La millonaria suma en regalías que compromete a un congresista y una gobernadora

Los recursos de regalías que han llegado a tres departamentos se convertirán en el dolor de cabeza para varios funcionarios a los que la Procuraduría les acaba de abrir investigaciones por cuenta de presuntas irregularidades en la contratación y gestión de proyectos.

El caso, que tiene de por medio 210.000 millones de pesos en riesgo, involucra a un representante a la Cámara, una gobernadora encargada y otros ex servidores públicos de La Guajira, Sucre y Arauca, departamentos que tienen cinco capítulos distintos que el Ministerio Público agrupó en uno solo para desplegar las actuaciones a las que haya lugar a nivel disciplinario.

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En diálogo con EL TIEMPO, Jhon Harvey Pinzón, procurador delegado para el tema, explicó que cada departamento tiene sus particularidades. Por ejemplo, La Guajira es la que tiene el mayor número de investigados en tres expedientes que incluyen a 16 exfuncionarios, entre los que está Juan Loreto Gómez, actual congresista, pero quien en este caso que se le señala fungió como Secretario de Planeación departamental delegado al OCAD de Riohacha.

En la expediente contra él también aparecen Isseth Tatiana Barros, Kendri Magdaniel Rodríguez, Manuel Torres y Natalia Gutiérrez, a quienes que se les cuestiona que presuntamente estuvieron en la aprobación de un proyecto con recursos de regalías por un monto de 28.039 millones de pesos, pese a las deficiencias técnicas que tenía.

La iniciativa era expandir el alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha, pero la obra ha tenido retrasos desde hace más de cuatro años que han hecho que la gente no goce del servicio.

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Al ser consultado por este diario, el representante Juan Loreto se mostró sorprendido porque aún no lo han notificado. Eso sí, aclaró que como delegado tuvo poca injerencia en la ejecución del proyecto, y que siempre se apegó a la ley.

El procurador delegado subrayó que "cuando llegue la información de que efectivamente (Juan Loreto) es congresista, otra sala especial lo investigará", debido al cargo especial que ostenta.

La segunda investigación en La Guajira viene desde 2019, y está relacionada a supuestos incumplimientos en la ejecución de un proyecto entre la Gobernación y un consorcio por 8.800 millones de pesos, destinados a apoyar con proyectos productivos a gente en situación de pobreza.

En el papel, esa era la idea, pero en la supervisión del contrato al parecer el último pago al contratista se autorizó sin que hubiera cumplido con su trabajo, por eso se investiga a los exgobernadores (e) Wilbert Hernández y Jhon Fuentes, y a Anglys Maestre, José Jaime Vega, Wilson Rojas, Alberto Carlos Arisa, Nemesio Raúl Roys y Kempes Alberto Vega.

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Mientras que la tercera investigación en La Guajira tiene que ver con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de compraventa y compra de 16 ambulancias para los municipios de Albania, Barrancas, Hato Nuevo, Urumita, San Juan del Cesar, Manaure, La Jagua del Pilar, El Molino, Villanueva, Distracción, Dibulla, Riohacha, Uribia y Maicao.apoyado por el Sistema General de Regalías (SGR).

En concreto, en el documento de 12 páginas elaborado por el Ministerio Público se habla de un posible campo de las características técnicas de las ambulancias a adquirir. En ese caso, el valor del proyecto era de 3.500 millones aproximadamente, pero estaría en riesgo solo el 50 por ciento, que fue lo girado con regalías, pues lo otro fue financiado con otros montos.

En varias fotos se ven las demoras en una obra vial en San Onofre, Sucre, que según la Procuraduría, derivaron en una investigación disciplinaria contra el exgobernador Édgar Martínez y a Héctor Olimpo Espinos, Antonio Peralta y Saúl Martínez..

La razón es que en varias etapas del proyecto pactado con el Consorcio Vías y Equipos San Onofre 2020, pudo haber irregularidades que deben ser objeto de estudio, pues están en riesgo regalías por 47.594 millones de pesos.

La preocupación del Ministerio Público es que desde septiembre de 2019 se dieron 24 meses para su ejecución, pero en diciembre de 2021 se reportaron avances que no superan el 31,05 por ciento. De hecho, el procurador delegado itió que aunque a la fecha hay avances, aún no se ha terminado.

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Incluso, subrayó que estas actuaciones que se están librando ya no son de carácter preventivo, sino que se encontraron razones de peso para abrir una investigación. "¿Cuándo es preventivo?, un ejemplo es lo que acabó de pasar con la Gobernación de Sucre por temas de proyectos covid, que gracias a las alertas de la Procuraduría se dijo 'oiga, ellos no están cumpliendo, no hay estudios, ya pasó la emergencia'. La Gobernación dijo 'listo', liquidaron el proyecto y retornaron los 5.000 millones de pesos al Fondo de Ciencia y Tecnología".

Los agentes de la Procuraduría tienen la lupa sobre Arauca porque es el caso en el que una investigación concentra cerca de 125.000 millones que dejan varias dudas en su ejecución.

En este capítulo la protagonista es la gobernadora (e) Indira Luz Barrios, a quien también denunciaron en la Fiscalía General de la Nación porque la señalan de, supuestamente, haber designado a dedo varios contratos sin que los seleccionados tuvieran la suficiente capacidad.

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Este caso, al que también están vinculados Carlos Alirio Reina y Claudia Juliana Melo, ha sido puesto en la discusión del departamento por la representante a la Cámara Lina María Garrido, y el diputado Wilinton Rodríguez, quienes aparecen en el documento de 13 en el que se abre investigación contra la gobernadora (e) porque fueron quienes reportaron ante la Procuraduría las posibles inconsistencias de la mandataria.

La investigación señala que tres de los contratos, por 91 mil millones de pesos, se le asignaron a Aremca, asociación caribeña que no estaría habilitada para promover este tipo de proyectos de inversión. Indira Luz Barrios, en una entrevista que le dio a EL TIEMPO, insistió en que en este capítulo que a mitad de año salió a la luz pública "no hay nada oscuro" en la istración departamental.

De todos modos, el procurador delegado explicó que "en Arauca no han incurrido en presuntas irregularidades en la ejecución, pero sí hay irregularidades de tipo istrativo en las que parece que se están obviando los trámites contractuales. Esto es, digamos, de unificar todo en la figura de la gobernadora encargada".

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En el total de investigaciones, según Pinzón “un servidor de estos podría enfrentarse a sanciones de destitución e inhabilidad del cargo entre 10 y 20 años, pero aquí hay presunción de inocencia”, por lo que añade que el objetivo principal es esclarecer qué pasó con los recursos.

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