A instancias internacionales podría llegar operación militar en Putumayo

Un grupo de uniformados, un pelotón, 30 hombres, del comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, Conat, del Ejército, a cargo de la operación lanzada el lunes en la que murieron once personas en la vereda El Remanso, de Puerto Leguízamo, se encuentra acantonado en la sede de la Brigada de Selva N.º 27, en Mocoa (Putumayo).

Al tiempo, la comunidad de la vereda ha realizado actos litúrgicos en el sitio de los hechos.

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Una fuente de la institución castrense señaló a EL TIEMPO que allí permanecerán para facilitar las entrevistas o declaraciones que requieran desarrollar la Fiscalía General o la Procuraduría para esclarecer plenamente los hechos que rodearon la actividad militar lanzada contra el frente 48 de las disidencias o ‘Comandos de la Frontera’, en la mencionada vereda, y en la que las versiones de la comunidad no coinciden con el parte entregado por las autoridades.

La operación ha estado en el ojo del huracán en el país y podría llegar a instancias internacionales, porque los familiares, de al menos cinco de los fallecidos, afirman que sus seres queridos no hacían parte de los grupos al margen de la ley, que no portaban armas y que en la vereda se realizaba una actividad comunal, un bazar, para recolectar fondos, cuando ingresaron los uniformados disparando.

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Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch ya pidieron al Ministerio de Defensa información oficial sobre los detalles de la operación militar y desde el Congreso el partido Comunes pidió la intervención en el caso de la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Desde todos los sectores, el llamado a la Fiscalía y la Procuraduría que adelantan las investigaciones penales y disciplinarias del caso es que se aclare plenamente lo sucedido.

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Apenas unas horas después de la operación militar lanzada a las 6:20 de la mañana del lunes 28 de marzo, contra ‘Bruno’, uno de los jefes de las disidencias, se empezaron a conocer las primeras denuncias de la comunidad y las respuestas del Ejército. Además, se empezaron a conocer videos, fotos y declaraciones de lado y lado.

En su momento, el general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo, unidad a la que está adscrita el Conat, aseguró a este diario: “Que quede claro, aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

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El general Correa viajó el miércoles en la noche a Mocoa, allí ya se encontraba el comandante del Conat, el general Carlos Mauricio Salgado, para recibir de primera mano el informe sobre el desarrollo de la operación y hablar con cada uno de los hombres en terreno. La general María Paulina Leguizamón, asesora jurídica del comando de las Fuerzas Militares, también viajó para revisar cada uno de los ítems de la carpeta operacional y a su regresó a Bogotá, los generales Leguizamón y Correa presentaron un informe preliminar.

Paralelo a ello, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, respaldó el accionar militar y dio a conocer un video a través de su cuenta en Twitter –grabado por los uniformados que se infiltraron, de acuerdo con el reporte oficial, 10 días antes de lanzar la operación en la zona– en el que se ve a un grupo de hombres, armados, bebiendo y sobre una mesa unas bolsas en las que al parecer hay coca.

“Ejército informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”, se lee en el Twitter de Molano.

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En esa misma línea se pronunció el presidente Iván Duque, quien señaló que en el lugar había delincuentes y que “el Ejército ha venido explicando punto a punto, primero la planeación de la operación, y segundo ya ha salido la evidencia del personal armado, de la droga, están las incautaciones y fuera de eso tenemos algunos de nuestros hombres heridos”.

Pero ante la contradicción en las versiones, el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, le envió (el jueves) un oficio con carácter urgente al comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Navarro, para que informara sobre los alcances de la operación realizada en Putumayo.

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El viernes se entregó la información detallada al Ministerio Público y fuentes oficiales señalaron que esta semana se podrían conocer nuevas decisiones citando a declarar a uniformados que participaron en la operación.

