Colombia tiene un porcentaje de mujeres víctimas de trata superior a la media mundial: 83 versus 65 por ciento. Así lo dijo la Procuraduría General en un informe que expone un grave panorama en la materia y que evidencia fallas de atención estructurales en todo el país.
La entidad dijo que entre el 2020 y agosto de 2022, se registraron 396 casos, según el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior.
Sin embargo, la Procuraduría precisó que podría existir subregistro de información, dada la normalización de esta forma de violencia, así como la falta de credibilidad en las víctimas.
Además, indicó que en el país hay una serie de riesgos que son aprovechados por los tratantes como las necesidades económicas, la condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de niños, niñas y adolescentes.
"En el trabajo doméstico, el sector de la construcción, la agricultura, minería, son los sectores en donde mayor ocurrencia de casos de trabajo forzado se identifica", dijo.
Por su parte, frente al delito de explotación sexual, la Procuraduría dijo que ésta se mantiene como la principal finalidad de explotación en el mundo con el 50 por ciento de los casos identificados, registrándose también un incremento con la finalidad de trabajo forzado y la mendicidad ajena.
Las fallas
Según la Procuraduría, de los 24 Comités locales de Lucha contra la Trata de Personas consultados, solamente en seis departamentos y tres ciudades capitales, se dio cumplimiento durante el primer semestre de 2022 a las sesiones ordenadas legalmente.
En Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Tolima, Ibagué, Neiva, Pasto, Pereira y Villavicencio, los comités no contaban para el año 2022, con un diagnóstico sobre la situación de trata de personas en sus territorios.
"Solo 10 de los comités territoriales cuentan con un presupuesto asignado para el desarrollo de acciones de prevención de la problemática", indicó la entidad que precisó que solo 11 de los departamentos y en 7 ciudades capital se tiene adoptada una ruta de protección.
"Es preocupante la ausencia de casas refugios para víctimas de este delito, evidenciando que no existe la voluntad política ni los recursos presupuestales", dijo la Procuraduría que indicó que solo en Sucre y en Bogotá existen estos espacios seguros, que les permitan a las víctimas.
En materia de explotación sexual, la Procuraduría dijo que es una problemática que se considera particularmente grave en Risaralda, Nariño, Amazonas, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca) y muy grave en el Chocó, Quindío, Norte de Santander y Casanare.
"Llama la atención que Amazonas ubicado en la triple frontera y Bolívar, con la problemática que se advierte en la ciudad de Cartagena, no cuenten con diagnóstico para un plan de acción para la lucha contra la explotación sexual", indicó la Procuraduría.
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