Protestas en Colombia aumentaron un 34 % durante los primeros ocho meses del año

En los primeros 8 meses de este año aumentaron en Colombia los bloqueos, plantones, marchas, la toma de instalaciones y los paros cívicos, pues en ese periodo hubo 1.080 conflictos sociales, como los llama la Defensoría del Pueblo, en comparación con 804 en el mismo periodo del 2022, lo que representa un incremento del 34 por ciento.

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El informe, elaborado por la Defensoría Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, señala que mayo y julio fueron los meses con el mayor número de eventos, con 165 y 169, respectivamente.

Según el órgano de control, estos 1.080 conflictos sociales ocurrieron en 310 municipios de 30 departamentos: Bogotá registró el 15 por ciento de los sucesos, mientras que Magdalena, Bolívar y Santander tuvieron el 7 por ciento, cada uno. Así mismo, Antioquia registró el 6 por ciento; Valle del Cauca,Atlántico y La Guajira tuvieron 5 por ciento cada uno; en Norte de Santander y Cauca se concentraron el 4 por ciento de los hechos, en cada uno.

Además, este año, dijo la Defensoría, los tipos de conflictos que han tenido una mayor relevancia nacional son los conflictos laborales (16 por ciento), los conflictos por la garantía al derecho a la educación (15 %), los conflictos por la inversión o presencia estatal (12 %), los conflictos en el sector transporte (11 %), los conflictos por el derecho a la vida, integridad y seguridad (11 %) y, los conflictos por las falencias en la prestación de servicios públicos domiciliarios (10 %).

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Por todo esto el defensor Carlos Camargo resaltó que es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana “para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza; eventos que, en ocasiones, se salen de control y la misma población es la directamente afectada”.

El informe de la Defensoría señala que los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción fueron los bloqueos o cortes de ruta (40 % de los eventos), plantones o concentraciones (28 %), marchas o movilizaciones (13 %), paros cívicos o cese de actividades (7 %), ocupación o toma de instalaciones (4 %), y otros (4 %).

En todo caso, dijo el organismo de derechos humanos, solamente en el 10 por ciento de estos eventos se registraron disturbios.

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En cuanto a las variaciones en el uso de estos mecanismos, la entidad sostuvo que los bloqueos tuvieron un aumento del 100 por ciento; y algunos de estos casos se llevaron a cabo en la vía Panamericana, afectando los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. También hubo bloqueos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas por temas relacionados con sustitución de cultivos ilícitos, atención estatal y crisis humanitaria.

Por otro lado, la ocupación o toma de instalaciones incrementó también un 100 por ciento; las huelgas de hambre subieron un 143 por ciento, y los paros cívicos/cese de actividades tuvieron un incremento del 114 por ciento.

“Si bien los primeros ocho meses de 2023 se caracterizaron por las movilizaciones promovidas por el Gobierno a favor de las reformas que han cursado trámite en el Congreso de la República, al igual que las impulsadas por la oposición, las marchas registraron una disminución del 5 por ciento”, indicó el organismo de derechos humanos en un comunicado.

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Por último, se destacó que entre enero y junio, a través de sus funcionarios en terreno, la Defensoría pudo hacer seguimiento a 28 acuerdos suscritos en las mesas de diálogo que contienen 526 compromisos.

De esos compromisos, en 322 compromisos (61.2 %) no se estableció un plazo de cumplimiento, en 107 (33.2 %) se determinó un plazo cierto; y en 97 (18,4 %) acordaron un plazo condicional.

Esta situación de los distintos plazos de ejecución “hace complejo el cumplimiento y el seguimiento del total de los acuerdos, pues no permite a las partes ni a los garantes tener certeza de cuándo, en todos los casos, se debe cumplir lo pactado”.

Aún con esto, se indicó que la Defensoría ejerció el rol de mediador y garante de derechos humanos en 165 mesas de diálogo entre enero y agosto del 2023, lo que significa un incremento en su participación del 120 por ciento con respecto a los mismos meses del 2022.

Por todo esto, el defensor Camargo hizo un llamado al Gobierno “para que realice un seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos firmados en los diálogos con las diferentes comunidades y organizaciones sociales” y de ese modo prevenir nuevas conflictividades que puedan originar situaciones de violencia o alteraciones del orden público.

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