Pese a avances, sigue activa 'bomba de tiempo' de presos en URI y estaciones de Policía

Si no hubiera sido por una solución exprés que logró el Ministerio de Justicia hace unas semanas, cerca de 20.000 personas detenidas en URI y estaciones de Policía a lo largo del país llevarían 3 días aguantando hambre, pues el 31 de julio se vencían los contratos de alimentación, una responsabilidad que para ese tipo de sitios es de alcaldías y gobernaciones pero que viene cumpliendo hace décadas el gobierno nacional.

(Lea también: Los 9 ejes del 'plan de choque' que anunció el Gobierno para combatir crisis carcelaria).

Pese a que la ley dice que el mantenimiento de las personas en centros de detención transitoria es de los entes territoriales, y de que esto fue reiterado en una sentencia de la Corte Constitucional de 2022, que extendió el estado de cosas inconstitucional (ECI) a esos centros, esa responsabilidad siguió incumpliéndose.

En consecuencia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), encargada de la alimentación en las cárceles nacionales, venía brindando alimentos también para los centros transitorios, pero sus contratos terminaban en julio y no pensaban renovarlos para esos centros, lo que prendió todas las alarmas.

(Puede leer: Presos en estaciones de Policía ya no se quedarán sin comida: Minjusticia logró acuerdo)

En todo este embrollo, que se solucionó transitoriamente con una extensión de los contratos hasta octubre, y con un proyecto de ley que este 3 de agosto radicará el Minjusticia para que estén vigentes hasta junio de 2024, mientras los alcaldes elegidos en octubre separan el dinero de sus presupuestos para ocuparse de los detenidos, la solución de fondo está clara, pero aún no está cerca.

Sobre el proyecto de ley que radicará este jueves el ministro de justicia Néstor Osuna dijo: “Es un proyecto de ley sencillo que le permite a la Uspec continuar prestando alimentación a las personas privadas de libertad en estaciones de Policía hasta el 30 de junio de 2024, con la finalidad de permitirle a los alcaldes elegidos en octubre incluir en sus presupuestos esos recursos, porque la ley determina que esa carga es de los municipios y no de la Nación”.

Aunque es una iniciativa sencilla, de media página, si el Congreso no la aprueba, los contratos actuales vencen el 31 de octubre de este año y, nuevamente, “estaríamos en un grave problema”, como dijo Osuna.

En primer lugar, el Código Penitenciario (Ley 65 de 1993) especifica en su artículo 17 sobre que corresponden a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Bogotá las cárceles para las personas detenidas preventivamente. Es decir, aquellas con una medida de aseguramiento pero que no han sido condenadas aún, estos son, los sindicados. En el otro lado, la responsabilidad de quienes sí están condenados recae sobre el gobierno nacional, en establecimientos nacionales.

En Colombia esto nunca se ha cumplido. No solo son muy pocas las cárceles municipales o departamentales, lo cual lleva a que en URI y estaciones de Policía se concentren los presos que deberían estar allí, sino que en estos últimos sitios también terminan detenidas personas que están condenadas y tendrían que estar a cargo del Inpec y no de los municipios.

(Puede leer: Las multimillonarias fallas que encontró la Contraloría en contrato para las cárceles).

Bajo ese escenario, los centros de detención transitoria terminan usados como cárceles locales con sindicados y condenados, y pese a que fueron diseñadas para mantener a personas por un máximo de 36 horas, hay personas que pasan allí meses o hasta años.

Esto es grave no solo porque es un incumplimiento de la ley sino porque las URI y Estaciones de Policía no cumplen las condiciones mínimas para mantener preso a alguien, explicó Juan David Posada, director del Semillero Penitenciario y de DD. HH. de la Universidad de Antioquia, quien considera que hoy en día la situación crítica de los centros transitorios excede en mucho los problemas con los que también cargan las prisiones nacionales.

(Lo invitamos a leer: Estaciones de policía hacinadas: un drama y una bomba de tiempo).

“Uno puede encontrar situaciones complejas en todos los centros nacionales, pero en los transitorios no es solo un problema de alimentación, sino de unos mínimos de espacio físico para mínimos esenciales en condiciones de dignidad: no hay servicios sanitarios para todos, no hay espacios para recibir abogados, no hay espacios para recibir a la familia, no hay espacios para realizar alguna actividad en general, suena casi ridículo decir que no hay espacios para la cultura, el deporte, o para ninguna actividad que haga que una persona sea tratada como un ser humano”, expuso.

Lo que recalcó el profesor lo ha encontrado también la Corte Constitucional, pues en visitas en abril de este año, para verificar la situación de los centros transitorios, encontró que la estación de Policía de Engativá, en Bogotá, ante la sobrepoblación de detenidos metieron a 16 en un pequeño cuarto, sin ventilación alguna, que tenía como función real disponer de las basuras del lugar.

Tras la denuncia pública de la Corte por el hecho, esos hombres fueron sacados del cuarto de basura y ubicados en otro sitio.

(En contexto lea: Indignante: Corte encontró a presos en un sitio destinado para tirar la basura).

Por el momento, para conjurar la crisis inmediata, la Uspec extendió los contratos que terminaban en julio hasta octubre. Se trata de 17 contratos por un total de 436.687’617.640 pesos para llevar comida tanto a cárceles nacionales como a URI y Estaciones de Policía, y según informó la Uspec, con los mismos se atiende a 121.000 personas privadas de la libertad en todo el país, de las cuales de estaciones y URI son unas 16.570 personas en 260 establecimientos de reclusión transitoria.

