El detrimento de $160.000 millones por compra estatal de Los Cachorros y otras fincas

A 130 kilómetros de Puerto Gaitán, Los Cachorros, una hacienda de más de 13.000 hectáreas, fue uno de los predios adquiridos por el Gobierno en el marco de la reforma rural integral. Junto con otro centenar de fincas, generó un detrimento a la Nación por más de 160.000 millones de pesos. Así lo expuso la Contraloría en la última auditoría realizada a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), revelada por EL TIEMPO en diciembre pasado, que fiscalizó la actuación de la entidad en los períodos comprendidos entre 2022 y el 30 de abril de 2024.

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Los Cachorros, que durante la istración de Gerardo Vega fue presentada como 'un paraíso' que entregaría el Gobierno Petro a más de 100 familias campesinas, se trata de una tierra ácida y arcillosa "que para ponerla a producir exigiría inversiones que se estiman en 200 mil millones de pesos, según un concepto agrotécnico. Además, en el predio hay humedales, cuerpos de agua y hasta territorios ancestrales", registró la Unidad Investigativa de este diario en junio de 2024.

Sumado a su inaptitud para la reforma rural integral, que busca redistribuir la tenencia de la tierra y titularle al campesinado predios para que puedan producir, el proceso de compra, avalúos y pagos por parte del Gobierno, presentó irregularidades. 

Desde 2023, un año antes de efectuarse la transacción, la Fiscalía alertó que este trámite podría constituir una presunta estafa para las arcas públicas, ya que los más de 10 propietarios de la finca fueron adjudicatarios en 2005 de lotes baldíos propiedad del Estado y que, pese a estar prohibido, las englobaron en un solo predio. Es decir, la Nación terminó adquiriendo tierras que ya eran de su propiedad.

"Su valor es de 38.675 millones de pesos, pero solo se había pagado el 30%, es decir, 11.602 millones de pesos. El saldo pendiente por pagar es de 27.073 millones de pesos, y por tanto, se evitó un posible detrimento por el restante 70%, mientras se esclarecían los hechos", informó la ANT sobre este caso. 

Dos semanas después de asumir el cargo como director de la Agencia, Felipe Harman denunció este y otros procesos, en los que logró frenar millonarios pagos. La Procuraduría también realizó una visita istrativa a la entidad, durante la cual halló anomalías disciplinarias, y ahora la Contraloría confirma el millonario desfalco: 14 irregularidades, seis de ellas con incidencia fiscal por más de 160.000 millones de pesos.

Como el caso de Los Cachorros el principal hallazgo tiene que ver con la aptitud de los predios para la agricultura. "Se identificaron adquisiciones de predios en diversas regiones, muchos de los cuales presentan suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones", expuso el ente de control. 

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De acuerdo con la Contraloría, estos suelos representan más del 50 % de la superficie de varios de los predios adquiridos. "Esto va en contra de la normativa establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de predios destinados a los campesinos con áreas que presenten más del 20% en suelos de clase VII y VIII", se lee en la auditoría. 

Esta clasificación de los suelos se basa en limitaciones que restringen su uso. Por ejemplo, los suelos de clase VII son aptos para pastos y silvicultura, mientras que los de clase VIII son para recreación y vida silvestre.

Además, algunas de las fincas adquiridas cuentan con humedales que ocupan el 30 % de su superficie, lo que limita aún más su uso para actividades agropecuarias, que es el objetivo principal de la reforma rural.

"Estas adquisiciones no cumplen con los requisitos para ser aptas en el desarrollo de proyectos productivos del marco de la Reforma Rural Integral, lo que pone en riesgo el buen uso de los recursos públicos destinados a estas poblaciones, que ascienden a $43.306 millones de pesos", señala el informe.

Las afectaciones de este tipo de irregularidades en el avance de la reforma rural y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a las comunidades campesinas y étnicas beneficiarias fue una de las preocupaciones del ente de control. Ya el contralor general Carlos Hernán Rodríguez había cuestionado los avances a paso de tortuga de esta política, consignada en el punto uno de los acuerdos de paz. 

“Con el ritmo que se tiene con corte a enero de 2024, se necesitaría más de 3.984 años para adjudicar las 2.994.739,2 hectáreas faltantes” aseguró Rodríguez en octubre pasado. 

De acuerdo al informe, de los 205 predios fiscalizados y que estaban disponibles para su adjudicación, solo el 12,2 % fueron entregados a la población campesina, el 5,3% a comunidades indígenas y tan solo el 1% a comunidades negras, los tres destinatarios de la reforma agraria. Esta situación generó un presunto detrimento de los recursos públicos en cuantía de $110.322 millones de pesos.

"El retraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz", insistió la entidad. 

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Redacción Justicia