Las irregularidades por más de 6.000 millones de pesos en uso de regalías en Norte de Santander

Han pasado 31 días desde que el gobierno Petro decretó la conmoción interior para enfrentar la peor crisis de orden público registrada en el Catatumbo. Esto corresponde a un tercio del periodo que abarca esta figura de excepción, que otorga al Presidente facultades para, entre otras acciones, expedir nuevos tributos y redistribuir recursos de fondos como el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR) para atender la emergencia.

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Sin embargo, antes de la oleada de violencia que desplazó a más de 50.000 personas de siete municipios del corazón de Norte de Santander, el manejo de este capital ya presentaba grietas por las que se filtró dinero destinado principalmente a apalancar proyectos de inversión y desarrollo social. Durante la vigencia 2022-2024, según la más reciente auditoría de la Contraloría sobre el uso de las regalías en el departamento, se evidenció un detrimento de más de 6.000 millones de pesos.

La 'Actuación Especial de Fiscalización' analizó un total de 10 proyectos, por un valor superior a los 142.000 millones de pesos. Tres corresponden al sector transporte, otros tres al sector Gobierno, uno a cultura, otro a educación, uno al sector de red vial secundaria y otro más al sector vivienda.

Como resultado, el ente de control encontró dos irregularidades con incidencia fiscal por un valor de $6.874.694.992 y dos beneficios de auditoría (que son las correcciones realizadas por la entidad a los hallazgos) por un total de $552.001.707. 

En total, la asignación de los recursos del SGR en el sector vivienda durante el periodo 2020 - 2024 ha sido de 6,7 billones de pesos, destinados a la financiación de 2.047 proyectos aprobados a nivel nacional. La Contraloría puso la lupa sobre 363 de ellos.

Al sector transporte, durante el mismo lapso, llegaron 14,2 billones de pesos para sacar adelante 3.401 proyectos, de los cuales se auditaron 232. El sector Educación recibió la misma cifra (14,2 billones de pesos) para 3.402 proyectos. Sobre este manejo billonario de recursos, la Contraloría, en una auditoría realizada durante la segunda mitad de 2024, validó las dos irregularidades por $6.874.694.992.

La de mayor cuantía corresponde a las obras de optimización del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Filo el Gringo, que hoy son un 'elefante blanco'. "Nunca han sido puestas en operación desde la recepción del contrato de obra, el 10 de noviembre de 2022, es decir, aproximadamente dos años, tal como consta en el acta de recibo firmada por la alcaldía municipal, la interventoría y el contratista", se lee en el informe.

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Su desuso generó un deterioro mayor y prematuro en los elementos de la obra, lo que truncó su operación y resultó en una pérdida de $6.698 millones de pesos.

La otra irregularidad se evidenció en la construcción del colegio Mariano Ospina Rodríguez, municipio de Chinácota, Norte de Santander, en la que hubo deficiencias en actividades de la obra suprimidas o disminuidas en cantidades, de acuerdo con las actas de modificación suscritas en el desarrollo del contrato. 

Estas fallas saltan a la vista en los acabados, los equipos de extracción de olores, la iluminación de la cacha, los espejos de los baños, el suministro e instalación de los equipos de comunicaciones y otros elementos que, según el ente de control, actualmente siguen brillando por su ausencia. Sobre este proyecto, la Contraloría determinó el daño fiscal en $176 millones de pesos.

Durante la auditoría, la Contraloría también alertó sobre posibles detrimentos de $552 millones de pesos, los cuales fueron corregidos a tiempo por la autoridad local que suscribió el contrato.

Se trata de dos proyectos: uno para la pavimentación de la urbanización Divino Niño y el mejoramiento vial de la vereda Potreritos, en el municipio de Chitagá; y el otro para la construcción y mejoramiento de la vía alterna Santa Clara - Torres del Cable - Estadio Hermides Padilla - Avenida Francisco Fernández de Contreras, en el municipio de Ocaña.

En el primero, se detectaron irregularidades relacionadas con el sistema de alcantarillado para la eliminación de agua del suelo o infiltrada, un "error" técnico que fue corregido después de la observación del auditor. En el segundo, se encontraron deficiencias en algunas placas de pavimento y cunetas que presentaron desgaste, fisuras, agrietamientos, escalonamiento y separación, fallas que también fueron subsanadas.

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Redacción Justicia