¿Hasta dónde llegará la orden de captura de Guatemala contra la fiscal Camargo y el exministro Iván Velásquez?

La Fiscalía de Guatemala anunció este lunes que la Sala Tercera de Apelaciones, que tiene a su cargo el escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht, ordenó la captura internacional de varios exfuncionarios y abogados de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre los que se encuentran el exministro de Defensa y actual embajador en el Vaticano, Iván Velásquez y la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo.

(Lea: Guatemala pide captura de embajador Iván Velásquez y fiscal general Luz Adriana Camargo, señalados de corrupción)

El fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche, indicó que ambos funcionarios colombianos están implicados en el caso denominado “Acuerdos Fraudulentos”, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. La resolución faculta al Ministerio Público guatemalteco a solicitar a la Interpol la emisión de una alerta roja para la captura de Velásquez y Camargo en cualquier país.

Además, Curruchiche anunció que en las próximas horas se presentarán solicitudes formales de extradición tanto para Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano, como para Camargo.

El jefe de la FECI señaló que, de acuerdo con la investigación, Iván Velásquez "habría favorecido" a empresarios vinculados a la constructora Odebrecht, causando un perjuicio al Estado guatemalteco estimado en Q3 mil millones.

Sin embargo, diferentes sectores el país centroaméricano indicaron que la decisión se debe a diferentes razones políticas que desde hace años se libran ese país, luego de los resultados de la comisión, que entre otros casos, revisó el tema de Odebrecht. 

De acuerdo con información conocida desde el ente acusador, Camargo viene de regreso al país procedente de España, y tiene un pasaporte diplomático que le da cierta inmunidad para no ser capturada con un procedimiento que se le haría a cualquier otro ciudadano.

Por ahora, en la entidad verifican por cuánto tiempo está vigente esa inmunidad otorgada por el órgano internacional de derechos humanos.

Un episodio similar ya se había registrado en enero de 2023, cuando la Fiscalía de Guatemala anunció similares medidas contra Velasquez. En ese momento, la ONU comunicó a las autoridades guatemaltecas que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig gozan de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.

En ese momento, el portavoz Farhan Haq subrayó que, bajo los términos del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala por el que se creó la Cicig, el personal internacional de la comisión anticorrupción tiene “privilegios e inmunidades”.

“Su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos”, afirmó Haq.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se estableció en el 2007, mediante un acuerdo alcanzado por la ONU y el estado centroamericano.

Fue un organismo independiente y su trabajo consistía en “apoyar y fortalecer a las instituciones de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs): grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos alcanzados desde el final del conflicto armado interno, en la década de 1990”.

Ya agosto del 2017, Jimmy Morales, entonces presidente de Guatemala declaró a Iván Velásquez persona ‘non grata’ y ordenó su expulsión del país. Sin embargo, dicha directriz no se llevó a cabo, pues la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dio un amparo provisional al comisionado de la Cicig.

Lo más importante que alcanzado han Velásquez y la Cicig, en compañía de Thelma Aldana, quien fuera la fiscal general, fue la captura por corrupción de tres expresidentes guatemaltecos.

Se trata de Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015). El primero por lavado, el segundo por apropiarse de 35 millones de dólares que supuestamente serían para un nuevo medio de transporte y el tercero por hacer parte de una red de contrabando en las aduanas de Guatemala.

Redacción Justicia