parte, creo que deja mucho que desear el nivel del manejo del derecho internacional por parte de las autoridades del Gobierno y de los asesores jurídicos del Presidente, pues cuando estas autoridades han ido a hacer esas denuncias, nadie puede entender a qué se están refiriendo. Y le pongo un ejemplo contrario, hace un mes fuimos con el hoy canciller Murillo al Consejo de Seguridad a hacer una afirmación razonable, que era decir ‘en Colombia tenemos problemas para ejecutar los acuerdos, estamos empeñados en hacerlo’. En ese momento, el canciller Murillo dijo: “Reconocemos el trabajo de toda la Rama Judicial en Colombia, la estamos apoyando, estamos buscando salidas”, eso es perfectamente entendible afuera, pero cuando va una autoridad a decir ‘vengo a denunciar a las propias autoridades de mi Estado’ es cuando llegamos al sitio de la incomprensión absoluta de parte de las autoridades internacionales.

¿Cree que este tipo de afirmaciones afecten el apoyo que la comunidad internacional le ha dado a Colombia para implementar la paz?
Lo que creo que se puede afectar es la credibilidad de Colombia, porque el proceso de paz en Colombia, con todas las dificultades que advierte el Presidente, es un proceso que es reconocido en el mundo como uno de los grandes avances en la construcción de la paz. Los del Consejo de Seguridad nos decían que en un mundo donde está pasando lo que está pasando en Medio Oriente, en Ucrania, ven con ilusión lo que hemos logrado en Colombia. Nos dijeron: “Así ustedes tengan problemas, el avance que están haciendo es una luz en el contexto de la comunidad internacional, le da señales al mundo de que es posible desarrollar acuerdos que conduzcan hacia la paz y que el camino hacia la guerra no es el único que tenemos que recorrer”. Eso es un patrimonio del país construido a través de todos estos años de implementación del acuerdo. Y cuando se propone desde el Gobierno ir a las instancias internacionales a hacer unas autoacusaciones y una lectura completamente apocalíptica del cumplimiento de los acuerdos, lo que estamos es sacrificando uno de los grandes patrimonios que tiene el país, que es el reconocimiento y el apoyo internacional.
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​El mensaje interno de desconocimiento al trabajo de la JEP contrasta con el espaldarazo que les reiteró hace unas semanas el fiscal de la Corte Penal Internacional...
Es el drama de nuestra propia historia. La miopía para ver los avances que tenemos en el país en el marco de las condiciones tan complejas en las que adelantamos estos procesos. Nadie afuera está diciendo que este proceso es perfecto o que no faltan mil cosas. Ellos son completamente conscientes de eso, pero el reconocimiento que se hace en el exterior de los avances en Colombia es mucho mayor y más transparente que el que se hace internamente, que parece estar envuelto en unas nubes de debate político y polarización.
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¿Cree que la afirmación de que Colombia no quiere cumplir el acuerdo puede hacer que la I reconsidere su decisión de cerrar el examen preliminar al país?
Yo confío en que eso no vaya a pasar, pero sin duda una afirmación como esa, de que el Estado colombiano no va a cumplir el acuerdo y no está cumpliéndolo, por supuesto que nos expone a los mecanismos de escrutinio internacionales. Si el propio Estado es el que sale a confesar que no está dispuesto a cumplir el acuerdo, por supuesto nos pone en ese riesgo, y perderíamos todo el camino avanzado y la credibilidad que ha logrado el Estado colombiano en el exterior sobre la base de avances concretos evaluados por instituciones internacionales como la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia o el Instituto Kroc. Acá hay un seguimiento meticuloso de todas las metas que están consignadas, esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión de medición.

¿Cuáles son esos avances concretos en la JEP que pareciera que el Presidente no quiere ver?
Él está preocupado por la verdad y ha dicho que la justicia tiene que estructurarse en torno a los aportes a la verdad. Los aportes a la verdad que ha logrado la JEP, a través de la investigación de los casos, son aportes que no habían tenido lugar antes en la justicia. A partir de lo que ya había hecho la justicia ordinaria, hemos podido ir muchísimo más allá, hemos conocido de crímenes que no se conocían y hemos construido un sistema restaurativo.

¿Le haría algún tipo de llamado al Gobierno para que, en vez de estar criticando, apoye cosas que requieren de su ayuda?
Nosotros siempre hemos sido sumamente respetuosos de los poderes públicos y aquí no solo tiene que comprometerse el Gobierno, sino cada uno de los poderes. Nosotros estamos haciendo nuestro aporte y estamos comprometidos en seguir haciéndolo. Las críticas hacen parte del equilibrio de poderes para poder hacer estos debates públicos y avanzar en la preocupación nacional por el cumplimiento del acuerdo.

María Isabel Ortiz Fonnegra
​Redacción Justicia:
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