Procuraduría llama a juicio a 16 funcionarios de la SIC por inspección a la Registraduría

Una inédita imputación de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a funcionarios de la Registraduría por desacato abrió una discusión político-jurídica sobre una posible extralimitación de competencias, que incluso trascendió a una presunta persecución de una entidad del Gobierno hacia un ente autónomo, en un contexto preelectoral. 

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Este ruido, que ya se había generado antes de la imputación, durante una visita istrativa de la SIC a las instalaciones de la Registraduría, llevó a la Procuraduría a abrir investigación y llamar a juicio disciplinario a 16 funcionarios de la 'Super', entre ellos a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la Competencia.

La justificación de la inspección, realizada en marzo de 2024 y en un hecho sin precedentes, fue investigar una presunta cartelización en la contratación de los pasaportes con el polémico y sonado consorcio Thomas Greg & Sons.

Durante la visita, al parecer, funcionarios de la entidad electoral se negaron a brindar información, argumentando que la SIC no tenía competencias sobre sus funciones. Por este desacato, la 'Super' les imputó cargos. 

Ahora la Procuraduría le da la razón a la Registraduría y halló una serie de "presuntas irregularidades y vulneraciones al debido proceso, al derecho a la intimidad, a la reserva judicial, aparente extralimitación en el ejercicio de funciones, abuso de poder y coacción hacia los funcionarios".

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Además, identificó que en el transcurso de la inspección se hizo un recaudo de información sensible de la Dirección Nacional del Censo Electoral vinculada con los procesos electorales entre 2019 y 2024, sin relación alguna con la gestión contractual de la Registraduría, que era el objeto de la visita.

"El requerimiento de y toma de imágenes forenses a correos electrónicos, computadoras, equipos y dispositivos móviles personales, ajenos al objeto de la visita, incluyendo el teléfono móvil del servidor Alejandro Alberto Campo Valero, gerente de informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin la respectiva orden judicial, constituye una presunta violación de su derecho a la intimidad. Además, se le coaccionó para dar a su teléfono móvil, bajo la amenaza de investigaciones y sanciones por parte de la Superintendencia", se lee en el expediente de la Procuraduría.

El Ministerio Público sustentó la formulación de pliego de cargos en que las visitas como diligencias probatorias no pueden desviarse, ni salirse del propósito normativo por el cual están contempladas.

Luego, el deber funcional de los disciplinados se "transgrede sustancialmente al no garantizar que las mismas se ciñeran de manera estricta al objeto de la actuación istrativa", señala la Procuraduría.

Los llamados a juicio disciplinario son Francisco Rodríguez, Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara, Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Robert Alexis Núñez Barrios, Jessica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, José Miguel Moreno Reina, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Yolanda Hernández Alonso, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso.

Según la Procuraduría, por su actuación durante la visita istrativa, se desnaturalizaron sus funciones y se desviaron del marco constitucional y legal que rige a la SIC en materia de protección de la libre competencia. 

"Las visitas practicadas no reflejan la gestión institucional que está establecida para garantizar que la función pública se ejerza con sujeción a los cánones normativos y constitucionales, los cuales permiten la garantía del control del poder público y el orden justo", puntualizó el ente de control.

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Redacción Justicia