La Procuraduría examina las órdenes operacionales que justificaron la operación y el análisis de los riesgos que se realiza antes de dar luz verde a las acciones de los uniformados. Será clave determinar el uso adecuado del poder militar que tienen los uniformados y si se tenía información sobre la presencia de civiles en el sitio e incluso de menores de edad.

Este diario habló con los familiares de algunos fallecidos y con algunas personas que afirman estuvieron en El Remanso la mañana del ingreso de los militares.

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Ellos afirman que el gobernador indígena del cabildo bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, el adolescente Brayan Santiago Pama y Didier Hernández, presidente de la junta de acción, y su esposa Ana María Suárez, quienes resultaron muertos, “no eran guerrilleros” y claman por justicia para sus seres queridos.

“ ‘Bruno’, claro, todos sabemos quién es él. No vamos a tapar el sol con un dedo. No vamos a negar que aquí hay armados, la guerrilla, y que se siembra coca. Pero él no estaba en el bazar y mucho menos el día del tiroteo”, aseguró una mujer, que dice haber estado en el lugar donde se registraron los hechos.

“El domingo en la noche, sobre las 8, estábamos entretenidos en las finales de los torneos de microfútbol, en la cancha de la vereda. Yo no estaba tomando, pero eso sí, me puse a bailar el resto de la noche, esas son nuestras costumbres. Amanecimos, y como a las 7 de la mañana del lunes, se empezaron a escuchar disparos y yo pensé ‘es la guerrilla’ ”, relató uno de los residentes en El Remanso.

Afirmó que no hubo combate, y que los “disparos venían de un solo lado”, y que “alguien gritó: ‘Mataron a don Didier’ ”, se refiere al dirigente comunal Didier Hernández y aseguró que “su esposa, Ana María, escuchó eso y salió a buscarlo, en el camino le dieron y quedó ahí, no la pudimos ayudar y al parecer murió desangrada”, señaló la testigo.

Precisamente Jhonier Hernández, hermano de Didier, aseguró que van a recurrir a todas las instancias para demostrar que sus familiares no eran delincuentes y se declaró a la expectativa del pronunciamiento de la Fiscalía y las conclusiones que entregue por la investigación que viene adelantando, al denunciar que hubo un “pésimo manejo de los cuerpos de quienes fueron muertos”, lo que en su concepto puede incidir en la los resultados de la investigación.

La red que se autodenomina ‘Comandos de la Frontera’ es una de las más grandes disidencias ya que, de acuerdo con información de inteligencia, cuenta con 11 comisiones y 298 hombres en armas y 69 en redes de apoyo; su zona de injerencia es Putumayo, donde señala Simci, ONU, de 2020 se detectaron 19.986 hectáreas sembradas con matas de coca.

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El jefe de ‘Comandos de la Frontera’, o frente 48, es Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, aliado de ‘Iván Márquez’, cabeza de la ‘Segunda Marquetalia’, que afirman las autoridades tiene su zona campamentaria en Venezuela.

Uno de los hombres de confianza de ‘Araña’ es ‘Bruno’, quien se mueve entre las veredas de El Remanso, Reforma y El Hacha.

El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, afirmó que esta red, dedicada al narcotráfico, libra una guerra con el frente ‘Carolina Ramírez’, aliados de ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’, por lo que se tiene el reporte de 27 confrontaciones armadas “en 2021 y lo corrido de 2022, ocasionado confinamientos, desplazamientos y restricciones a la movilidad. Y en los últimos 5 años han asesinado a más de un centenar de sus propios integrantes”, afirmó.

Esa confrontación, según cifras de la Fiscalía Seccional, deja “228 homicidios dolosos durante el 2021 y 2022”, señaló el general, al reiterar la necesidad de enfrentar estos grupos que tienen antecedentes de afectación a la población civil. Estas redes dedicadas al tráfico de cocaína aprovechan la frontera con Ecuador para evadir el accionar de las actividades y para sacar la droga que se produce en la región, la cual están negociando con carteles brasileños.

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