Si el proyecto de ley que este 3 de agosto radica el Minjusticia es aprobado, este tipo de contratos seguirían hasta junio del año entrante, momento para el cual ya las Alcaldías y Gobernaciones tendrían que haber resuelto, por lo menos, la plata para la alimentación de los sindicados.

(Puede interesarle: Gustavo Petro envió terna para Fiscal 6 meses antes del fin del periodo Barbosa).

Pero la solución de fondo va más allá, para Posada, es necesario que se cumpla integralmente la ley y que los entes territoriales se encarguen de la detención de los sindicados, lo cual es así también porque por ley, esas personas que se presumen inocentes hasta su condena no deben estar en el mismo espacio que quienes ya están condenados en prisiones nacionales.

La solución también pasa porque las personas condenadas que siguen en URI y Estaciones de Policía sean trasladadas a sitios a cargo del Inpec, como también lo ordenó la Corte en 2022. De acuerdo con el Inpec, en esto se ha avanzado desde el primer momento pero es un círculo de nunca acabar pues aunque sacan a condenados de allí, luego los jueces envían a nuevos sentenciados a esos sitios.

Además, como señaló Norberto Hernández, director del Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana, también es necesario hacer un uso más racional de la detención preventiva, para no hacinar los sitios en los que los sindicados deben estar.

(Podría leer: Hoy se definirá si Nicolás Petro va a la cárcel mientras sigue su proceso).

Hernández también mencionó la idea de excarcelaciones no generalizadas, sino bajo ciertas condiciones, de esas personas que tienen presunción de inocencia, por ejemplo, para personas que estén por delitos menores o con penas pequeñas, que no estén detenidos por crímenes violentos, o que tengan enfermedades graves.

Frente a si lo que faltan son más cárceles, el profesor de la Javeriana consideró que la construcción de nuevos centros y el mejoramiento de la infraestructura actual “es una medida necesaria a corto plazo, pero no es la fórmula adecuada para atacar una problemática que va acumulando millas por el mal uso de la política criminal por el populismo punitivo”.

(Lo invitamos a leer: Exclusivo: estos son los ejes del nuevo proyecto de ley sobre 'humanización carcelaria').

Finalmente, sobre ese ‘populismo punitivo’, que es como se llama al abuso del poder punitivo del Estado para castigar muchas conductas con cárcel o tener penas más severas, el Ministerio de Justicia prepara una nueva versión de su proyecto de humanización carcelaria, que se hundió en la legislatura pasada y espera poder retomar en el nuevo periodo con el propósito de enfrentar de raíz varias causas de la crisis carcelaria.

EL TIEMPO consultó a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) que fue una de las entidades que alertó sobre la grave crisis humanitaria que generaría que la Uspec dejara de darle comida a los sindicados sobre cómo van a cumplir con su responsabilidad de encargarse de esos detenidos.

Las medidas tomadas y anunciadas por el Gobierno se extenderían hasta junio de 2024. Vencido ese plazo y en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU122/22, los departamentos y los municipios deben concurrir para asumir la alimentación de las PPL (personas privadas de la libertad) en sitios de detención transitoria. Es importante destacar que todos los gobiernos departamentales están obligados a concurrir con esa obligación.

¿Qué medidas están tomando desde ya para que en junio de 2024, cuando se vuelven a acabar los plazos, no volvamos a hablar de una crisis? ¿Ya se está planeando incluir en el presupuesto de los años siguientes lo necesario para la comida de los presos?

Los actuales alcaldes y gobernadores deben dejar recursos en los presupuestos para 2024, frente a las obligaciones en temas carcelarios, no sólo para alimentación. Las órdenes de la Corte abarcan intervenciones de los gobiernos territoriales en materia de infraestructura, sanidad y alimentación, entre otros asuntos. Los nuevos alcaldes y gobernadores deben incluir presupuesto para asuntos carcelarios en sus Planes de Desarrollo Territorial.

El Gobierno ha insistido en que desde 1993 los entes territoriales tienen la responsabilidad de tener cárceles para sindicados y asumir su mantenimiento, pero muy pocos municipios las tienen. ¿Por qué no se ha cumplido esto?

Porque no se aclaró nunca el detalle de la responsabilidad del Gobierno Nacional, de los gobernadores y de los alcaldes frente a cuáles sindicados debe responder cada orden territorial. ¿La gravedad de los delitos tiene implicaciones en materia de seguridad? ¿Cómo se distribuyen esos niveles de seguridad en cárceles? ¿Van a responder por los que cometen delitos en cualquier lugar del país o solamente cuando delinquen en una jurisdicción territorial específica? ¿La peligrosidad del sindicado, qué consideración implica en materia de seguridad? Entre otros asuntos por aclarar. Ya la Corte, en el auto 486 de 2020, advertía que todo lo anterior debe ser definido porque no hay la claridad debida.

Del mismo modo, la Ley 2197 de 2022, llamada de seguridad ciudadana, reconociendo la misma necesidad de aclaración y distribución de responsabilidades, ordenó al Gobierno presentar un proyecto de ley para cumplir con ese fin. Asocapitales ha liderado el debate y ha promovido esa solución legislativa que redefine el sistema carcelario colombiano y que, sin ser pretenciosos, pondrá fin a la problemática de competencias, disponibilidad de recursos y crisis de hacinamiento en un mediano y largo plazo. Ese proyecto se radicará en la actual legislatura y desde ya cuenta con el respaldo de varios sectores.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En Twitter: @MIOF_

[email protected]